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La pelea que estalló esta semana entre el ministro Roberto Lavagna y el titular del Banco Central, Aldo Pignanelli, detrás de quien se alinearon el FMI y los bancos extranjeros, no se limita a la resolución del corralito sino que va mucho más allá. El Fondo Monetario quiere crear una conducción económica paralela en el Banco Central, independiente del poder político, de modo tal que, cualquiera sea el candidato electo en las próximas elecciones, el rumbo económico fuera el mismo. Los integrantes de la “comisión de expertos” internacionales que llegarán mañana al país –supuestamente, para saldar diferencias de criterio entre el equipo de Lavagna y los técnicos del Fondo– recibieron en las últimas horas un documento secreto preparado por el FMI sobre Argentina. La mitad del informe se ocupa en denunciar “campañas de prensa” y “significativas presiones políticas contra las políticas y directivos del Banco Central”, copado por funcionarios ultraliberales y menemistas (ver aparte). Dice que “las diferencias entre el Ministerio de Economía y el BCRA, en ocasiones, han derivado en conflicto abierto, paralizando la implementación de políticas”. Como se recordará, Lavagna se opuso al bono compulsivo, que defendía el Central, conducido por Mario Blejer y Pignanelli, con el respaldo del Fondo. En este contexto, Washington impulsa la absoluta autonomía política del organismo. Y exige un mecanismo para “resolver disputas entre el Banco Central y gobierno”, como si el organismo monetario no fuera parte del gobierno. Para remover a su presidente, además, pretende que un “tribunal independiente”, en lo posible conformado por extranjeros, revise la decisión del Congreso.
El viernes por la noche, la número dos del FMI, Anne Krueger, llamó telefónicamente a Lavagna para anticiparle que el organismo había decidido aportar a la “comisión de notables” el mencionado documento, como “un elemento más para su evaluación” de la situación del país. Sin embargo, el paper dista de ser una inocente guía turística para los cuatro economistas extranjeros, que mañana mismo se entrevistarán con el presidente Duhalde y el ministro de Economía (ver aparte). Al contrario, busca guiar la agenda de los expertos, con un lenguaje desprovisto de sutilezas.
El informe, de 30 páginas, escrito en inglés y en la tipografía habitual de los documentos oficiales del Fondo, describe en su primera parte la situación económica argentina, destacando el “problema de confianza” en el Gobierno. Desde la página 17 hasta el final, en tanto, se concentra en el tema de la “autonomía del Banco Central”.
En un tono inusualmente político para los austeros técnicos de Washington, el Fondo denuncia allí “presiones”, “amenazas” y “campañas de prensa” sobre la conducción del Banco Central y reclama una serie de medidas aún más audaces que pretendida de ley de inmunidad para su directorio. Apuntan a crear una conducción económica paralela, con más independencia que el propio presidente de la Nación, ya que para echar al titular del Central no bastaría con la decisión del Congreso sino que ésta debería ser revisada por un “tribunal independiente”. La iniciativa es vista con simpatía por el establishment financiero, como una forma de condicionar la política económica del próximo gobierno, cualquiera fuera su signo político.
Los principales puntos del documento son los siguientes:
Salvaguardas contra la interferencia del Gobierno:
- “Las campañas de prensa contra la credibilidad de las políticas del BCRA y sus funcionarios, y los frecuentes cambios a la carta orgánica por decretos del Ejecutivo, evidencian significativas presiones políticas en contra de la independencia del Banco Central”, denuncia el FMI.
- “Las normas generalmente aplicables a las instituciones del sector público no deberían aplicarse al BCRA si resultaran en una limitación a sus capacidades y responsabilidades”, agrega, pidiendo un régimen especial para sus funcionarios, al margen del que establecen las leyes para elresto de los empleados públicos. “La Ley de Emergencia de enero de 2002, que fue aplicada a todas las instituciones públicas, limitó las decisiones del Banco Central en cuestiones presupuestarias y de personal”, ejemplifica.
- “La carta (orgánica del Banco) debería explícitamente enfatizar la autonomía del BCRA”, señala. Y sugiere que “debería penalizarse cualquier intento de funcionarios políticos por influenciar las decisiones del Banco Central a través de intimidación, amenazas o incentivos”.
Reglas para remover al presidente del BCRA:
- “Los motivos y procedimientos de remoción de los miembros del directorio, incluyendo a su presidente, no garantizan que las razones del despido sean determinadas de manera justa y objetiva”, se queja el Fondo, dejando en claro que en el futuro el desplazamiento del titular del Central no debería ser más una decisión política, como todas las que toma el Congreso.
- “Las causas para remover al directorio y al presidente deberían estar más claramente definidos en la carta orgánica. Específicamente, la causa de mala conducta no debería estar vagamente definida”. La mención no es casual. Uno de los pie de página del documento explica que “el presidente del BCRA Pou fue removido el 30 de abril de 2001 con el fundamento de la mala conducta”.
- Actualmente, la decisión de remover al titular del Central la adopta una comisión legislativa. Para el Fondo, en el futuro la decisión debería ser aprobada como si fuera una ley del Congreso. Pero la propuesta no termina allí. “Un tribunal independiente o la Corte Suprema debería siempre revisar la decisión de despedir al presidente del Banco Central”, afirma. Más adelante explica que dicho tribunal independiente podría ser un tribunal internacional.
Resolución de disputas entre el BCRA y el Gobierno:
- Como si el Banco Central no fuera parte del Gobierno –justamente, esa es la idea– el Fondo plantea que “debe establecerse un procedimiento claro y abierto para resolver disputas entre el Banco Central y el Gobierno” (sic). Más aún, advierte que si bien con la nueva autonomía “el Gobierno no tendría derechos para mandar sobre el Banco Central”, podría haber operaciones políticas “en bambalinas” que desvirtuaran la autonomía. Lo expresa así: “el Gobierno podría trabajar en bambalinas (behind the scenes), incluyendo la amenaza de modificar la ley del Banco Central, para limitar su independencia”. En ese caso, de nuevo, como si fuera un gobierno paralelo, recomienda que la entidad deslinde responsabilidades, apartándose de la posición oficial: “Debería quedar absolutamente claro al Ejecutivo, al Legislativo, y al público en general que la responsabilidad por los resultados es del gobierno, no del Banco Central, si éste último es desoído, sus consejos ignorados y su efectividad significativamente limitada por las políticas del gobierno”.
A partir de lo anterior, ¿cuánto podría durar una política económica a la que el staff del Banco Central y del FMI le bajaran públicamente el pulgar?
Autonomía financiera del BCRA:
- Hasta ahora, las ganancias que reportan las reservas del Banco Central (por el interés que devengan en bancos en el exterior) son transferidas al Tesoro como un ingreso presupuestario. De hecho, hasta el año pasado, dichas reservas devengaban entre 800 y 1000 millones de dólares anuales que servían para cubrir las cuentas del Tesoro.
- En el futuro, el Fondo quiere que el Banco Central se quede con dichas ganancias, para mejorar su propio presupuesto o engrosar las reservas. “El Banco Central no debería ser tratado como una entidad presupuestaria dentro de los ingresos fiscales anuales, independientemente del nivel de utilidades (que reporten las reservas)”, asegura.
Crédito del Banco Central al Gobierno:
- “El Banco Central no es completamente libre de negarse a financiar al Gobierno”, dice el documento. Y señala que la emisión monetaria debería restringirse por ley únicamente al otorgamiento de redescuentos a bancos para responder a la salida de depósitos.
Protección legal a los funcionarios del BCRA:
- Es un viejo reclamo de Washington, que Lavagna rechazó cuando el Fondo volvió a lanzarla en la mesa de negociaciones. “Los miembros del directorio y los funcionarios del BCRA deberían ser protegidos legalmente contra las demandas judiciales que se les iniciara por acciones tomadas de buena fe en el ejercicio de sus funciones”.