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El pedido formal de México de incorporarse al Mercosur será uno de los acontecimientos más relevantes de la cumbre presidencial que comienza mañana en Iguazú. Sin embargo, esa categoría de “adherente” tiene hoy más sentido político que económico, ya que será difícil que ese mercado de más de 100 millones de consumidores potenciales pueda abrirse al bloque sureño, tal como anhelan productores argentinos. De lo que caben pocas dudas es que el acercamiento propiciado por Vicente Fox amplía la plataforma desde la cual la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay enfrentan otras negociaciones comerciales en el escenario internacional.
Hace un par de meses, el canciller mexicano Luis Ernesto Derbez planteó en Buenos Aires la vocación de su gobierno de sumarse al Mercosur, en términos que habría que definir. El funcionario azteca volvió a su país con la hoja de ruta a seguir para lograr ese ensamble: profundizar los acuerdos de libre comercio con cada miembro, primero, y negociar con todo el bloque, después.
La administración de Fox fue clara y contundente en su respuesta. Admitió avanzar en los acuerdos bilaterales como los que discute con la Argentina y Brasil, a pesar de que poco antes había anunciado su intención de frenar cualquier gestión en ese sentido hasta tanto no consiguiera aprovechar los pactos comerciales ya firmados. Pero declinó el convite de iniciar en corto plazo una negociación técnica con el Mercosur para firmar con el bloque un acuerdo de libre comercio.
Esta última condición es la que le permitiría alguna vez alcanzar el status de socio “pleno”. Algo que impone la ineludible obligación de adoptar Arancel Externo Común, que todo el Mercosur aplica sobre las importaciones que realiza desde afuera del bloque. El problema es que el AEC es, en promedio, más alto que las tarifas que México acordó con otras naciones en el marco de otros acuerdos comerciales.
Pero ser socio pleno del Mercosur también entraña la obligación de aceptar normas sobre inversiones o solución de controversias, entre otras varias, que también pueden entrar en colisión con otros tratados firmados por aquella nación latinoamericana, incluido el Nafta, de mucha envergadura para aquel país.
Así las cosas, y sólo después de haber firmado un acuerdo de libre comercio con el Mercosur, México podría arrimarse al bloque en una condición similar a la de Chile, Bolivia o Perú, es decir, como “asociado”, lo que le da derecho a participar en foros como el político y algunos otros grupos de trabajo, pero conservando su autonomía arancelaria.
Hace pocas semanas, México reanudó con la Argentina las discusiones por un acuerdo de libre comercio bilateral, virtualmente estancadas a raíz de la renuencia de aquella nación a flexibilizar el ingreso a su mercado de los productos agrícolas y agroindustriales argentinos. La más reciente oferta de la administración Fox incluye la desgravación en tres etapas de más de dos mil productos, pero de una lista en la que casi se excluyen los que más le interesan al país, algo que la Argentina intentará con su inminente contrapropuesta.
A pesar de estas idas y vueltas, lo cierto es que las exportaciones locales hacia el mercado mexicano fueron en aumento y, en el 2003, el saldo comercial resultó superavitario para la Argentina en 560 millones de dólares. Algo similar a lo que le ocurrió al conjunto del Mercosur, muy seducido por la potencialidad de un acuerdo generoso a sellar con México.
Al margen de los registros estadísticos y las discusiones técnicas, la expresa voluntad de Fox de integrarse al Mercado Común del Sur tiene gran relevancia política en un momento en que sus miembros intentan una nueva estrategia para encarar las negociaciones económicas internacionales, bien sea en la Organización Mundial de Comercio (OMC) o en el marco del ALCA.