Enrique Martínez es titular del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), lugar desde donde desarrolla convenios de asociación empresaria con Venezuela. El gobierno de Hugo Chávez le encargó el diseño de proyectos industriales en distintos rubros, que son alimentados por proveedores argentinos. La iniciativa ya permitió que pymes de Buenos Aires, Rosario y Mendoza vendan al país bolivariano por más de 100 millones de dólares. Varias empresas están yendo a radicarse allí. Sobre el caso Techint, advierte que las últimas estatizaciones caían de maduro y que el grupo de los Rocca podría haberla sacado peor si Chávez se hubiera comportado como lo hace el propio holding en Argentina.

–La Unión Industrial pidió frenar el ingreso de Venezuela al Mercosur porque dice que no respeta a las empresas argentinas. ¿Cuál es la experiencia del INTI?

–El INTI viene trabajando desde agosto de 2007 en varios convenios de cooperación técnica para el proyecto de las 200 fábricas socialistas del siglo XXI. Nos ocupamos del diseño básico y la asistencia técnica para la puesta en marcha de varias empresas controladas por el Estado venezonalo. Este año van a arrancar las primeras 21 empresas equipadas en un 95 por ciento por maquinaria argentina.

–¿Cuál es el rol de las empresas argentinas en esos proyectos?

–Son proveedoras. En muchos casos, yendo a instalarse a Venezuela. Las 21 empresas que están iniciando su proceso de producción están provistas por bienes de capital fabricados en la Argentina. Empresas nacionales que vendieron por más de 100 millones de dólares en maquinarias. Todas pymes. Vendieron equipos para la industria frigorífica, para producir motores, equipos para procesar vegetales o maquinaria agrícola.

–Entonces se puede hacer negocios con el gobierno de Venezuela.

–Para julio del año que viene está prevista la puesta en marcha de otras 51 empresas venezolanas abastecidas por compañías argentinas. Hasta ahora, por las 21 primeras, pymes argentinas de Buenos Aires, Rosario y Mendoza vendieron por más de 100 millones de dólares, lo que implicó la creación de 400 puestos de trabajo directos.

–¿Por ejemplo qué empresas?

–Hay muchas. Por ejemplo, Roque Vasalli, que está instalando allá una ensambladora de consechadoras, o Pauny, que está instalando una ensambladora de tractores. Son empresas que acá tenían enormes dificultades por la caída de la demanda de maquinaria agrícola y que en Venezuela consiguieron una tabla de salvación importantísima. Está la fábrica de motores eléctricos Czerweny, que asociada a empresas venezolanas está encarando el mercado de exportación centroamericano. Hay pymes de Rosario que van a instalar tres plantas para recuperar tubos petroleros para convertirlos en perfiles estructurales para la construcción. Es desarrollo de ingeniería argentina que por fin encontró un lugar donde colocarse. Son pymes que nunca habían exportado. También hay empresas invitadas para participar en la producción de circuitos impresos para celulares o aparatos de televisión. Hay transferencia de tecnología media en la industria metalmecánica. Es un proceso cada vez de mayor intercambio. La industria no es sólo Techint.

–¿Pero existen problemas, tal como plantea la Unión Industrial?

–Una preocupación que tenían los empresarios argentinos era que les pidieran plazos de financiación muy largos para sus ventas, de tres, cuatro o cinco años. Pero no. Les anticiparon el 40 por ciento al contado y el resto se lo están pagando en fecha. Jamás exportaron en esas condiciones. Además, ven que el negocio crece porque el objetivo del gobierno venezolano es completar las cadenas de valor. Si se instalan frigoríficos, entonces siguen más curtiembres, más calzados, más marroquinería. Lo mismo con los alimentos. Al comienzo del gobierno de Chávez, Venezuela importaba el 80 por ciento de los alimentos. Ahora están casi abastecidos en arroz, en harina de maíz y mucho mejor en carne bovina y aviar.

–¿A qué atribuye la reacción de la UIA y otras cámaras patronales?

–Para mí es un mensaje dirigido a la política económica interna. Hay una asociación falaz entre lo que sucede en Argentina y lo que sucede en Venezuela con vocación de que el gobierno argentino declare una y otra vez que no tomará el control de empresas, postergue el proyecto de una compañía testigo para la compra y venta de cereales y deje de lado otras iniciativas de ese tipo. O sea, que detenga el crecimiento del rol del Estado en la economía. Cualquier analista económico percibe que los procesos de Argentina y Venezuela no son paralelos. Hay un proyecto nacional en Venezuela y otro distinto en Argentina.

–Techint dice que se sorprendió con las últimas nacionalizaciones.

–Una vez que Venezuela compró Sidor tenía poco sentido que mantuviera en poder privado una empresa que le compra mineral de hierro al Estado, lo concentra y se lo vende a Sidor. Es decir, le compra al Estado y le vende al Estado. No tenía sentido desde el punto de vista técnico, y si Chávez hubiera razonado con la lógica capitalista más elemental hubiera ahogado a las empresas de Techint, como sucedió en Argentina cuando Acindar estranguló a sus compradores y se quedó con sus empresas, o cuando hizo lo mismo Aluar, o la misma Techint, que regula los beneficios de sus compradores en función del mercado interno. El gobierno venezolano podría haber hecho una operación de pinzas para bajar la rentabilidad de las empresas de Techint y luego comprarlas regaladas. Francamente, y lo digo sin ninguna ironía, el grupo Techint tendría que darle las gracias al gobierno venezolano por no haber estrangulado sus empresas antes de comprarlas, sino que se las compra a precio de mercado.