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Washington tiene una idea fija. A pesar del contundente rechazo del Parlamento argentino al pedido de inmunidades para las tropas estadounidenses que participen de operativos conjuntos, la administración norteamericana no se da por vencida. Reclama las inmunidades, de manera oficial, como hizo el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, en su reciente reunión con su par argentino, José Pampuro, o de manera oficiosa, como sucedió el pasado lunes en un desayuno en la Embajada de los Estados Unidos del que participaron importantes legisladores del oficialismo. Entre jugo, café y otras delikatessen, el secretario de Estado adjunto para el control de armamento, Stephen Rademaker, junto al embajador Lino Gutiérrez, insistieron en el pedido de inmunidad legal para sus efectivos. Del encuentro se desprendió, según los participantes argentinos, que uno de los temores de los norteamericanos es que algún juez local pueda reclamar la detención de Rumsfeld o incluso del propio George Bush cuando concurra a Mar del Plata en noviembre para participar de la Cumbre de las Américas.
Del lado argentino se sentaron a la mesa los titulares de las comisiones de Defensa y de Relaciones Exteriores de ambas Cámaras legislativas: el diputado bonaerense Jorge Villaverde, la senadora mendocina Marita Perceval, el diputado porteño Jorge Argüello y el senador misionero Ramón Puerta. Todos del justicialismo. Aunque por momentos la conversación se transformó en una polémica entre dos, Rademaker y Argüello, todos pusieron su cuchara y sus inquietudes. De visita periódica a la Argentina, Rademaker comentó que, para salvar el obstáculo de las inmunidades, su gobierno pone el acento en acuerdos bilaterales con los distintos países en los que se realizan operativos conjuntos. La decisión del Congreso aparece entonces como el principal freno a cualquier acuerdo.
“¿Por qué Estados Unidos no apoyó la votación en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de la resolución que definió investigar los atroces crímenes que se vienen realizando desde julio del 2002 en la región de Darfur, en Sudán?”, arrancó Argüello.
La respuesta dejó en claro, una vez más, la oposición del gobierno estadounidense a la Corte Penal Internacional. Cuando los crímenes que se vienen comentando en Sudán se discutieron en la ONU, los norteamericanos propusieron saltear a la CPI y crear una nueva corte. Para evitar el veto final de los Estados Unidos, los europeos modificaron su propuesta original y terminaron garantizando que las tropas norteamericanas que trabajen en la región no estén sujetas a la jurisdicción de la Corte.
“Verán que el trabajo de la CPI en Sudán será un fracaso”, comentó Rademaker a los legisladores argentinos. Como al pasar, el funcionario también subrayó que los organismos internacionales subsisten porque son solventados por los norteamericanos. Eso y ponerle fecha de defunción al tribunal internacional que nació merced al Estatuto de Roma es casi lo mismo. Además de destacar el soporte económico del dólar, el norteamericano colocó énfasis en el tipo de datos con los que suele contar su administración: destacó que los juicios en Sudán contrastarán fuertemente con los que se realizaron en la ex Yugoslavia. Además de adelantar el retaceo de información de su país, aventuró que Naciones Unidas tampoco la brindará.
No pudo evitar dejar en claro el escozor que culturalmente produce en la administración norteamericana la actuación de los tribunales independientes. El recelo a la Corte Penal Internacional tiene su correlato con la administración de justicia fronteras adentro. Así fue que no dejó pasar por alto la zozobra que la actuación de un fiscal produjo en la cultura política norteamericana cuando el ex presidente Bill Clinton tuvo que enfrentarse con el caso de la ex becaria de la Casa Blanca, Monica Lewinsky. El misionero Puerta preguntó por qué Estados Unidos no participa de la Unión Parlamentaria Mundial. Quiso saber si era porque allí no podían ejercer el poder de veto, que sí tienen en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Aunque no desconoce que en esos organismos no hay poder de veto, Rademaker contestó que ése no era el motivo.
La mendocina Perceval puso el acento en los proyectos que limitan la exportación de material sensible. El norteamericano no pudo más que mostrar su beneplácito. Antes había deslizado su preocupación por la cantidad de armas que el desarme ruso deriva a lo que calificó como “zonas sensibles”.
El duhaldista Villaverde resaltó el aval que el Congreso les dio a dos convenciones antiterroristas que Estados Unidos impuso en distintos cónclaves de Naciones Unidas durante los días en que Colin Powell estaba a cargo del Departamento de Estado.
Igualmente, la principal preocupación de Rademaker estuvo puesta en el artículo 98 de la Constitución Nacional, el mismo que le da al Congreso la decisión para aprobar el ingreso y egreso de tropas. La despedida también tuvo sus matices. Mientras Argüello le dijo que lo invitaría para que explique sus puntos de vista a los parlamentarios argentinos, Perceval opinó que no lo invitaría. Cuando la mirada del embajador Gutiérrez no ocultaba su desesperación, la mendocina completó la frase diciendo que “el Congreso no modificará su rechazo a otorgar inmunidades especiales a las tropas extranjeras”.