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El reciente anuncio del Gobierno sobre un megaplán de obras públicas revivió entre los economistas locales el viejo debate sobre el rol del gasto público en el ciclo económico. En el fondo se trata de la tradicional puja entre keynesianismo y ortodoxia. Pero las posiciones enfrentadas, como en todo debate económico, están lejos de ser solo teóricas. La pregunta clave, en definitiva, sigue siendo el destino del superávit fiscal y su efecto sobre el nivel de actividad.
La pelea tiene de un lado las posiciones, como las del FMI, que buscan maximizar los pagos al exterior, en la vereda de enfrente se encuentran quienes creen que la dinámica del crecimiento, para mantenerse, necesita políticas activas que refuercen la demanda. La nota instrumental, ya que se habla de keynesianismo, es que no cualquier gasto público generará necesariamente un multiplicador eficiente de la actividad. La historia argentina, donde los principales grupos económicos crecieron al amparo del Estado, es rica en contraejemplos.
Las señales de la economía local, especialmente el freno en el crecimiento de la industria en el segundo trimestre en relación al primero, demostraron dos cosas: que un fuerte superávit fiscal puede incidir negativamente en la recuperación y que la estabilidad de la macroeconomía es una condición necesaria, pero no suficiente para el crecimiento sostenido.
Más allá de las miradas complacientes que hacen hincapié en la baja del desempleo, el crecimiento del PBI y la suba de salarios, todas variables que efectivamente se recuperaron desde los pisos a que fueron empujadas por la crisis de 2001-2002, la Argentina sigue siendo un país con prácticamente la mitad de la población en la pobreza y exportadora neta de capitales.
Por eso, entre muchos economistas crece la percepción de que llegó el momento de políticas activas que destinen parte del excedente fiscal a reforzar el crecimiento del producto. El anuncio del plan de obras públicas fue indudablemente interpretado en este sentido. También como un enfrentamiento a las posiciones del FMI que aconsejan minimizar gastos “improductivos” para maximizar los pagos al exterior.
Una parte del debate, que ocupará el centro de la escena los próximos meses, será la porción del excedente que se destinará a los acreedores, de la que, a su vez, dependerá el “resto” que se destine a gasto. La solución de estas proporciones es política, no económica. El debate técnico, en cambio, se centra en cual puede ser la magnitud real del multiplicador de la actividad.
Para el economista Jorge Marchini, profesor de la Universidad de Buenos Aires, tras la crisis la actividad económica fue vitalizada por las exportaciones más el consumo de los ganadores del nuevo modelo. Puesto que existe poco margen para actuar sobre las exportaciones, el camino que resta, exigido también por las circunstancias sociales, es actuar sobre la demanda interna, que hasta ahora funcionó solo como “convidada de piedra”. En esta línea de pensamiento la cuestión sería entonces cómo “maximizar el multiplicador”. La duda es si la obra pública realmente puede acercarse a esta maximización.
El economista de la CTA, Martín Hourest, considera que los planes de vivienda no tienen necesariamente el efecto multiplicador de antaño. Sí conservan, en el contexto actual, mayor legitimidad política versus otras alternativas, como los subsidios a los desempleados. La óptica es que resulta más digno crear un complejo habitacional destinado a trabajadores formales y a la vez dar empleo a sectores marginales que aplicar políticas asistencialistas. Sin embargo, según Hourest, proporcionar posibilidades de consumo a sectores excluidos tendría un efecto multiplicador mucho mayor y sin la intermediación.
Otro punto que destacado por Marchini es que la elección de un sector en particular tiene consecuencias en materia de negocios. Sobre todo en laexperiencia argentina, donde grandes grupos como Pérez Companc, Techint, Macri, Roggio o Loma Negra, crecieron al amparo del gasto del Estado.
El esquema actual, donde las obras se harán por contrataciones, facilitaría la reproducción del esquema que, sumado a la estructura oligopólica de los proveedores de insumos, concentraría los beneficios de la multiplicación. Hourest agrega que la construcción se ha caracterizado en los últimos años por sus altos índices de empleo en negro y siniestralidad. A priori no parecería ser la rama que más se merezca ser apuntalada por el dedo del Estado.
Por último restan considerar dos cuestiones. Una son las demandas regionales. Si el criterio de asignación de obras será el déficit habitacional podría reproducirse un esquema de concentración regional del desarrollo. La otra es de carácter más estructural y está relacionada con el carácter “poco reproductivo” de la inversión inmobiliaria versus el capital productivo. Hourest agrega que este es incluso un déficit de toda América latina. Dos tercios de la inversión de la región es inmobiliaria y solo un tercio en capital reproductivo. En los países más desarrollados, esta proporción se invierte.