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El mismo día que Horst Köhler iniciaba sus gestiones en el país, el Gobierno creó el Registro Unico de Deudores Hipotecarios para quienes tengan suspendidas las ejecuciones hipotecarias de sus viviendas, o estén en vías de recibir la ejecución, al tiempo que estudia entregar un subsidio para los deudores. El anuncio lo formuló el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, quien destacó que esta iniciativa “busca crear un mecanismo que solucione el problema de los deudores hipotecarios con los bancos, de una manera que no afecte los derechos de los bancos ni los del fisco”. El director gerente del Fondo había cuestionado severamente la suspensión de las ejecuciones, dispuesta por 90 días y prorrogada por otros 90 en el Congreso.
“Pensamos que por esta vía estamos empezando a dar una solución definitiva a un problema que afecta a un número importante de familias”, apuntó Alberto Fernández. “Creemos que debemos hacerlo con la inteligencia de no comprometer las cuentas fiscales y sin afectar los derechos de los acreedores”, mencionó el funcionario al presentar el tema. Los deudores comprendidos en las prórrogas de ejecuciones hipotecarias dispuestas por las leyes 25640 y 25737 tendrán un plazo de 45 días para inscribirse a partir de la puesta en marcha del decreto 247 que ayer firmó el presidente de la Nación, Néstor Kirchner. En el Registro también podrán inscribirse los acreedores para recibir información sobre la situación de sus créditos, “con el sólo efecto de controlar sus derechos”, según precisó Fernández. El Ministerio de Economía, como autoridad de aplicación, deberá dictar toda la normativa complementaria para poner en marcha el registro dentro de los diez días de publicado en el Boletín Oficial.
El Palacio de Hacienda “buscará la forma de financiamiento para resolver el problema, que tenderá a ser un subsidio para esos deudores, y definir las condiciones” que deberá cumplir quien aspire a recibir el beneficio. Todo ese mecanismo deberá ser avalado por una ley del Congreso.
Alberto Fernández no quiso “aventurar cifras” sobre la cantidad de deudores involucrados. “Vamos a tener que atender centralmente a los que están afectados por el sistema financiero”, dijo, no descartando que posteriormente se disponga algún tipo de medida por los deudores hipotecarios en el sistema informal o por contratos privados (por escribanía). El jefe de Gabinete precisó que “quien no se inscriba, no podrá alegar el derechos después a gozar de los beneficios que la eventual ley dicte”.
Fernández negó que esta medida se tome por la presión ejercida por el Fondo Monetario Internacional, que pidió el veto a la ley que prorrogó las ejecuciones. El director gerente del Fondo Monetario volvió a expresar ayer su preocupación por el decreto que suspende las ejecuciones hipotecarias en la reunión que mantuvo con representantes del sector empresario y del sistema financiero. La presidenta del Banco Nación, Felisa Miceli, fue quien relató al término del encuentro la inquietud de Köhler. “Se le explicó claramente que (la postergación de las ejecuciones) es una cuestión absolutamente transitoria, producto de las crisis, y que no es para nada objetivo de nadie continuar con esto, sino encontrar una solución a los deudores de vivienda única”, detalló Miceli.
“Esta medida la teníamos en estudio hace tiempo, es un problema que no puede dilatarse más”, destacó en tanto el jefe de ministros durante la conferencia de prensa en la Casa Rosada. Pero explicó que desde el Gobierno no se pretende “generar privilegios entre quienes reciban esta ayuda y aquellos que, con esfuerzo, pagan sus viviendas”. “El Registro no es la solución definitiva: la solución definitiva va a dictarla, finalmente, el proyecto de ley que elevaremos al Congreso de la Nación 15 días después de concluido el período de registro”, agregó el jefe de Gabinete. “La idea, justamente, es buscar un mecanismo por el cual se pueda resolver definitivamente la situación de los deudores hipotecarios para con los bancos, sin afectar los derechos de los bancos y tampoco los intereses del fisco”.