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Roberto Lavagna clausuró cualquier posibilidad de un aumento salarial generalizado, ya sea por decreto o por acuerdo entre empresarios y sindicalistas, con el argumento de que tendría un fuerte impacto inflacionario. Su propia cartera, sin embargo, difundió un documento con una visión diferente sobre el tema. “Las políticas de ingresos del Gobierno fueron importantes en el proceso de mejora distributiva”, valora el informe. “En particular –detalla–, los incrementos de salario mínimo y las asignaciones de suma fija.” Luego remarca que “es interesante observar que la intervención pública no ha obstruido en lo esencial el funcionamiento del mercado de trabajo”. Y remata: “Por el contrario, la acción del Gobierno ha permitido aceitar los mecanismos de ajustes salariales ocurridos”. Como conclusión, el estudio afirma que “es necesario seguir encarando políticas” como aquéllas.
Uno de los efectos de esas medidas es haber logrado un achicamiento en la brecha de ingresos entre ricos y pobres. En el cuarto trimestre del año pasado, el 10 por ciento más favorecido multiplicó por 28,6 lo que recibió el 10 por ciento de la población ubicada en la base de la pirámide. Esa relación era de 43,7 veces en el primer trimestre de 2003. Expresado en quintiles, el 20 por ciento más adinerado se quedó con el 50,43 por ciento del ingreso nacional contra el 4,06 del 20 por ciento más empobrecido. En el primer trimestre de 2003, las proporciones eran del 52,93 y 3,20 por ciento, respectivamente.
El informe en el que aparecen estos datos se titula “Empleo e ingresos en el nuevo contexto macroeconómico” y puede leerse en el sitio de Internet del Ministerio de Economía (mecon.gov.ar). Es un análisis profundo de las principales variables del mercado laboral desde la convertibilidad hasta el presente, con su consecuente impacto social. Lavagna aparece entre los firmantes, junto a sus subordinados Oscar Tangelson, Sebastián Katz y José Luis Maia. De entrada, el trabajo resalta las mejoras observadas con el cambio de modelo económico: baja del desempleo y la pobreza y reducción de la desigualdad social. La política de ingresos del Gobierno, con aumentos generalizados, es identificada como una de las claves de ese proceso.
“La solución definitiva a los problemas sociales requiere de una determinación proactiva, no sólo a través de políticas macroeconómicas consistentes sino, además, a partir de la aplicación sistemática y coherente de medidas específicas”, dice.
Uno de los apartados del documento enumera y explica las medidas en materia de ingresos tomadas por el Ejecutivo desde el 2002. Lejos de atribuirles el menor impacto inflacionario, subraya su importancia para “permitir una recuperación de los ingresos, en particular de las capas más pobres de la población”. En este caso no figura la versión de que los aumentos desatarían una carrera entre salarios y precios, que ganarían indefectiblemente los segundos, como expuso Lavagna recientemente.
“Un factor relevante de la recomposición salarial y en la mejora de los ingresos familiares ha sido el conjunto de políticas de ingreso implementadas por el Gobierno desde 2002”, insiste el informe. En su último párrafo, asegura una vez más que “es necesario seguir encarando políticas, tanto macroeconómicas como puntuales, que aseguren un desarrollo sustentable e inclusivo”. Las medidas puntuales “deben ayudar a sostener la equidad y la igualdad de oportunidades para todos, y en especial para los más castigados por las viejas políticas”.