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La disolución del régimen privado y la creación de un nuevo esquema previsional público, junto con el incremento de las contribuciones patronales, propone un informe del Instituto de Estudios y Formación que analiza la situación actual del sistema jubilatorio. El informe del instituto perteneciente a la CTA advierte que el sistema actual “atraviesa una alarmante situación de crisis, cuyo rasgo más relevante lo constituye el hecho de que el 34,5 por ciento de las personas mayores de 65 años no tengan ningún tipo de cobertura previsional”.
La crisis del sector también alcanza a quienes tienen cobertura previsional, por cuanto “la alta proporción de beneficiarios que cobran hasta 300 pesos es la que determina un bajo nivel de haber promedio para el conjunto del sistema”, consigna el estudio.
Menciona como principales causas de esta crisis el desempleo y el trabajo informal, y que “la devaluación implicó una caída adicional del salario real promedio del orden del 24 por ciento, pero dadas las heterogeneidades presentes en el mercado de trabajo, operó más fuerte sobre los trabajadores más débiles”.
El informe cuestiona además la instauración de un régimen privado de Fondos de Pensión, que implicó “un desfinanciamiento del Sistema Previsional Público por valores cercanos a los 3900 millones de pesos-dólares anuales”, y que “es uno de los factores determinantes del crecimiento de la deuda pública”.
En tal sentido, recuerda que “el 75 por ciento de los fondos que captaron las administradoras fueron colocados en títulos públicos a tasas exorbitantes de interés”, y al mismo tiempo, “la vigencia de comisiones usurarias (que rondan el 35 por ciento del aporte de sus cotizantes) determinó un espacio de generación de rentas extraordinarias” por parte de las AFJP.
Por lo expuesto, el instituto que lidera el economista y diputado Claudio Lozano propone “la disolución del Régimen Privado de Fondos de Pensión de manera de capturar el aporte que realizan los trabajadores activos en él y con ello financiar la construcción de un nuevo Régimen Previsional Público, de Reparto y Solidario”. Afirma que “con los fondos recuperados se podría financiar una asignación universal para los 1.237.229 mayores de 65 años que no cobran ningún tipo de haber”, y precisa que “el costo de esta medida sería de
$ 3860 millones”.