ECONOMíA
Responsabilidad social empresaria, más difícil que encontrar petróleo
Mientras sigue la suba del crudo, petroleras y refinadoras siguen pujando por un aumento de la nafta. El Gobierno les pidió “responsabilidad social” y evitar un aumento. Pero tiene otras armas a mano, como subir retenciones a la exportación e imponer regulaciones al mercado interno.
Por Raúl Dellatorre
Productoras de petróleo y refinadoras no llegan a ponerse de acuerdo en qué política seguir en cuanto a los precios internos del crudo y de los combustibles líquidos. El Gobierno, por ahora, se limita a mandar señales desde afuera de la mesa de discusión. Ayer, Alberto Fernández, jefe de Gabinete, llamó a “la responsabilidad social” de los petroleros. “Muchas productoras de petróleo que además tienen destilerías deberían pensar en no subir los precios”, sugirió el jefe de los ministros, apuntando, sin nombrarlas, a Repsol y Petrobras. El funcionario fundamentó su apreciación en “las utilidades” que las petroleras registran “con un precio internacional del petróleo tan alto”, lo cual “no justifica que en Argentina suban los combustibles, teniendo en cuenta que los costos internos no varían para nada”. Sin embargo, la exhortación sigue sin dar resultados concretos, y la amenaza de un aumento de las naftas se corporiza cada día un poco más.
Aunque todavía sin consenso, productoras y refinadoras parecen orientarse a algún ajuste en el valor de referencia del crudo que pagan las últimas, hasta abril estabilizado en 28,50 dólares por barril. Una suba de tres a cuatro dólares se reflejaría, a su vez, en un aumento en surtidor del 5 al 8 por ciento en los combustibles. Esso y Shell, las dos refinadoras que no tienen producción propia, ya se adelantaron a subir el gasoil, aprovechando el aumento en el GNC (combustible sustituto) de la semana pasada. El resto del mercado –Repsol y Petrobras, principalmente– le dará una nueva chance al acuerdo, esta semana, antes de acompañarlas. El petróleo cerró ayer en Nueva York en un nuevo precio record, a 41,55 dólares por barril. Lo que más preocupa es que no se trata de un pico aislado, sino de una escalada que se repite día tras día, desde hace unas cuantas semanas y sin perspectivas de que vaya a detenerse en lo inmediato. Con lógica de mercado, las petroleras pretenden que esta suba se traslade plenamente a sus ingresos, lo que les permite afirmar en Argentina que la estabilidad de precios internos, establecida a fines de 2002, es ya “insostenible”.
Sin embargo, la experiencia internacional es que en ningún mercado los precios fluctúan libremente a criterio de las petroleras y en función exclusivamente de la cotización internacional del commodity. En Estados Unidos, por ejemplo, esta semana aumentó el precio de su gasolina común a 2,01 dólares el galón, de 3,78 litros (a razón de 53 centavos por litro), siete centavos más que una semana atrás. ¿Por qué Estados Unidos, que debe importar el 60 por ciento del crudo que consume, tiene combustibles más baratos que en Argentina? La explicación de los técnicos es que combina el valor internacional con el costo de producción interna y de allí surge un costo medio (mucho más bajo que el internacional) que es el que se vuelca al mercado interno. Además, el gobierno de Washington participa en el mercado a través de un stock de intervención que le permite regular la oferta.
Un criterio similar, en materia de precios, se sigue en países exportadores netos (en los que todo el crudo que consumen es de producción nacional), como Venezuela: mientras que sus exportaciones se realizan a precio internacional, el precio de venta interno del petróleo se maneja en función de los costos de producción. “En Caracas, el petróleo es más barato que el agua”, exagera un especialista, pero señala una orientación en los precios que aquí se desconoce. O se oculta.
En Argentina, el Gobierno podría echar mano a otras herramientas para inducir a la baja de precios internos. Si las petroleras privadas no están dispuestas a discriminar entre su renta de exportación con la que obtienen en el mercado interno, la solución es bajar la primera mediante la aplicación de mayores retenciones a la exportación (hoy del 25 por ciento). Aunque para que resultara efectiva sería necesario, además, tener algún tipo de regulación propia de un mercado monopólico como éste. Por ahora, el Gobierno sólo apunta a la “responsabilidad social” de las empresas.