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La Dirección General de Aduanas redoblará los controles y auditorías sobre 31 grandes importadores y exportadores del país, todas empresas de primera línea que mueven volúmenes tan importantes de comercio exterior que disponen en sus propias fábricas de una “aduana domiciliaria”. Según este régimen, instaurado en 1998, las mercaderías entran al puerto sin ser revisadas y son trasladadas directamente hasta la propia empresa, donde se inspecciona una porción ínfima de las mismas, porque el esquema se basa en la “confiabilidad fiscal” de las firmas y en las auditorías ex-post que debería realizar el Estado sobre la documentación de las operaciones. Sin embargo, según pudo constatar el titular de la Aduana, Ricardo Echegaray, desde que se creó el sistema casi no hubo auditorías, por lo que el control de unos 5000 millones de dólares del comercio exterior (entre importaciones y exportaciones) quedó a merced de la “buena voluntad” de las empresas. Las automotrices, Hewlett Packard, Siemens, Philips, Siderca, Arcor y Kimberly Clark, entre otras grandes compañías, estarán en los próximos meses en la mira de la Aduana.
El sistema de “aduana domiciliaria” no es un invento argentino. Surgió como una moda durante la década del noventa en toda Latinoamérica, cuando de la mano de las políticas neoliberales había una obsesión por “facilitar” el intercambio comercial en la región, reduciendo costos. Eso sí, Argentina fue líder en su instrumentación, sobre todo cuando se trataba de prolongar la vida de la convertibilidad a cualquier costo y aun sobre la renuncia del control estatal. Por supuesto, la dicotomía que existe entre “facilitación” del comercio versus “control” aduanero volvió a redifinirse en todo el mundo a partir del 11 de septiembre de 2001. Pero Argentina no se dio por enterada.
El régimen de “aduana en domicilio” funciona de la siguiente manera. Para las importaciones, los containers no son revisados en la frontera, sino que son trasladados por transportadores privados, sin custodia oficial, hasta el predio de la empresa inscripta en el régimen, en algunos casos con sedes en Córdoba, San Luis, Rosario y otros puntos del interior del país. Allí, dos o tres funcionarios aduaneros chequean que la documentación coincida con la aportada en el puerto, y en contadísimas oportunidades se abren contenedores para verificar la mercadería. Para el caso de las exportaciones el camino es el inverso: la empresa prepara el cargamento, los mismos funcionarios aduaneros destacados dentro de la compañía chequean la documentación, y una vez despachados los containers atraviesan la frontera argentina sin ningún tipo de control adicional.
Desde su creación, el sistema se sustenta en la “condición de operadores confiables” que las empresas inscriptas detentan y en un supuesto “control ex post” o de auditoría. Sin embargo, hasta ahora las auditorías no fueron más que un simple formalismo y todo se basó en la supuesta “confiabilidad fiscal” de las empresas.
Los grandes números del régimen son los siguientes:

- Hay 31 empresas inscriptas, entre las que figuran: Daimler Crysler, Fiat, Ford, Peugeot Citroen, Volks-
wagen, General Motors, Toyota, General Motors, Siemens, Philips, Hewlett Packard, Kimberly Clark, Arcor, Cartocor y Siderca.

- El procedimiento es tan conveniente y abarata tanto los costos de las empresas que hay una larga lista de pedidos para ingresar.

- Bajo este esquema ingresan al país el 10 por ciento del total de las importaciones, unos 2400 millones de dólares anuales. Y se despachan el 7 por ciento del total de exportaciones, otros 2500 millones de dólares para este año. En total, casi 5000 millones de dólares de comercio exterior.

Note el lector que sin un adecuado mecanismo de verificación oficial las maniobras ilícitas que podrían desarrollarse usufructuando espuriamente deeste régimen colocarían en un categoría de “chiquitaje” al affaire Southern Winds.
Desde que asumió a mediados del año pasado, Echegaray entendió que las aduanas domiciliarias funcionaban bajo un lógica perversa de “abuso de confianza”. Pero un par de informes reservados sobre maniobras “extrañas” de importación por parte de una de las mayores multinacionales del rubro electrónico terminaron de convencerlo de que había que reforzar todos los controles. El 8 de abril pasado firmó una resolución que crea una comisión –integrada por funcionario de control de Aduana, DGI y especialistas en informática– con el objetivo de “reformar las tareas de control ex post y de auditoría sobre las empresas”.
Además, modificó una resolución de 2002 que instruía a todas las aduanas la asignación de canal verde de selectividad a la totalidad de los destinos de importación y exportación que fueran oficializados dentro del régimen de aduanas domiciliarias. El 13 de diciembre último instruyó a todas las subdirecciones aduaneras a que procedieran a “la verificación física de por lo menos el 20 por ciento de las operaciones que resulten con canal rojo, sin perjuicio de las verificaciones sorpresivas que se instrumenten en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones”.
Otra de las medidas que adoptará la Dirección de Aduanas será la rotación de los distintos jefes de las aduanas domiciliarias. La lógica de esa medida es de sentido común: un funcionario aduanero con un sueldo de 2000 a 3000 pesos mensuales, que se pasa todos los días del año dentro de la estructura de una misma gran empresa, donde traba vínculos personales con sus ejecutivos, es más proclive a ser sobornado. En igual sentido, se dispondrá la rotación diaria dentro de cada una de esas aduanas de los verificadores, para que actúen los controles cruzados entre los mismos funcionarios.