A un año y medio de la desaparición de Jorge Julio López la investigación judicial sobre su destino es un “fracaso”. Así lo admitió ante Página/12 el juez de la causa Arnaldo Corazza, y agregó que no tienen ninguna “pista concreta”. El magistrado está a punto de indagar a una veintena de agentes del Servicio Penitenciario Federal (SPF) por haber frustrado la obtención de pruebas durante un allanamiento que ordenó el año pasado al penal de Marcos Paz. Ese hecho es quizás la evidencia más contundente de lo que los querellantes calificaron hace tiempo como una mezcla de “inoperancia, complicidad y encubrimiento” que ejercieron durante este tiempo “los funcionarios y las fuerzas de seguridad” a cargo de la búsqueda del testigo y sus captores. Cinco representantes de Justicia Ya! fueron recibidos ayer por el juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, quien se mostró sorprendido de que el expediente aún no haya sido caratulado como “desaparición forzada de persona”, ya que, según expresó, “el Gobierno lo reconoció así”.

Cuando todavía resonaban voces oficiales y de las otras diciendo que López, el testigo que con su declaración contribuyó a la condena del represor Miguel Etchecolatz, estaba debajo de un puente o se había ausentado por su voluntad, la Justicia inició la investigación como una simple búsqueda de persona. Incluso cuando el caso pasó al fuero federal el expediente siguió denominándose “su denuncia”. Por la insistencia de los querellantes, el juez Corazza aceptó la propuesta del fiscal Sergio Franco de cambiarlo a “López, Jorge Julio, su desaparición”.

El detalle no es menor. Si hubieran considerado el hecho como una desaparición forzada de persona habrían podido disponer de otras herramientas de investigación que la legislación habilita para estos casos. “Así habrían superado las limitaciones materiales de las que se queja el juez Corazza”, explicó a este diario la abogada Guadalupe Godoy, que junto a Myriam Bregman representó a López en aquel juicio. Pero la importancia de cambiar la calificación reside en que esa figura conlleva el reconocimiento de que el Estado es responsable por no haber evitado la desaparición y por la falta de respuesta posterior.

Los querellantes apelaron ante la Cámara Federal platense el rechazo del juzgado al cambio de calificación, como así también la negativa de apartar de la investigación a la Policía Bonaerense, otro persistente reclamo. Si bien es cierto que, como dicen en el juzgado, casi todas las medidas fueron realizadas por las tres fuerzas asignadas, además de la Bonaerense la Policía Federal y la Secretaría de Inteligencia, varias de las más groseras irregularidades fueron cometidas por los uniformados provinciales, según vienen denunciando los querellantes.

Bregman, Godoy, Adriana Calvo (Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos), Carlos Leavi (CTA La Plata) y Cristina Gioglio (Unión por los Derechos Humanos, expusieron ayer por la tarde al ministro Lorenzetti sobre el “estado desastroso” en que se encuentra la causa, su preocupación porque “está paralizada”, y responsabilizaron no sólo al juez y a los fiscales del caso sino también a los gobiernos provincial y nacional. “No sólo son los que están a cargo de las fuerzas de seguridad que intervinieron en la investigación sino que tuvieron posibilidad de generar herramientas para resolver esto y no lo hicieron”, fue la frase que utilizó Godoy. Según relató la abogada, Lorenzetti se asombró de que sus interlocutores denunciaran la “indiferencia del Poder Ejecutivo”, porque, según dijo, el ex presidente Néstor Kirchner no dejó nunca de mencionar a López en sus discursos.

Mientras esperaban un café o un vaso de agua que nunca llegaron, el juez de la Corte les preguntó sobre el desempeño de la fiscalía. Le respondieron que “recién ahora” el procurador general, Esteban Righi había aportado un nuevo contrato de refuerzo. Y no dejaron pasar la oportunidad para recordar que Righi dictaminó a favor de que la causa quedara en la Justicia ordinaria y no pasara al fuero federal.

Luego de que los visitantes le detallaron las “nefastas falencias” de la causa, el supremo les explicó que la Corte tiene limitaciones jurisdiccionales para intervenir. Sin embargo, les pidió que entreguen por escrito el informe que acababan de hacerle y los representantes de Justicia Ya! salieron del despacho con su compromiso de interesarse en la cuestión. “No le estamos pidiendo un per saltum sino que intervenga por denegación de justicia en este caso que tiene gravedad institucional”, le aclararon antes de irse.

La pista frustrada en Marcos Paz por el SPF era fundamental, según el fiscal Franco, y apuntaba a los vínculos de los represores que están presos allí con un grupo que habría operado desde el exterior. El juez Corazza fijó para después de la Semana Santa las declaraciones indagatorias en esa causa conexa, iniciada por el fiscal tras comprobar las irregularidades del allanamiento al penal. “Asumo la responsabilidad que me toca, nunca tuve una causa tan compleja como ésta y voy a seguir trabajando”, dijo el magistrado a este diario tras haber reconocido su derrota en la resolución del misterio que rodea la desaparición de López. De sus palabras y sus recientes decisiones surge que intentará avanzar, al menos, en el esclarecimiento de los encubridores del caso.