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La convocatoria por el Gobierno al Consejo del Salario, la Productividad y el Empleo cerró un ciclo de cabildeos entre distintos criterios y grupos de intereses que mantuvieron paralizado al organismo desde un primer intento el año pasado. Los empresarios, mal acostumbrados por la dictadura y el menemato, se resisten a cualquier norma que los obligue con sus trabajadores, invocando el argumento que mañana puede ser excesivo lo que hoy resulta mínimo. La misma excusa mantiene a la mitad de la mano de obra empleada “en negro” sin derecho a nada, excepto lo que quiera darle la voluntad del patrón. Aunque la representación patronal no es un bloque homogéneo, suele presentar frente único a sus interlocutores necesarios en el Consejo, las centrales obreras, que también tienen sus interiores enredados, pero sin tácticas conjuntas, ya que la CGT no quiere darle alas a la CTA.
La CGT de Moyano intentó esquivar el ámbito del Consejo, reemplazándolo con un acuerdo bilateral con la Unión Industrial (UIA) para fijar un salario mínimo que cubra el costo de la canasta básica según los cálculos del Indec, alrededor de setecientos pesos mensuales, y que debía funcionar como piso para las negociaciones paritarias de cada gremio. El intento se diluyó sin explicaciones públicas de las partes, aunque fue notorio el malestar en el Gobierno por una negociación que ocurría en medio de un brote inflacionario, mientras la CTA reclamaba las sesiones del ámbito colectivo ya que allí tiene voz y voto, pese a que todavía no consiguió la personería jurídica que demanda en nombre de la democracia sindical.
El Gobierno abre el juego en un momento en el que las presiones sociales por los salarios y otras reivindicaciones muestran una tendencia sostenida, si bien hasta ahora se presentan fragmentadas en múltiples frentes de base, sin cauce único y ajenas a la influencia de las cúspides sindicales. Al mismo tiempo, los datos estadísticos indican que el consumo masivo bajó el nivel de actividad debido, entre otros motivos, a la suba de precios que en los primeros meses del año llegó a inquietar a las autoridades nacionales. El ministro de Economía, Roberto Lavagna, confió en que el resultado de las deliberaciones del Consejo mantenga el “círculo virtuoso” del poder de compra de los consumidores, una previsión razonable por lo que pasó y, además, porque pasadas las elecciones de octubre es probable que lleguen aumentos en las tarifas de los servicios esenciales.
Si bien los aumentos de salarios hoy en día son tan razonables como el blanqueo de los empleos, la creación de puestos de trabajo y la recuperación de la calidad del trabajo con jornadas de no más de ocho horas diarias, es un poco presuntuoso suponer que el crecimiento nominal de las remuneraciones implica la distribución progresiva de las rentas nacionales. En todo caso puede ser un instrumento si el Gobierno pudiera controlar el vicio mercantil que sube los precios, en lugar de bajarlos, cada vez que aumenta el consumo, con ese criterio torcido derivado de la inestabilidad nacional según el cual hay que aprovechar cada momento de auge para embolsar diferencias para hoy, por lo que ayer no se vendió y también para pasado mañana, por si las moscas.
En todo caso, el instrumento más efectivo para darle equidad a la distribución de riquezas es el sistema tributario para que deje de recaudar la mayor tajada del consumo popular y cada cual pague en relación con sus ingresos reales. Así lo reconoció el presidente Néstor Kirchner en el reportaje que publicó este diario el domingo pasado, antes de iniciar la segunda mitad de su mandato de cuatro años. En opinión del Presidente, aún es prematuro para dar un salto de calidad de esa envergadura, ya que, si bien no lo aclaró, no debe sentirse en fuerza para doblegar la fuerte resistencia que ofrecerán los propietarios de los privilegios a resignar una porción de lo mucho que se apropiaron durante las últimas tresdécadas. De manera que la propuesta quedó alzada como una promesa de campaña en procura del plebiscito que busca el oficialismo en los comicios de octubre. A lo mejor Kirchner leyó aquello de Sun Tzu: “Los buenos guerreros primero triunfan y luego combaten”.
“Este gobierno es un territorio en disputa”, declaró esta semana el diputado Luis D’Elía, cabeza de la Federación de Tierra y Vivienda (FTV), refiriéndose a que en el interior gubernamental hay personeros de esa resistencia a los cambios en favor de la justicia social. “La disputa transcurre en todos los órdenes de la vida social –incluido el propio gobierno– y los más variados ámbitos son escenarios de la puja abierta en 2001 y profundizada a partir de la presidencia de Néstor Kirchner”, ratificó una declaración de “kirchneristas independientes”, es decir sin partido formal. En realidad, la puja podría inscribirse entre los temas a recordar en el bicentenario de la independencia patria, porque ésa es la edad que tiene.
El 30 de agosto de 1810, Mariano Moreno terminó de redactar su famoso Plan de Operaciones, aprobado en sesión secreta por la Primera Junta. En un párrafo decía: “Las medidas a adoptar consistían en expropiar quinientos o seiscientos millones de pesos en poder de cinco o seis mil individuos, expropiación que beneficiaría a ochenta o cien mil habitantes”. Con esa redistribución, el autor suponía que podrían dar puestos de trabajo “facilitando fábricas, ingenios, aumento de la agricultura, etc. (...) En esta virtud, luego de hacerse entender más claramente mi proyecto, se verá que una cantidad de doscientos o trescientos millones de pesos, puestos en el centro del Estado para la fomentación de las artes, agricultura, navegación, etc., producirá en pocos años un continente laborioso, instruido y virtuoso, sin necesidad de buscar exteriormente nada de lo que necesite para la conservación de sus habitantes, no hablando de aquellas manufacturas que siendo como un vicio corrompido, son de un lujo excesivo e inútil, que deben evitarse principalmente porque son extranjeras y se vendena más oro de lo que pesan... (ed. Plus Ultra, 1993)”.
En noviembre de ese año fundacional prohibió la salida de oro y plata del Río de la Plata con destino a Londres, tras lo cual fue removido de su cargo y cuatro meses después murió en alta mar. La lectura de aquel texto visionario prueba, una vez más, que en los asuntos fundamentales es difícil ser original. Después de Moreno muchos otros han caído en nombre de sueños parecidos, tan módicos y a la vez tan enormes, basados en principios de igualdad de oportunidades. Hoy en día, el Gobierno no está pasando por una etapa morenista, salvando todas las distancias del caso, porque la visión plebiscitaria incluye en su propia lógica la captación de opiniones de centroderecha. Nada más elocuente que las declaraciones presidenciales descalificando los cortes de calles y puentes de los piqueteros, con la entonación y el sentido que esperan las visiones ideológicas conservadoras y los prejuicios sociales de las capas medias-altas, molestas por las perturbaciones en el tránsito y, también, por el paisaje de la pobreza que se instala, con todo derecho, en céntricos nudos de circulación, lejos de sus ámbitos normales de residencia. Igual que la leyenda, es cierto, la disputa continúa, dentro y fuera de los territorios oficiales.