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El valor preferencial de 75 centavos por litro de gasoil para el transporte, resultado de un acuerdo con las refinadoras que permitió levantar el último paro camionero, es un pacto escrito en el agua: en particular en el interior, pocos transportistas consiguen ese carburante a menos de 1 peso el litro. Pero el costado más dramático del problema surge si se considera que, de mantenerse el tipo de cambio actual, los combustibles aún deberán subir no menos de un 50 por ciento para adecuarse al dólar, empujando hacia arriba el resto de los precios.
Hace apenas dos semanas el Gobierno arrancó a las refinadoras el compromiso de proveer combustible normalmente y a un precio preferencial para el transporte de 0,75, pero hasta ahora ni se normalizó la provisión de gasoil ni pudo garantizarse ese valor. El tema fue discutido en las últimas horas en varias reuniones, una de ellas entre los diputados de la Comisión de Energía, los empresarios de Fadeeac y responsables de Shell, pero sin que surja nítida la solución.
No son muchas las herramientas oficiales para corregir la situación, en particular si se desecha de plano la ley de Abastecimiento, que podría servir para forzar a las refinadoras a proveer en condiciones normales. Tampoco dispone de ningún instrumento compulsivo para evitar que las naftas y el gasoil cuesten en el mercado interno lo mismo que su valor de exportación, es decir, alrededor de 1,70 peso por litro las primeras y alrededor de 1,15 las segundas.
Según estiman los técnicos allegados al Gobierno, si el dólar se mantiene a 3 pesos, en los surtidores aún faltan remarcaciones de alrededor del 50 por ciento, cálculo similar al que hacen desde el sector privado. Para el consultor Roberto Dvoskin, los actuales precios de los combustibles reflejan un dólar de 2,30 pesos, lejos de los 3,30 del cierre de ayer, lo que significa que los carburantes seguirán ajustándose hacia arriba.
El Gobierno no hará nada para impedirlo. Muy por el contrario, el saliente jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, días pasados reclamó a las petroleras que no abandonen la política de ajustes graduales, que sirve para moderar la incidencia en el índice de precios y evitar el shock de un gran aumento repentino. Pero esa estrategia gradualista no evita el impacto multiplicador que tienen las subas de combustibles sobre el resto de los precios de la economía, en gran medida por el inevitable encarecimiento del transporte, en parte por su incidencia en el costo para producir energía. “Si no se domina el precio de los combustibles, la hiperinflación es inevitable. Y para conseguirlo, hacen falta decisiones muy complejas para que las pueda tomar un gobierno tan débil”, opinaba ayer Raúl Ochoa, socio de Ecosul y asesor del bloque oficialista en diputados.
El otro motor que tiene la inflación es el precio de los servicios públicos, provisoriamente congelados pero que indefectiblemente subirá en las próximas semanas. Las prestadoras, en particular las distribuidoras de luz y gas, utilizan insumos importados y el combustible cada vez más caro. Por ahora, admitieron la pesificación de sus tarifas, pero no están dispuestas a absorber mucho tiempo más la suba de sus costos sin trasladarla, algo que el propio gobierno admite como inevitable.
Según estimaba anoche una fuente próxima a los despachos oficiales, con un dólar a 3 pesos, el reajuste de las tarifas públicas estará en el orden del 30 o el 40 por ciento, presumiblemente a aplicar espaciadamente. Pero nada garantiza que el tipo de cambio se mantenga en este alto nivel, que hasta para el área de Comercio Interior marca una difusa frontera con la híper.