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El jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, aseguró que “el Gobierno no está en condiciones de devolverles el 13 por ciento a los jubilados y empleados estatales”, que les fue recortado el año pasado a través de un decreto firmado por Fernando de la Rúa. La advertencia fue un mensaje directo a la Corte Suprema de Justicia, que en las próximas horas podría declarar la inconstitucionalidad de esa norma, a semejanza de lo que hizo en febrero pasado con el DNU que creó el corralito financiero.
“La Corte debería respaldar al Gobierno en momentos de crisis como éste”, reclamó Atanasof, reconociendo el problema fiscal que podría generar a Economía la eventual recomposición salarial del sector público o la de los haberes superiores a 500 pesos, aquellos rebanados con la quita delarruista.
Según trascendidos, el Supremo Tribunal podría adoptar el criterio expresado por el procurador general de la Nación, Nicolás Becerra, quien alertó sobre la presunta inconstitucionalidad de aquel recorte.
Semejante contradicción con el criterio expresado por el Ejecutivo, bien podría considerarse una prueba de la inquina que genera en los jueces la posibilidad de que Diputados avance con el juicio político contra la Corte sin que el Poder Ejecutivo bloquee esta posibilidad.
Lejos de una norma que obligue a aumentar salarios y jubilaciones, lo que anhela Economía es un dictamen de la Corte que frene el goteo de los fondos acorralados que generan los amparos. Pero aún no hay seguridad de que este pronunciamiento pueda producirse.