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Cinco represores volverán a desfilar por Tribunales. Los ex jefes militares Carlos “Pajarito” Suárez Mason, Cristino Nicolaides, Rubén Franco, Juan Bautista Sasiaiñ y Reinaldo Bignone ampliarán su declaración indagatoria en la causa sobre la práctica sistemática de apropiación de menores durante la dictadura. Están procesados y con prisión preventiva, pero en esa investigación se incorporaron nuevos elementos de prueba y por tal motivo deben ser interrogados una vez más para que puedan ejercer su defensa. El juez federal Jorge Urso los indagará a partir del 10 de junio, y deberá trasladarse a Córdoba para la audiencia con Nicolaides, que no puede viajar hasta los Tribunales de Retiro por problemas de salud. “Estimamos que en octubre la causa estará en condiciones de ser elevada a juicio oral”, aseguró a Página/12 una alta fuente judicial.
Cuando la Cámara Federal confirmó los procesamientos de los jerarcas militares acusados entendió que sólo había pruebas para sustentar 22 de los 38 casos de menores apropiados. A partir de entonces los abogados querellantes David Baigún, Alberto Pedroncini, Carlos Cruz y Marcelo Mónaco, junto a los investigadores judiciales, se empeñaron en incorporar al expediente mayor cantidad de testimonios que sustenten la existencia de la apropiación sistemática de menores, en su mayoría hijos de desaparecidos, perpetrada por los represores durante la dictadura. “Estas ampliaciones se van a referir a una cantidad de elementos de prueba más extensos y de mayor fuerza probatoria que los que se tuvieron en cuenta para dictar la primera prisión preventiva”, indicó Pedroncini a Página/12. El letrado precisó que se trata de más pruebas en los casos ya conocidos y muchos más elementos para los nuevos. Uno de ellos es el de Isabel Corbalán de Suárez Nelson, que permanece desaparecida y habría dado a luz en el centro clandestino de La Cacha. Pedroncini agregó que fue crucial en esta etapa del proceso el aporte del informe del Banco Nacional de Datos Genéticos, que contiene pruebas de los hechos anteriores y de los nuevos.
Otro de los casos incorporados al expediente es el de Mariana Zaffaroni Islas, secuestrada con sus padres uruguayos refugiados en nuestro país, trasladada a Automotores Orletti, y localizada por las Abuelas de Plaza de Mayo en 1983 en poder de un represor. El juez federal de San Isidro, Roberto Marquevich, condenó a los autores de su apropiación en 1993 y como la acción penal aún no prescribió, Urso está en condiciones de acusar a Suárez Mason, en tanto ex jefe del Cuerpo I del Ejército, como autor mediato de ese delito.
El juzgado había recibido varios testimonios y agregó otros en copias certificadas provenientes de diferentes causas. Corresponden tanto a casos concluidos como en trámite. Los querellantes aclararon que solamente pueden considerarse como nuevos en relación con esta causa y porque no figuran entre los 22 que la Cámara consideró probados. Algunos de ellos son los de Paula Eva Logares, Anatole y Victoria Julien Grisonas, Marcelo Ruiz Dameri, Clara Anahí Mariani, María Teresa Trotta y Rosa Taranto de Altamiranda. En base a las causas de otros juzgados se incorporaron los casos de Ximena Vicario, Paula Logares, Carla Rutila Artés, Mariana Zaffaroni Islas, Carlos Rodolfo D’Elia, María Sol Tetzlaff, Pablo y Carolina Bianco, Javier Penino Viñas, María Moyano Artigas, Elena Gallinari y María Eugenia Gatica Caricoche, entre otros.
El turno de Bignone es el lunes 10, al día siguiente deberá presentarse Franco, el miércoles 12 Sasiaiñ, Suárez Mason será indagado el martes 18 y el jueves 19 la comitiva judicial viajará a Córdoba para interrogar a Nicolaides. Aunque se trata de un acto de defensa para los represores acusados, en las anteriores oportunidades siempre eligieron el derecho a negarse a hablar. Y nada hace prever que ninguno cambie de estrategia. Luego vendría un nuevo procesamiento, las apelaciones, que tendrán una resolución previsible porque la Cámara Federal ya respaldó la hipótesis central de la investigación, y recién después estará habilitada lafiscalía para pedir la elevación del caso a juicio oral y público, lo que no ocurrirá antes de fin de año.