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Los industriales empezaron a preparar el terreno para las negociaciones en el Consejo del Salario y el Empleo, que empezará a sesionar el próximo miércoles. El presidente de la central fabril, Héctor Méndez, ratificó su oposición a un aumento del mínimo y a cualquier intervención del Gobierno en materia salarial. Otros destacados dirigentes de la Unión Industrial avalaron ayer esas definiciones. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, tuvo la oportunidad de responderles, ya que participó del seminario de los empresarios en esta ciudad. El funcionario evitó una confrontación directa, aunque defendió la “plena vigencia institucional” del Consejo y señaló que los industriales deberán acostumbrarse a “cierta cotidianidad de las discusiones laborales, después de años de parálisis”.
El Gobierno tiene decidido avanzar con una serie de medidas para mejorar los ingresos de los sectores medios y bajos. Además de elevar el mínimo, que pasaría de los 450 pesos actuales a 630, prepara un aumento de las asignaciones familiares, la incorporación a los sueldos de los 100 pesos que actualmente se pagan como suma fija no remunerativa y la extensión del alcance del seguro de desempleo.
En las charlas de pasillo en el seminario de la UIA, los principales referentes de la entidad –con alguna excepción– transmitieron inquietud por tanta actividad oficial en cuestión de salarios. La mayor oposición es a un eventual aumento por decreto, como los que se dieron en el pasado. Es una medida que no descartan para cuando falte poco para las elecciones de octubre.
La postura que llevarán los industriales al Consejo del Salario es que el incremento del mínimo se limite a 50 pesos. Saben que probablemente perderán la discusión, porque el Ejecutivo se inclinaría por una suba mayor. En ese caso, los empresarios pedirán que el ajuste se haga por etapas, para amortiguar su impacto. Lo mismo le reclamarán al Gobierno con respecto al blanqueo de los últimos 100 pesos de suma fija. Su aspiración de mínima es que 50 pesos se incorporen en junio y 50 en agosto. Hay otro aspecto que rechazan categóricamente, y es que esa suma se agregue a los básicos de convenio, porque en ese caso habría ajustes en toda la escala salarial.
Otro comentario que llegó a oídos de Tomada fue que los últimos gestos del Ejecutivo en relación con los ingresos de los trabajadores les darían aire a los sindicatos para negociar con mayor dureza en las paritarias por sector. “Es absurdo”, protestó el ministro de Trabajo. “Por qué no miran qué pasó con la convocatoria anterior al Consejo del Salario. No hay ningún dato objetivo que avale lo que dicen. Tampoco habrá presiones inflacionarias, como comentaron por ahí”, relató a Página/12 el pensamiento del ministro uno de sus colaboradores cercanos.
Aunque la UIA y el Gobierno dicen compartir su pensamiento sobre la orientación de la política económica, en materia laboral aparecieron discrepancias importantes. Además de los retoques salariales, Méndez protestó por la continuidad de la doble indemnización y cargó fuerte contra Tomada por el proyecto de ley de accidentes del trabajo. “Es una mala ley”, afirmó. El ministro no hizo caso de las críticas y ayer ratificó que la iniciativa será remitida al Congreso sin cambios. “La UIA fue consultada dos veces, al igual que otras cámaras empresarias, dirigentes sindicales y las aseguradoras. Todos tuvieron la oportunidad de opinar. Ahora el proyecto está terminado”, remarcaron en la cartera laboral.
En su discurso ante los industriales, el ministro defendió la iniciativa pero sin agudizar la disputa. Dijo que la idea del Gobierno es “construir un proyecto que atienda a tres principios esenciales: que coloque en el centro de la preocupación la protección de la salud y la seguridad en el trabajo, que tenga en cuenta la necesaria previsibilidad en los costos y que cumpla con el más absoluto respeto a la Constitución”. En este sentido, la ley que se venía aplicando desde 1996, avalada por los industriales, fue tildada de inconstitucional por la Corte Suprema.
En otro pasaje de su exposición, Tomada destacó que la conflictividad laboral era esperable luego de años en que la discusión sobre salarios estuvo cancelada. “El ministerio está convencido de que debe aportar un equilibrio en el conflicto laboral”, comentó. Por otra parte, anticipó que “en los próximos días se dará a conocer, con la AFIP, el nuevo programa de registración laboral para facilitar los trámites”. Por último, sostuvo que su cartera diseñará un nuevo seguro de desempleo más abarcativo y reforzará la inspección del trabajo para combatir el empleo en negro.