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La Justicia suspendió los plazos del proceso de renegociación de los contratos de las empresas de servicios públicos privatizadas hasta que las organizaciones de defensa del consumidor tengan acceso a toda la documentación en discusión. Así lo dispuso la jueza en lo Contencioso Administrativo federal Clara Do Pico al hacer lugar a una medida cautelar planteada por el abogado Ariel Kaplan, en su carácter de representante de los usuarios ante la Comisión Renegociadora. En este marco, el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, destacó que antes de pensar en aumentos de tarifas debe compensarse la caída de salario ya producida.
Según el decreto que creó la Comisión Renegociadora de los Contratos de Servicios Públicos (293/02), los usuarios deben tener un completo acceso a la documentación tratada. El pasado martes, Kaplan reclamó a la Justicia que el Ministerio de Economía le permitiera el acceso a las reuniones de las comisiones de trabajo que la cartera mantiene con las firmas concesionarias. El planteo fue realizado ante “la negativa” del Estado nacional a informar al delegado de los usuarios y consumidores las propuestas formuladas por las empresas.
El abogado sostuvo que “resultaría una verdadera farsa la participación de los usuarios en este proceso si se le niega la información con la anticipación necesaria como para que puedan hacer un análisis” de los antecedentes. Este proceso de renegociación, realizado a espaldas de los usuarios, ocultándole a su representante la documentación de las empresas, afecta el principio de transparencia que dispone la Convención Interamericana Contra la Corrupción. Por ello, Kaplan sostuvo que la actitud de los funcionarios cubre al proceso “con un manto de sospecha, cuando debiera estar signado por su claridad y eficiencia”.
Al hacer lugar a la medida cautelar, la jueza Do Pico detuvo el proceso de renegociación y, consecuentemente, cualquier incremento de tarifas. También ordenó que las empresas y el Estado suministren al representante de los usuarios la documentación sobre la que están trabajando. La magistrada entendió que la “actitud reticente” respecto de esa documentación “afectaría el derecho a la información reconocido en la Constitución Nacional”.
Además, “al negarse información a los usuarios, el Estado los perjudica en forma deliberada y directa, los transforma en el único sector de la renegociación que desconoce las propuestas de las empresas”, concluyó.
La jueza Do Pico adhirió a este criterio y consideró que “no puede negársele ningún tipo de documentación presentada en la comisión, pretextando algún carácter confidencial, ni impedir su acceso a reuniones de equipos técnicos, sin burlar la intención de la norma legal que expresamente lo incluye en la Comisión de Renegociaciones de Contratos”.
Los servicios públicos alcanzados por la renegociación son: agua potable y cloacas, comercialización y distribución de energía eléctrica, gas; telefonía básica (fija), transporte público automotor, ferroviario de superficie y subterráneo, peajes, aeropuertos, puertos, servicio postal, ferroviario de carga y vías fluviales por peaje.
Las empresas prestatarias argumentan que tras la devaluación vieron fuertemente afectados sus balances ya que sus ingresos, las tarifas, quedaron congelados en pesos, frente a importantes pasivos con el exterior dolarizados. Además, en lo que va del año, la inflación de precios minoristas fue mayor al 20 por ciento y los mayoristas más del 50 por ciento.
Fuentes gubernamentales consideran que un aumento en las tarifas de los servicios privatizados tendría fuertes efectos inflacionarios e impactarían muy negativamente en los ya menguados ingresos de los asalariados. Todo indicaría entonces que los intereses del gobierno deberían estar en la misma línea que los de los usuarios. Por ello el retaceo de información en la comisión de renegociación resulta cuanto menos sorprendente. En este marco, el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, reclamó al Gobierno que, antes de disponer cualquier aumento de tarifas de servicios, se realice una audiencia pública para debatir la cuestión, y advirtió además que para producirse un incremento de esas características deberían subir los salarios.
“No puede haber un incremento de las tarifas sin antes convocar a una audiencia pública, ya que es el mecanismo idóneo previo a cualquier toma de decisiones, a fin de garantizar y proteger el derecho de los usuarios y consumidores”, destacó Mondino.
El defensor del Pueblo nacional sostuvo además que “no es correcto hablar de un aumento generalizado, puesto que cada servicio público tiene características específicas y está enmarcado dentro de un contrato, con marcos regulatorios y reglas particulares para cada sector, por lo que hay que darle a cada servicio un tratamiento distinto conforme a las características del mismo”. También advirtió que para analizar un aumento de tarifas “hay que considerarlo en un cuadro de incremento salarial”.
En base a estadísticas elaboradas por el Indec, la defensoría estima que “el déficit de ingresos del consumidor para solventar los servicios públicos es actualmente del 19,6 por ciento; es decir, para poder pagar las tarifas de hoy y mantener los niveles de morosidad del año 2001 (que en promedio fueron del 3 por ciento), es necesario incrementar un 19,6 por ciento los salarios”, concluye.