Cuando Nicolae Ceaucescu asumió la presidencia de Rumania, en 1965, decidió fomentar la industria para alcanzar el desarrollo y recurrió al endeudamiento externo para financiar la transformación de una economía tradicionalmente agrícola. La experiencia resultó un fracaso y a principios de los ochenta este régimen comunista que coqueteaba con Occidente entró en crisis. Había acumulado una deuda de 10.000 millones de dólares y por su baja productividad y la escasez de divisas quedó al borde del default. En ese momento, el Fondo Monetario Internacional (FMI) le ofreció ayuda, pero le exigió a cambio una profunda reforma del sistema económico que incluyó un ajuste brutal. La población no lo resistió y en diciembre de 1989 estalló la revolución que terminó con el régimen. A partir de entonces los tiempos cambiaron. Ahora Rumania es un país capitalista que integra la Unión Europea. Sin embargo, desde el año pasado atraviesa una grave crisis y se encuentra al borde del default. Ceaucescu ya no está, pero el FMI sigue y volvió a ofrecer su asistencia a cambio de un recorte del gasto que incluye una baja histórica de 25 por ciento en los salarios y 15 por ciento en las jubilaciones, la mayor de las anunciadas hasta ahora en Europa.

Rumania es uno de los países más pobres de esa región. El salario promedio es de 400 euros y la jubilación mínima de apenas 85 euros. Sobre estos montos se aplicarán los recortes para intentar bajar el déficit público de 7,2 a 5,9 por ciento este año. El impacto que tendrá el ajuste sobre una economía que ya está en recesión será devastador. En 2009 el producto bruto cayó 7,7 por ciento, fundamentalmente por un derrumbe de 19,7 por ciento en la construcción, que venía siendo el principal motor del crecimiento. Eso hizo que la desocupación trepara de 6 a 8 por ciento y se espera que en los próximos meses llegue a 10 por ciento. En lugar de aplicar una política contracíclica para tratar de revertir esta situación, lo que hizo el gobierno conservador de Traian Basescu es ajustar para cumplir con las exigencias del FMI y seguir teniendo acceso a sus líneas de crédito.

Además de la baja de salarios y jubilaciones, prometieron despedir al 10 por ciento de los 140 mil empleados públicos, reducir la ayuda para desocupados, recortar subsidios, como los que cubren el gasto de calefacción, y cerrar 150 hospitales considerados “ineficaces”, lo que le restará 9200 camas al sistema sanitario. Las propuestas figuran en la carta de intención firmada con el Fondo para recibir 900 millones de euros correspondientes a la quinta partida del crédito de 12.950 millones de euros pactado con la entidad en mayo del año pasado, acuerdo que también incluyó una línea de 5000 millones de la Unión Europea sujeta a las mismas condicionalidades.

El presidente Basescu justificó las medidas comparando al sector público con un hombre gordo que está perjudicando a uno flaco (la economía privada). “El gordo quiere comer cuando ve el plato con comida, y no le deja nada al flaco”, aseguró. “Han sentido que el gasto público estaba fuera de control y que la mejor forma de atacar el problema presupuestario es concentrarse en ese punto. Fue su decisión”, sostuvo el representante del FMI para Rumania, Jeffrey Franks, quien intentó así deslindar la responsabilidad del organismo multilateral.

En la década del ’80, cuando Ceaucescu decidió que la prioridad era pagar la deuda, el ajuste también recayó sobre los que menos tenían. Se restringieron las importaciones y se comenzó a exportar casi toda la producción de alimentos. Así se fueron obteniendo las divisas necesarias para cancelar las obligaciones externas, pero empezaron a faltar pan, leche, carne, nafta, electricidad y medicinas. El dictador rumano llegó al extremo de prohibirle a la población el uso de calefacción eléctrica y de lamparitas de más de 40 vatios. Incluso promovió la cría de caballos para reemplazar automóviles por carruajes y disminuir así la demanda de combustible.

Como Ceaucescu era comunista, las críticas de los países occidentales arreciaron y buscaron mostrar el caso rumano como un ejemplo de las penurias que se vivían en el bloque del Este, olvidándose de la participación que también tuvo el FMI en esa debacle. Ahora, en cambio, las medidas tomadas por Basescu son calificadas como “sensatas”. “Rumania se tiene que modernizar y eso requiere esfuerzos”, repiten los burócratas de Washington y Bruselas. Los trabajadores retrucan que el plan es para salvar a los bancos y, al igual que en los ’80, han comenzado a resistir en las calles. El miércoles de la semana pasada unas 50 mil personas protestaron en las calles de Bucarest y el próximo lunes 31 de mayo habrá una huelga general, justo un día antes de que el Parlamento convalide el ajuste.

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