El trabajo del Gobierno para cerrar acuerdos de precios seguirá hoy a toda marcha. Felisa Miceli irá al mediodía a la sede de la Unión Industrial Argentina para compartir un almuerzo con la cúpula de la entidad. A la tarde, recibirá en el Palacio de Hacienda a los presidentes de las cuatro asociaciones rurales con representación nacional. El objetivo de ambos encuentros es el mismo: ratificar la continuidad de una política que favorece a los sectores productivos, pero también exigir su compromiso para que pueda seguir prosperando con apoyo de la opinión pública. Para ello, la clave es controlar la inflación y esos actores tienen mucho que hacer al respecto.

La estrategia del Ejecutivo es de “palo y zanahoria”, según la describen desde el equipo económico. La prueba está en que al mismo tiempo que la ministra confirmó su disposición a escuchar las inquietudes de los empresarios, su cartera dio a conocer ayer las sanciones de diciembre por deslealtad comercial y violaciones a la ley de defensa del consumidor. El nombre que aparece en primer lugar, con la multa más severa, es un mensaje en sí mismo: Coto, que quedó obligado a pagar 80.000 mil pesos.

Esa cadena es referente del sector supermercadista, con el cual el Gobierno negocia la continuidad de las rebajas a una canasta de bienes esenciales. La otra condición que pone a Coto bajo reflectores es su fuerte participación en el negocio de la carne. Néstor Kirchner convocó la semana pasada a Alfredo Coto para inaugurar las reuniones con empresarios a fin de reclamarles la prórroga de los convenios por esos motivos. En realidad, esa empresa no fue castigada ni por incumplir los acuerdos de precios ni por resistirse a abaratar la carne, sino por “incumplimientos de requisitos de seguridad eléctrica”. En Economía confesaron que el listado de multados demuestra que el Estado tiene distintas herramientas a su alcance para conseguir sus objetivos.

Varias compañías alimentarias, supermercados y distribuidores mayoristas figuran entre los penados. Del primer grupo se destacan Merisant (80.000 pesos de multa), Molinos Río de la Plata (13.000), La Delicia Felipe Fort (10.000), Embotelladora Matriz (10.000), Kraft Foods (10.000) y Establecimientos San Ignacio (8000). Además de Coto, entre los comercializadores se encuentran Cencosud, titular de Jumbo, con dos multas por 45.000 y 15.000 pesos, Easy Homecenter (también de Cencosud) con una sanción por 8000, Falabella (25.000) y Makro (20.000). Otras compañías multadas fueron YPF (15.000), Volkswagen (7000), Swiss Medical (15.000), CableVisión (10.000), Mexicana de Aviación (8000), Lan Chile (8000), Banca Nazionale del Lavoro (5000) y Nuevo Banco del Suquía (3000).

Las sanciones también son una herramienta de presión en la pulseada con la industria de la carne. La semana pasada se ordenó la clausura de tres frigoríficos y en los próximos días podrían sumarse otros. La Secretaría de Agricultura tiene previsto para mediados de esta semana una reunión con la denominada Mesa Ganadera, de la que participan todos los actores de la actividad: productores, consignatarios y frigoríficos. Todos ellos, por su parte, descargan la responsabilidad en los supermercados y las carnicerías. Los funcionarios reconocen que se produjeron bajas en el mercado de Liniers que no fueron trasladados a los consumidores minoristas.

Miceli tocará el tema en su reunión de hoy con la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales, Federación Agraria y Coninagro. El principal planteo de los empresarios será contra las retenciones a las exportaciones agropecuarias. En particular, apuntarán contra el incremento en ese impuesto que dispuso el Ejecutivo sobre las ventas de la carne. “Las últimas subas en la carne se debieron a que la demanda superó ampliamente a la oferta: algo que desde hace años le veníamos advirtiendo al Gobierno ante el creciente efecto de la sojización”, indicó un dirigente ruralista. En la agenda de estos empresarios también figura el reclamo de un programa que permita un crecimiento en la producción de los tambos. La respuesta que dan desde Economía es lo mismo que dijo la ministra a los pocos días de asumir, luego de recibir en su despacho a un grupo empresario que fue a reclamarle una disminución de impuestos: “Todos los sectores consideran que los impuestos que recaen sobre su actividad son distorsivos, pero al mismo tiempo, reclaman servicios del primer mundo”, indicaron ayer a Página/12, para desalentar expectativas empresarias.

En cuanto a los pedidos de la Unión Industrial, el principal será que el Gobierno interceda ante los sindicatos para evitar reclamos de aumentos salariales. El presidente de la central fabril, Héctor Méndez, llevó el tema a la entrevista que mantuvo con Néstor Kirchner la semana pasada en la Casa Rosada. Los industriales habían intentado crear un Consejo Económico Social para establecer una tregua de precios y salarios por 180 días, pero la iniciativa fracasó ante la falta de disposición de la CGT.

En las negociaciones empresa por empresa que lleva adelante el equipo económico para extender los acuerdos de precios se está tomando en consideración el pedido industrial. Así quedó establecido en el convenio que se firmó el último viernes con La Serenísima y SanCor. Aunque el entendimiento es por un año, se aclaró que habrá revisiones bimestrales y que las compañías quedarán libradas para producir ajustes en caso de que durante ese tiempo hayan cambiado algunas de las siguientes variables: las tarifas de los servicios públicos, su estructura general de costos o la grilla salarial.