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Las funcionarios que establecieron el corralito sobre los depósitos y los que decidieron un mes después la pesificación serán denunciados penalmente ante la Audiencia Nacional de España. De esta manera ya no serán sólo las matrices de los bancos locales las demandadas, sino también las autoridades que participaron del proceso. La opción por el fuero español responde, según los demandantes, a la “impotencia” por la “inoperancia de la Justicia argentina”.
Al igual que en su momento ocurrió con el ex dictador chileno Augusto Pinochet, la demanda podría dar lugar a pedidos de captura internacional o detenciones. El abogado de los ahorristas en España, Francisco Morera Bosch, destacó ayer en Buenos Aires que la “querella criminal por estafa”, puede provocar “efectos colaterales” como encarcelamientos, pero que su objetivo principal es la recuperación de los fondos depositados.
La demanda ante la justicia española incluye también a quienes desempeñaban cargos con poder de decisión en los bancos Francés y Río, filiales locales de los españoles Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) y Santander Central Hispano (BSCH). Se trata de las dos principales entidades de España que, por estos días, también son fuertemente cuestionados en la propia península. Las críticas a su ética empresaria incluyen un sinnúmero de operaciones poco claras, como el lavado de dinero mediante firmas vinculadas (BSCH), la financiación de campañas políticas -como en el caso del BBVA con Chávez en Venezuela– y el desvío de fondos hacia cuentas de los integrantes del directorio (BBVA). Algunos de estos casos ya están siendo investigados por la Audiencia Nacional.
La nueva denuncia penal será radicada por miembros de la Asociación Hispano Argentina de Perjudicados por el Corralito, un colectivo formado en Madrid por 250 personas de distintas nacionalidades, principalmente argentinos, pero también españoles, ecuatorianos y uruguayos, entre otros.
“Ante la impotencia de estas personas y la inoperancia de la justicia argentina, los perjudicados han decidido llamar a otras puertas y han visto la posibilidad de que el derecho constitucional de propiedad, que es un derecho inalienable y que aquí se lo han pasado por alto, pueda ser respetado desde otros fueros”, explicó Morera Bosch.
“Tras bastante tiempo de estudio se ha visto que la jurisdicción penal (española) era la idónea” para radicar la querella, cuya presentación estimó para el próximo 31 de julio. “Lo haremos ante la Audiencia Nacional no solamente por la rapidez con la que se podría solucionar este problema, que debería ser en un año más o menos, sino también por la seguridad jurídica, la efectividad y la economía para los propios ahorradores”, consideró.
En Argentina, sin embargo –y a pesar de los guiños entre la Corte Suprema con los restantes poderes–, la Justicia emitió fallos favorables a los ahorristas. Basta recordar la declaración de inconstitucionalidad de la Corte Suprema en el caso Smith, del Superior Tribunal de Río Negro en el caso de la Banca Nazionale del Lavoro, la reciente declaración de inconstitucionalidad de la Cámara Federal de La Plata y la infinidad de fallos de primera instancia en el mismo sentido. Vale recordar también que los juzgados en lo Contencioso Administrativo recibieron en el primer semestre 5 veces más demandas (200 mil), que en todo el año pasado (40 mil). En todo caso, el problema no parece alcanzar sólo al Poder Judicial.