Casi al comienzo, un abogado del equipo de Abuelas de Plaza de Mayo les recordó a los jueces parte de lo que quedó pendiente en el Juicio a la Junta Militar. Sólo se juzgó al dictador Jorge Rafael Videla por seis casos de apropiación de bebés y se lo condenó sólo por uno. Eso dejó pendiente una definición de la Justicia sobre el robo de niños como un plan sistemático de la dictadura. “Por eso, señores jueces –pidió el abogado Alan Iud–, por el carácter histórico de este juicio, adelanto que no nos limitaremos a requerir la sanción de los imputados, sino que reclamaremos del Tribunal una decisión acorde con la magnitud de este proceso: que expresamente se declare que durante la dictadura militar se llevó adelante en nuestro país un plan sistemático de apropiación de niños, ejecutado orgánicamente por las Fuerzas Armadas y de seguridad.”

En los Tribunales de Comodoro Py empezó así el primer día de alegatos del juicio por el plan sistemático de robo de niños. La querella de las Abuelas de Plaza de Mayo empezó con este tramo final del juicio en el que se juzga a ocho represores, entre ellos jefes y subordinados de la dictadura. El últimamente locuaz Videla entró a la sala en silencio, esposado, rodeado por hombres del Servicio Penitenciario. Durante las más de seis horas de alegato siguió la lectura de las pruebas con cabeceos que en un momento exasperaron a la presidenta del Tribunal Oral Federal N° 6, la jueza María del Carmen Roqueta: “¿Puede la defensa decirle al acusado que no puede dormir durante el alegato?”, pidió. Reynaldo Bignone, el marino Rubén Franco, el general Santiago Rivero y el prefecto Jorge Azic ocuparon asientos cerca de los apropiadores de Francisco Madariaga Quintela, Víctor Gallo y Susana Colombo. Francisco se sentó en el otro extremo de la sala, dividida por un pasillo que funciona de frontera entre los dos mundos. A su lado, estuvo Estela de Carlotto, que en la apertura los definió como “genocidas y depredadores, peor que los animales, porque todavía reivindican sus crímenes”.

En la sala, delante y detrás del panel de vidrio que separa el público del estrado, se ubicaron los nietos. Paula Logares cerca de su abuela Elsa Pavón, paciente escucha de cada audiencia. Estuvo el ahora diputado Horacio Pietragalla, y entre otros, desde Chaco, llegaron Emilio Goya y también Laura Catalina de Sanctis Ovando.

Antes de enumerar las pruebas de los 35 casos del juicio –26 de los cuales son adultos que recuperaron su identidad– y las dinámicas de los centros clandestinos por donde pasaron sus madres, el equipo de abogados de Abuelas (integrado por María Inés Bedia, Florencia Sotelo, Colleen Torre, Germán Kexel, Emanuel Lovelli, Agustín Chit, Mariano Gaitán, Luciano Hazan y Alan Iud) presentó las líneas generales del plan y las pruebas adelantadas por este diario en su edición del sábado pasado.

“Como bien sabe el Tribunal, este proceso se inició hace más de quince años, con la denuncia de un grupo de Abuelas de Plaza de Mayo, buscando alcanzar un poco de justicia por el despojo de sus nietos de sus legítimas familias –dijo Iud–. En un contexto de absoluta impunidad, era una muestra más de la incansable lucha de esas Abuelas, siempre por las vías legales, por la memoria, la verdad y la justicia.”

Las causas que llegaron a debate avanzaron “sin un criterio claro de selección” y “quedaron afuera potenciales imputados por hechos análogos”. De la mano de las demoras, dijeron, fallecieron muchos acusados con impunidad por este caso, como Emilio Eduardo Massera, Guillermo Suárez Mason o Cristino Nicolaides. Lo mismo sucedió con las abuelas.

Antes de pedirles a los jueces aquella definición jurídica aún pendiente, los abogados subrayaron la enorme cantidad de pruebas que produjo este debate. Acaso la más contundente, explicaron, fue el testimonio de veinte de esos niños apropiados: “Como es evidente, no hay prueba más contundente de la sistematicidad de la apropiación de niños durante el terrorismo de Estado que los relatos de aquellos niños, hoy adultos, nacidos en los centros clandestinos de detención y criados en la mentira”, dijo Iud. Y para enfatizar la idea del plan, agregó que fue parte de una dictadura cuyo “objetivo fue erradicar la construcción de un país distinto”.

“Quien se pregunte si la dictadura militar tuvo por objetivo satisfacer los deseos egoístas de paternidad de algunos oficiales, suboficiales o familias vinculadas con aquéllos estará errando el punto de partida.”

Entre el público se agruparon otros nietos que no están en esta causa y algunos que siguen buscando a sus hermanos. La lectura de pruebas continuará durante el día de hoy y terminará posiblemente esta misma tarde con el pedido de condenas.

Los abogados situaron el primer caso de apropiación en 1976, apenas sucedido el golpe. Y explicaron que con el tiempo, el robo creó sus propias instituciones burocráticas: a partir de mediados de 1977, por ejemplo, aparecieron espacios para las maternidades clandestinas en el Hospital Militar de Campo de Mayo y en la ESMA.

Los militares “tomaron la decisión de que los niños no fueran devueltos a sus familias muy tempranamente”, dijeron. La separación se produjo de las más diversas formas: principalmente, por medio de la entrega a familias de represores o allegados, que los anotaron como hijos biológicos; en algunos casos excepcionales los entregaron a familias de las cuales no se conocen vínculos con el terrorismo de Estado o a través de procedimientos de adopción como mecanismo de “blanqueo”.

“Veremos, entonces –dijo el equipo–, que la suerte de estos niños estuvo atada a la de sus padres. Así, aquellas mujeres que dieron a luz en cautiverio, pero que fueron liberadas, como Paula Ogando, Celina Galeano o Marta Alvarez, no sufrieron la apropiación de sus hijos. En cambio, aquellos niños nacidos en cautiverio y cuyas madres continúan desaparecidas, no fueron entregados a sus familias. Esto se debe, precisamente, a que la sustracción sistemática integró el plan sistemático de desaparición de personas.” La devolución implicaba reconocer la existencia de los secuestrados, por eso “pretendieron que esas criaturas jamás llegaran a manos de sus familiares, así los convirtieron en desaparecidos en vida y con ello continuaron perpetrado la desaparición forzada de sus madres”.

Entre otras pruebas, mencionaron el memorándum de 1982 escrito por Elliot Abrams, funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos, luego de entrevistarse con el embajador argentino en Washington. Abrams proponía la mediación de la Iglesia para intervenir en estos casos. “Parece ingenua esa mención –dijo Iud– porque la Iglesia era plenamente consciente de la apropiación de niños, llegando a tener varias instancias de complicidad como diremos en este alegato.”