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Dirigentes de distintos partidos de la oposición respaldaron ayer los argumentos del Grupo Techint en su pelea con el Gobierno. La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió; el radical Oscar Aguad, el macrista Cristian Ritondo y el diputado de Proyecto Sur Claudio Lozano coincidieron con el holding en que “es incongruente promover la medida por decreto de necesidad y urgencia cuando está en funcionamiento el Parlamento nacional”, según resumió este último. “La presidenta Cristina Fernández y La Cámpora nos quieren llevar a la ‘chavización’ del país”, interpretó Ritondo, en línea con Martín Berardi, director general de Siderar, la empresa insignia del grupo de los Rocca.

Berardi sostuvo en declaraciones radiales que la medida del Gobierno, que igualó los derechos políticos de los accionistas privados y del Estado en las empresas, “ahuyenta inversiones”. La misma expresión utilizó Aguad, para quien la decisión del Poder Ejecutivo “aumenta el riesgo empresario y, con ello, ahuyenta las inversiones directas privadas que son indispensables para la creación de empleos y el desarrollo del país”. Para el legislador, candidato a gobernador en Córdoba por la UCR, este “intervencionismo del Estado en la toma de decisiones de las empresas significa la profundización de un esquema agotado que le ha hecho perder a la Argentina la mejor oportunidad en su historia”.

Más allá de las declaraciones de CFK (ver nota central) y de los dichos de Amado Boudou y Diego Bossio, el Gobierno hizo notar que al mismo tiempo que representantes de la oposición levantaban la bandera de la supuesta intranquilidad empresaria para invertir, el presidente del Grupo PSA Peugeot-Citroën Argentina, Javier Varela Sobrado, ratificaba ayer el plan de inversiones de la compañía, de 700 millones de euros entre 2010-2012, y anticipaba que este año la automotriz aumentará su producción un 25 por ciento, con 20 por ciento más de ventas locales. “Estamos fabricando casi 720 autos por día laboral, lo cual hace una década era sencillamente impensado”, destacó el directivo.

La diputada y candidata presidencial por la Coalición Cívica, Lilita Carrió, consideró que “el Gobierno busca extorsionar a las empresas en lugar de cuidar el dinero de los argentinos”. “Dicen que ponen directores ahí para velar por la plata de los argentinos, pero en realidad es un plan de La Cámpora para extorsionar, es por esto que no viene ni una inversión al país”, opinó. Lozano, en tanto, estuvo de acuerdo con que la Anses ubique directores en las empresas, pero juzgó “incongruente” que se lo haya hecho por DNU “cuando está en funcionamiento el Congreso nacional”. Techint eligió como estrategia de defensa el mismo argumento.