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En una carpa montada en Mataderos que albergó a más de cuatrocientos participantes y veintiséis oradores, ayer se realizó la audiencia pública para discutir la propuesta oficial para renegociar el contrato con Metrogas. A priori, la iniciativa oficial no le resulta demasiado desventajosa, habida cuenta que admite futuros aumentos de tarifas por mayores costos y prevé cerrar un acuerdo sólo si los accionistas “suspenden” sus reclamos indemnizatorios ante tribunales internacionales, entre otras prerrogativas. Pero lejos de dar por colmadas sus aspiraciones, la distribuidora gasífera cuestionó ayer públicamente que se excluya del inminente aumento de tarifas a los usuarios residenciales, los que representan el 56 por ciento de su universo de clientes, así como la “falta de reglas de largo plazo” que animen inversiones en el rubro. Los técnicos de la Unidad de Renegociación no descartan “retocar” el texto original. Pero a pesar del desacuerdo prevén enviarlo lo antes posible al Congreso en busca de su aval.
La base de discusión para la audiencia fue una “carta de entendimiento” modelo para todas las distribuidoras que la UniRen elaboró después de arduas discusiones y forzó a debatir ayer en aquel cónclave sin que hubiera fumata previa. En ese documento se contempla un primer ajuste tarifario del 15 por ciento en el margen de distribución –que se traduciría en un incremento un poco menor sobre el precio final–, limitado a los clientes comerciales e industriales. Recién el año próximo habría una “revisión tarifaria integral”, que sí contemplaría a los residenciales. En el ínterin, de todos modos, Metrogas tendría derecho a un ajuste adicional en el caso de que sus costos aumenten por encima del 5 por ciento. Una cláusula clave si se atiende a la posibilidad cierta de que varias variables puedan moverse en los próximos meses.
Esas dos etapas también se corresponden con la aspiración oficial de que los accionistas suspendan de inmediato las demandas indemnizatorias por los perjuicios de la devaluación y congelamiento de tarifas y renuncien definitivamente a ellas cuando, en el 2006, se haya firmado un contrato definitivo. A diferencia de la mayoría de las privatizadas, British Gas, principal accionista de Metrogas, no acudió al Ciadi sino al Uncitral, un tribunal de Naciones Unidas ante el cual reclamó por los derechos que habría vulnerado la emergencia económica. Según aquella pauta –menos terminante que la exigencia inicial del Gobierno de desistir sí o sí como condición para empezar a negociar–, el acuerdo provisorio puede ponerse en vigencia sin necesidad de abortar este trámite.
Pero esta cuestión no estuvo presente en el cónclave de ayer, en el que tampoco se puso sobre la mesa otra cuestión quizá más delicada aún: que ni la adjudicataria ni el Gobierno prevén que con la tarifa de 2005 pueda expandirse el servicio, llevándolo a los usuarios que no lo tienen. El debate, también abonado por la participación de representantes de grandes usuarios como la UIA o los generadores eléctricos, se orientó más bien al limitado alcance del primer aumento de tarifas. O, tal como objetaron algunas entidades de usuarios y consumidores, a la validez de la propia audiencia pública que, según sospechan sus representantes, fue convocada con el fin inmediato de permitir ese aumento de precios.
Metrogas ya había objetado por nota la propuesta de los renegociadores del Estado, con cuestionamientos más contundentes a los que hicieron otras distribuidoras gasíferas. Protesta que reiteró ayer por boca de su gerente de tarifas, José Luis Fernández. “La UniRen ha dispuesto proponer un ajuste parcial de tarifas que se circunscribe a los grandes consumidores, excluyendo a los residenciales con independencia de su capacidad de pago, sin abordar en forma rigurosa ni los incentivos económicos adecuados ni las reglas de juego (...) a futuro”, se quejó el representante empresario.
El esquema global es similar al utilizado para firmar un acuerdo provisorio con Edelap, basado en una suba de tarifas inmediata sólo limitada a los grandes usuarios. Pero mientras que para esa distribuidora eléctrica bonaerense los residenciales representan una porción minoritaria, para Metrogas son los de mayor peso relativo. Amén que, según destacó Fernández ayer, “la tarifa de 2005 no permite afrontar la totalidad de los costos operativos, administrativos y financieros del servicio”.
Para la empresa, no revertir ese deterioro entraña el riesgo de “cortes de suministro a industrias, imposibilidad de expandir el servicio y posibles efectos en el abastecimiento eléctrico”, básicamente por el desaliento a las inversiones. Inclusive, Metrogas considera imposible cubrir con la nueva tarifa reajustada el plan de obras obligatorio incluido en un anexo de aquel acuerdo. Las amenazas no parecen amedrentar al Gobierno, que en los próximos días enviaría a la Bicameral parlamentaria el texto objetado “sin modificar la columna vertebral”.