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El Gobierno no puede esperar mucho del FMI, pero al menos ayer logró que hiciera una concesión. El directorio del organismo aprobó por unanimidad una prórroga en el pago de deudas por 2508 millones de dólares. Se trata de 22 vencimientos que van desde mañana al 28 de abril de 2006 y que serán diferidos –cada uno de ellos– un año, tal como había pedido la Argentina. Si bien el Fondo aceptó la solicitud, y con ello se reducen las necesidades de financiamiento, el gesto tampoco da para grandes celebraciones. La posibilidad de postergar los pagos figuraba en las condiciones contractuales de los créditos a cancelar. La confirmación del FMI era casi una formalidad, pero como las relaciones nunca son fáciles, hasta que no saliera el comunicado oficial de Washington nadie podía cantar victoria.
“Estamos avanzando ladrillo por ladrillo”, definió Roberto Lavagna al dar a conocer la noticia. La necesidad de ser cauteloso tiene que ver con las dificultades para llegar a un acuerdo. El ministro considera que lo más probable es que las negociaciones con el FMI lleven todavía varios meses y el acuerdo se firme recién después de las elecciones de octubre. Por esa misma razón fue que el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, elevó hace dos semanas el pedido de diferimientos. Como las cosas van para largo, se buscó aliviar la carga de deuda a colocar en los mercados. La única emisión hecha por Economía hasta el momento resultó carísima: bonos en pesos a una tasa del 6,51 por ciento más CER.
El comunicado de ayer del FMI confirmó que no hay mucho espacio para el optimismo. Primero aclaró que su decisión no fue ninguna señal de aprobación por los resultados del canje de deuda, sino que la tomó en base a “consideraciones técnicas”. El Fondo se reserva la posibilidad de conceder las prórrogas cuando considera que la posición externa de un país “no es lo suficientemente fuerte para pagar en fecha sin riesgos o dificultades indebidas”, explicó. El organismo se manejó con este criterio y no “en una evaluación del programa económico” del Gobierno.
“Muchos directores esperan la oportunidad de discutir las políticas económicas de Argentina en el contexto de la revisión del artículo IV, que tendrá lugar pronto”, añadió el comunicado, con tono desafiante. El artículo IV establece que todos los países miembros del FMI deben aceptar una auditoría de los técnicos del organismo una vez al año.
El mensaje de los directores hacia el mundo financiero fue que Argentina necesita pedir prórrogas porque su posición no es lo suficientemente sólida. No es precisamente una ayuda, cuando el Gobierno, a pesar de los diferimientos, deberá recurrir a los mercados para obtener financiamiento. De acá a fin de año, la Argentina tiene que cancelar deuda con los organismos internacionales por 4111 millones de dólares: 2619 millones con el FMI, 792 millones con el Banco Mundial y 700 millones con el BID, sumando capital e intereses. Esos vencimientos no son postergables.
El Gobierno pretendía que el acuerdo con el FMI le permitiera refinanciar esos pagos. Pero los meses pasan y el arreglo no llega. “La situación es difícil”, admitió a Página/12 un funcionario de la mesa chica del Palacio de Hacienda. Hay diferencias en las tres demandas principales que hace el organismo: aumento de las tarifas de los servicios públicos, mayor superávit fiscal y acordar con los acreedores que rechazaron el canje de deuda.
En cuanto a las tarifas, el Fondo reclama la renegociación de todos los contratos antes de la firma de un acuerdo. El Gobierno está avanzando en esa dirección, pero todavía le falta bastante. Lavagna pretende mostrar que las discusiones con los prestadores de servicios públicos están encaminadas, pero hasta el momento Washington no lo considera suficiente.
Más difícil de solucionar son las diferencias en torno al superávit fiscal. El Gobierno se comprometió a un excedente equivalente a 3 puntos del PIB, mientras que el FMI reclama 4,5 puntos. El año pasado, el sector público ahorró más de lo pactado con el FMI: 5,2 puntos del PIB entre la Nación (3,9) y las provincias (1,2). Sin embargo, Lavagna lo toma como algo excepcional y no acepta mantener ese compromiso como algo permanente. Para este año, el Gobierno presupuestó un superávit de 3,2 puntos y las provincias, del 0,7. El programa de sustentabilidad con el que se realizó el canje de deuda establece que hasta el año 2011 el superávit será de 3 puntos, y de allí en más irá decreciendo levemente. El reclamo del Fondo de 4,5 puntos busca, en definitiva, que se destinen más recursos para el pago a los acreedores.
Con respecto a la situación de los bonistas que rechazaron la reestructuración de la deuda, el FMI demanda que haya un arreglo. No obstante, ya no está pidiendo que la solución sea inmediata ni que se exprese claramente cuál será la oferta.