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Aunque los reclamos del Fondo Monetario Internacional a la Argentina pueden leerse, con indulgencia, en el contexto de la puja propia de una negociación, cada vez resulta más evidente su inconsistencia macroeconómica. En un informe denominado “Los sospechosos argumentos de siempre”, la consultora Ecolatina, fundada por el ministro Roberto Lavagna y la más cercana al Gobierno, destaca que esta inconsistencia llega a tal punto que, “aun si existiese la voluntad política de aplicar las recomendaciones, sería imposible hacerlo”. La razón es que las medidas son contradictorias y se neutralizan entre sí.
A mediados de este mes, el gobierno argentino retomará las negociaciones con el FMI en busca de un acuerdo. A nivel discursivo, el Fondo tomó la delantera y demostró que, si se trata de reclamar, es capaz de cualquier cosa, aun a costa de quedar en ridículo desde el punto de vista técnico. No obstante, tanto entre los funcionarios de Economía como entre fuentes vinculadas al organismo financiero existe consenso en que los principales intereses del FMI son seguir cobrando más de lo que refinancie, esto es reduciendo su exposición crediticia con la Argentina, y conseguir mayores tarifas para las privatizadas oriundas de los países que controlan el organismo “multilateral”, es decir los del G-7. Con independencia del tono encendido que resultará de la negociación, garantizado por el calendario preelectoral, las mismas fuentes prevén que los resultados esperables en base a las premisas son dos: una refinanciación parcial de los vencimientos, es decir; no por el ciento por ciento del capital, pero sí lo suficiente como para desahogar los compromisos financieros argentinos de mediano plazo, y un aumento tarifario post-electoral en el marco de la renegociación de contratos.
Más allá de las muy probables previsiones, las negociaciones no podrán obviar el debate sobre la racionalidad técnica de las recomendaciones hechas por el staff del Fondo. Acompañando la perspectiva del Ministerio de Economía, la consultora Ecolatina sintetizó las principales inconsistencias en su último informe semanal.

- Como destacó el pasado lunes Página/12, a la cabeza de las contradicciones se encuentra la recomendación de eliminar impuestos presuntamente distorsivos, como las retenciones a las exportaciones, en simultáneo con aumentar el superávit fiscal. En otras palabras, el Fondo llama a eliminar los impuestos que aportaron el superávit que reclama. Ecolatina recuerda que entre retenciones e impuesto al cheque, en el 2005 se recaudarán 20 mil millones de pesos, cifra que prácticamente coincide con el excedente primario del sector público nacional. En contrapartida, el Fondo no llama a reemplazar estos tributos con, por ejemplo, impuestos a las rentas financieras o ganancias de capital sino con la eliminación de las excepciones del IVA de las que actualmente gozan algunos alimentos básicos, la salud y la educación. En consecuencia, la reforma sólo provocaría una transferencia de la carga de sectores de altos ingresos a los de menos ingresos. En este punto, Ecolatina enfatiza el carácter redistributivo de las retenciones y, también, el de control de los precios internos de los alimentos.

- La segunda inconsistencia según la consultora es dejar bajar el dólar para evitar la aceleración de la inflación. Aquí existen dos argumentos clave. El primero surge de la realidad: durante los primeros 5 meses del año, el peso se apreció el 3,1 por ciento, mientras que la inflación fue del 5,1 por ciento. La conclusión es simple: “No existe evidencia” de que permitir bajar el dólar evite la suba de precios. Tampoco es válido el contraargumento de que mantener el dólar alto significó expandir la base monetaria, pues el Banco Central cumplió con su programa de esterilización del excedente de circulante. El segundo argumento es aún más potente. Bajar el dólar significa debilitar la “competitividad-precio” de las exportaciones, precisamente la fuente de los recursos que generan el excedente fiscal y las divisas para pagar deuda. Y esto sin hablar de los efectos sobre la “previsibilidad” de la economía, pues “los agentes realizan sus inversiones”, confiando en la promesa gubernamental de mantener el dólar dentro de un determinado rango. Para Ecolatina, los economistas prevén que para fines del 2005 y 2006 el dólar cotizará entre 2,9 y 3 pesos por unidad. Por supuesto, mantener la inflación bajo control, es decir por debajo de los dos dígitos, también es incompatible con los aumentos tarifarios recomendados. Dando una vuelta de tuerca sobre las contradicciones globales, el FMI destaca que durante la recuperación “el aumento del nivel de precios fue significativamente menor al de otras economías emergentes que sufrieron crisis similares”.