El Ciadi es un tribunal arbitral dependiente del Banco Mundial que se dedica a resolver controversias entre países e inversores extranjeros. Fue creado en 1965 y la Argentina aceptó su competencia en mayo de 1991, mediante la firma de la llamada Convención Ciadi. El Congreso ratificó esa decisión en 1994 y ese mismo año la reforma constitucional les otorgó a los tratados internacionales una jerarquía superior a las leyes. En la década del ’90, la Argentina ratificó 58 tratados bilaterales de inversión donde delegó la soberanía jurídica en cuestiones económicas al Ciadi. Después de la sanción de la Ley de Emergencia Económica, a principios de 2002, 34 empresas con inversiones en el país presentaron denuncias ante el Ciadi, entre ellas las firmas estadounidenses Azurix y Blue Ridge. Ambas lograron fallos favorables y, como aún no pudieron cobrar, hicieron lobby para que el gobierno de Obama le quitara las preferencias arancelarias a la Argentina.

Azurix abandonó imprevistamente la concesión del servicio de agua potable y cloacas en la provincia de Buenos Aires en marzo de 2002. La compañía argumentó incumplimientos contractuales de parte del Estado provincial y lo demandó ante el Ciadi por 556 millones de dólares. De un día para el otro, 620 mil usuarios de 49 distritos de la provincia quedaron sin proveedor de un servicio público indispensable. En julio de 2006, Azurix obtuvo un fallo favorable por 165,2 millones. La Argentina reconoce el fallo, pero sostiene que la empresa debe presentarse a cobrar ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal de Buenos Aires.

El otro fallo impago involucró inicialmente a CMS Gas Transmission Company, accionista de Transportadora Gas del Norte (TGN). Luego de la pesificación de las tarifas, la empresa demandó a la Argentina por 260 millones de dólares. En mayo de 2005 obtuvo un fallo favorable por 133 millones, pero en 2008 una comisión especial lo anuló en forma parcial. Luego, CMS le vendió su participación en TGS al fondo de inversión Blue Ridge, quien también se quedó con los derechos para reclamar la deuda ante el Ciadi.