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Pasado mañana, o a más tardar el viernes, Roberto Lavagna se dará el gusto de anunciar su propio plan de salida del corralito. Mientras el ministro tomaba el vuelo que lo llevaba desde Bruselas a Washington, donde se entrevistará con la cúpula del Fondo Monetario, en el Palacio de Hacienda sus colaboradores festejaban haberle “torcido el brazo” a Mario Blejer, titular del Banco Central. En declaraciones desde Europa, Lavagna vinculó la pelea con el BCRA a “funcionarios de la segunda línea (del banco emisor) que en los últimos años trabajaron bastante indiferentes a la hiperrecesión que vive la Argentina”. Desvinculando a Blejer de la disputa, el ministro sostuvo que algunos “directores” del Central intentaron darle al conflicto “una actitud de pelea callejera”. En la propia entidad emisora no descartaban que Blejer presente su dimisión en las próximas horas.
Con el borrador del decreto sobre el corralito escrito por Economía en la mano, en el Central aceptaban anoche que no habían logrado torcer la visión del ministro de Economía. E insistían en que la posibilidad de comprar bienes con los ex plazos fijos desembocaría en una hiperinflación. Anoche, técnicos del Central volvieron a advertir a Economía sobre esta situación. Frente a este escenario, en el BCRA no sólo se analizaba la posibilidad de la renuncia de Blejer sino también de dos funcionarios que se sienten representados ideológicamente por el ex hombre del FMI: el director Alejandro Henke y el economista jefe Eduardo Levy Yeyati.
El proyecto que saldría por decreto de necesidad y urgencia antes del fin de semana se basa en la idea original del ministro de Economía, y se divide en dos partes:
- Otorga a los ahorristas la opción de suscribir un bono en dólares a 10 años o uno en pesos a 6 años, con la única garantía del Estado. En caso de no elegir este camino, los depósitos quedarán reprogramados tal cual lo previsto originalmente.
- Da la chance de que los certificados de plazos fijos sirvan para comprar algunos bienes registrables. En principio, en la lista figuran viviendas a estrenar y acciones de empresas que tienen oferta pública y están endeudadas. Economía también quiere incluir a los autos cero kilómetro, y por tal motivo se negocia con las terminales automotrices. La idea es que una parte de la venta pase a una cuenta bancaria a la vista y la otra se concrete en bonos. Todavía no se determinaron las respectivas proporciones. El objetivo de que una porción de la operación de concrete mediante un bono es para impedir una mayor presión sobre el dólar.
La resistencia a implementar un Plan Bonex II por parte de Lavagna se debe a que el ministro privilegia una salida del corralito que favorezca una reactivación económica. Sin embargo, la pulseada con el Central se armó cuando desde Reconquista 266 le avisaron al ministro que esa alternativa tendría un efecto marginal y propiciaría una escalada inflacionaria. La razón: los fondos que se vayan del corralito irán a la compra de dólares, y en el medio habrá que emitir pesos para asistir a los bancos que les saquen depósitos.
Lavagna fue muy crítico de esta visión. “Algunos directores del Central se desentendieron, en los últimos años, de si la política monetaria que llevaban a cabo producía deflación, hiperrecesión, desempleo y pobreza”. Sin explicitarlo, el titular del Palacio de Hacienda cree ver una movida pro dolarizadora detrás de la resistencia a su plan.
Fuentes del Central consultadas anoche por este diario advirtieron sobre la posibilidad de una inminente renuncia de Blejer. No obstante, dijeron que, llegado ese momento, “no se iría con un portazo”. Incluso, en la reunión de directorio de anoche se llegó a esbozar la posibilidad de aguardar un tiempo prudencial hasta que el Ejecutivo encuentre el reemplazante del presidente del BCRA.
Las dos fuentes consultadas por Página/12 coincidieron: Blejer se irá si se da cuenta de que Eduardo Duhalde le quita respaldo político. Y habríados vías para demostrárselo: avalar un decreto del corralito sin ninguna corrección por parte de los técnicos del Central y desentenderse del pedido del funcionario de sacar, cuanto antes, una “ley de indemnidad”, que sea capaz de amparar al directorio del Central de futuras decisiones, como el cierre y fusiones de bancos.