El intrascendente debate por el aumento del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias para los trabajadores en relación de dependencia refleja mucho más sobre las características de la sociedad que sobre el inequitativo sistema tributario. Muestra los actuales límites político-sociales existentes en la Argentina para avanzar en reformas económicas más relevantes que la aplicación de parches con intervención estatal a un modelo agotado o, en todo caso, que no brinda respuestas para construir bases firmes para un desarrollo con menos desigualdad. La paradoja de esa situación es que esos parches igualmente generan una fuerte resistencia conservadora y críticas histéricas de gendarmes de los buenos modales. De esa forma, consensos vacíos de contenido práctico y llenos de ideología-intereses, que han quedado en evidencia en las semanas de máxima tensión del régimen energético, van estableciendo cada vez más límites a cualquier proyecto de transformación. En ese contexto, los parches quedan expuestos como el máximo desafío posible a las presentes condiciones político-sociales. No resulta sencillo quebrar esa dinámica con los actuales agentes económicos. Esa limitación quedó de manifiesto con la regresiva en términos de distribución del ingreso de la medida que dispone la elevación del mínimo no imponible para la cuarta categoría. Esa iniciativa reúne la aprobación mayoritaria de representantes de las cámaras empresarias y de los sindicatos, acompañada por el elogio casi unánime de los medios de comunicación. Y se trata de una decisión controvertida, que involucra millonarios recursos fiscales y privilegia a una minoría.

El flamante jefe de Gabinete del ministro de Economía, Miguel Peirano, Javier Alvaredo, fue una de las pocas voces críticas cuando se dispuso un ajuste similar en marzo del año pasado. Como economista de la consultora MVA Macroeconomía había señalado a La Nación (15/03/2006) que “no mejora la equidad. La gente que está alcanzada por el impuesto es la parte más alta de la pirámide de la distribución del ingreso”. Hoy, como funcionario, se inhibiría de expresar ese mismo cuestionamiento. A propósito no resulta muy prolijo que Alvaredo haya asumido la tarea de representante de Economía en el Banco Central, en reemplazo de Martín Abeles, debido a que proviene de una consultora de la city vinculada con el economista Mario Vicens, actual titular de ABA, asociación que agrupa a los bancos extranjeros. Más aún cuando Abeles se ocupó de cuestionar la deficiente intervención cambiaria (casi nula volatilidad del tipo de cambio) y posterior esterilización (emisión de Lebac y Nobac), estrategia del Central que facilitaba –antes de la última sacudida bursátil– la contabilización de abultadas ganancias especulativas de bancos y fondos de inversión internacionales.

Aunque parezca contradictorio, la suba del mínimo no imponible que beneficia a un grupo de trabajadores no representa una medida progresista, como apuntó en su momento Alvaredo, cuando trabajaba de analista de la city. En un universo laboral fragmentado, de bajos sueldos y elevada informalidad, esa iniciativa está focalizada en apenas el 13 por ciento de los trabajadores registrados, equivalente al 4,5 por ciento de la fuerza laboral total, según estimó el economista Claudio Lozano. Según la Encuesta Permanente de Hogares, el 90 por ciento de la población relevada en aglomerados urbanos recibe menos de 1890 pesos mensuales. Con el desparpajo que invitan a ejercer los blogs, uno muy interesante dedicado a debatir cuestiones económicas, Economista Serial Crónico, sentenció que “con redistribuidores como éstos, ¿cómo será la derecha?”.

Resulta evidente que existe un problema cuando los salarios deprimidos van recuperando el terreno perdido. La situación ante Ganancias de petroleros, camioneros, pesqueros del sur, obreros de la siderurgia y de la industria automotriz, entre otras ramas industriales dinámicas, se presenta compleja. En el blog mencionado se apunta, con oportuna precisión, la zona geográfica de los beneficiarios, donde se puede observar que la raíz del reclamo del ajuste en el pago de ese impuesto se concentra en las provincias patagónicas (Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut y Neuquén), que tienen sus particularidades en cuanto a niveles de ingresos y costo de la canasta básica de alimentos y servicios. En esos distritos es donde la reducción impositiva favorece a más trabajadores registrados, al alcanzar entre el 20 y el 25 por ciento del total. En el otro extremo se ubica Santiago del Estero, que no llega al 5 por ciento. Podrían haberse explorado otras soluciones, aunque ciertamente no es fácil encontrarlas en el actual escenario político-social, para abordar el conflicto de los recibos de sueldos de esos trabajadores del sur que a medida que conseguían ajustes al alza menos era lo que les quedaba en el bolsillo por la escala de Ganancia.

El cobro de gravámenes sobre los ingresos de los trabajadores existe en muchísimos países. Se lo denomina impuestos sobre los salarios o sobre los ingresos personales; no Impuesto a las Ganancias. La cuestión semántica no es irrelevante. El salario no es la obtención de una ganancia sino la retribución a la fuerza de trabajo. Como se supone, la recaudación de ese rubro en Argentina es muy baja en comparación con países desarrollados, y también es menor a la que se obtiene en Chile y Brasil. Según datos de la OCDE, en las naciones centrales el impuesto a los ingresos de las personas representa entre el 26 (Italia, Alemania) y el 40 por ciento (Estados Unidos, Australia) de la recaudación total. En Argentina, apenas supera el 3 por ciento. Es cierto que para que esa comparación sea completa se debe incorporar un factor esencial: en esos países que más recaudan de los ingresos de las personas ofrecen a la sociedad buenos servicios públicos básicos. No es el caso argentino.

Los investigadores del Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino (Cenda) explicaron en un documento del segundo trimestre del año pasado que el mal denominado Impuesto a las Ganancias de los trabajadores en relación de dependencia es progresivo en sentido doble. “Por un lado, puesto que no afecta a todos los trabajadores, sino sólo a aquellos de más altos ingresos; por otro, debido a que la tasa del impuesto se eleva a medida que son mayores las remuneraciones”, señalaron. Liberar a la mayoría de ese gravamen van en dirección contraria a esa lógica. Otro elemento a considerar en la evaluación de justicia sobre lo que los trabajadores pagan de impuestos se refiere a que todos ellos ya desembolsan –en proporciones diferentes– un monto considerable en función de su consumo por el IVA. Quienes ganan menores salarios consumen todos sus ingresos, entonces pagan proporcionalmente más IVA que aquellos que reciben salarios más altos.

La cuestión equidad tributaria-justos reclamos de aumentos de salarios es muy complicada de resolver debido a las debilidades de la actual estructura del Impuesto a las Ganancias. Esta contiene groseras exenciones, como la renta financiera, el salario de los jueces y las utilidades obtenidas por la venta de activos, que distorsionan el cuadro impositivo y, por lo tanto, la discusión sobre “justicia tributaria”. En esta circunstancia, resulta un absurdo en cuanto a equidad que un asalariado que va recuperando no sin conflictos poder adquisitivo tenga que pagar Ganancias mientras que inversores de la city, hombres de negocios y magistrados no destinan ni un peso a cumplir con ese tributo. Pero el camino a transitar es el de cerrar esas filtraciones y no agrandar el despropósito.

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