Desde Beijing

El gobierno tibetano en el exilio aseguró ayer que las autoridades chinas han lanzado una campaña de detenciones masivas en Lhasa para localizar a los sospechosos de haber participado en las violentas protestas que tuvieron lugar el viernes pasado en la capital tibetana, y que dejaron más de 80 muertos según los seguidores del Dalai Lama, líder espiritual de los tibetanos, y 16, según Beijing. Los disidentes afirman que las fuerzas armadas han ido casa por casa en su busca y han arrestado también a todos los “antiguos prisioneros políticos”.

Qiangba Puncog, gobernador de la región autónoma china, esgrimió la habitual estrategia china del palo y la zanahoria. Prometió clemencia para quienes se entreguen a la policía, mano dura para quienes no lo hagan y recompensas para los delatores. “Si estas personas se entregan por voluntad propia, serán tratadas con indulgencia en el marco de la ley. Y si proporcionan información adicional sobre otros participantes en estos crímenes, recibirán aún más clemencia”, afirmó. De lo contrario, “será tratados con extrema dureza”. El gobernador de Tíbet aseguró que los manifestantes actuaron de forma “brutal”. Dijo que rociaron con gasolina a una persona y la quemaron viva, y que a un policía “le cortaron con un cuchillo un trozo de carne del glúteo del tamaño de un puño”.

El centro de Lhasa seguía ayer sellado, y tanquetas y cientos de soldados patrullaban la ciudad, que, sin embargo, comenzaba a retomar la actividad. Algunos comercios volvieron a abrir las puertas y la gente, a ir al trabajo, según relataron algunos residentes. Sin embargo, los turistas extranjeros seguían dejando Tíbet, donde los principales monasterios de la capital continúan cerrados y han sido suspendidos los recorridos de montaña. Quienes no se han ido permanecen recluidos en los hoteles por orden de la policía. Las autoridades han cancelado la concesión de visados para visitar el territorio del Himalaya.

Cientos de tibetanos fueron arrestados durante el fin de semana, especialmente hombres jóvenes, según la organización no gubernamental Tibetan Centre for Human Rights and Democracy, con sede en Dharamsala, hogar del Dalai Lama y sede del gobierno tibetano en el exilio. Muchos de ellos fueron golpeados cuando eran detenidos, según la ONG. “La policía debe de tener imágenes grabadas de mucha gente que participó en la revuelta, y está efectuando registros y detenciones”, cuenta por teléfono un residente extranjero, que conoce bien la ciudad y solicita el anonimato. “Y continuará en la misma tónica seguramente los próximos días”, añade. Ayer a medianoche expiró el ultimátum dado por las autoridades para que se entregasen quienes participaron en los disturbios. Puncog, que elevó de 10 a 16 la cifra oficial de fallecidos dada el día anterior, insistió en que las fuerzas armadas que reprimieron la revuelta “no llevaban ni utilizaron armas letales”. “Puedo asegurar que no se emplearon armas de fuego”, dijo. Su afirmación contradice las declaraciones de testigos chinos y occidentales, que aseguran que vieron y oyeron disparos el viernes y el fin de semana.

Beijing está seriamente preocupado por las consecuencias que la crisis pueda tener sobre los Juegos Olímpicos, el próximo agosto. Algunos deportistas han comenzado a plantearse la posibilidad de un boicot, según reconoció Thomas Bach, vicepresidente del Comité Olímpico Internacional.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.