Italia se sumó ayer al pelotón de los países europeos que vienen aplicando planes de ajuste para reducir el déficit fiscal y regenerar la confianza de los inversores en medio de la crisis. El Consejo de Ministros aprobó un recorte de 24.000 millones de euros para los próximos dos años que contempla el congelamiento de los salarios de los empleados estatales hasta 2013, una reducción de 10 por ciento en los sueldos de los funcionarios políticos y en las partidas de los ministerios, y de 7000 millones en los fondos para regiones, provincias y municipalidades. De este modo, el gobierno de Silvio Berlusconi prevé reducir el déficit de 5,3 a 2,7 por ciento del producto en 2012.

Gianni Letta, subsecretario de la presidencia del Consejo de Ministros, advirtió que los italianos van a tener que hacer “duros sacrificios para evitar terminar como Grecia”, pero ayer no se dieron mayores detalles sobre el plan. No obstante, la prensa italiana dejó trascender que además de la baja de salarios para funcionarios y el recorte de las partidas ministeriales y regionales, el paquete contempla elevar la edad de jubilación de las mujeres para llegar a los 65 años en 2016, frente a los 60 años actuales, y un endurecimiento de los requisitos para tener acceso a las pensiones de invalidez.

Además trascendió que habrá recortes para la financiación de los partidos políticos y un aumento de los impuestos sobre las llamadas StockOptions, los derechos de compra sobre las acciones que tienen los directivos de las compañías. También se mencionó la posibilidad de avanzar con el establecimiento de una “contribución de estancia” para aquellos turistas que pernocten en los hoteles de la capital italiana. Se espera que Silvio Berlusconi y el ministro de Economía y principal artífice de esta intervención, Giulio Tremonti, ofrezcan hoy una conferencia de prensa para brindar detalles sobre el ajuste.

Sin embargo, lo poco que se conoció ayer ya motivó la crítica de los sindicatos. Guglielmo Epifani, líder del mayor sindicato de la península, CGIL, sostuvo en cambio que las medidas son injustas porque exigen sacrificios “sólo a los asalariados”. “Es un programa que no mantiene un principio de equidad”, agregó. Cuando le preguntaron si convocará a una huelga general, respondió que se esperará hasta hoy para tomar cualquier decisión tras evaluar detalladamente las medidas. A las críticas de Epifani se sumó el presidente de la Conferencia de las Regiones, Vasco Errani, que tildó el plan económico de “insostenible”, mientras el presidente de la región de Apulia, el progresista Nichi Vendola, lo calificó como la “mayor carnicería social de la historia italiana”.

Pier Luigi Bersani, líder del Partido Democrático y ex ministro de Desarrollo, aseguró que se trata de un “ajuste represivo” y agregó que, contrariamente a las promesas, el gobierno impulsa “recortes indiscriminados” sin dejar espacio a reforma estructural alguna o medidas que tengan como objetivo el crecimiento. El ex fiscal de Mani Pulite (Manos Limpias), Antonio di Pietro, observó, por cuenta del partido Italia de los Valores: “Sólo podemos compartir elecciones anticipadas para mandar a su casa a este gobierno mentiroso”.

Italia tiene un déficit fiscal de 5,3 por ciento del PIB que el gobierno quiere llevar por debajo del tope de 3 por ciento adoptado por el Pacto de Estabilidad europeo. Sin embargo, la deuda continuará siendo un problema. Representó el 115,8 por ciento del PIB en 2009 y se estima que este año llegará al 118,4 por ciento, muy por encima del 60 por ciento contemplado en el Pacto de Estabilidad. Esa deuda es el talón de aquiles italiano y preocupa en Bruselas porque Italia es la tercera economía de la zona euro, casi siete veces más grande que la de Grecia.