El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, envió ayer oficialmente al Congreso el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Colombia, lo que pone al acuerdo ante su prueba definitiva: los legisladores tendrán ahora 90 días laborales para votar si lo ratifican o rechazan. El acuerdo cuenta con una fuerte oposición demócrata, que tiene mayoría en ambas cámaras, por tanto, no tiene asegurada su aprobación. Además de los recelos al texto, el acuerdo se enmarca en el debate político sobre el legado de Bush en sus últimos meses en el cargo. También el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Henry Paulson, durante la asamblea anual de BID en Miami, llamó al Congreso a que apruebe sin demora el TLC con Colombia.

El envío de ayer, antes de que exista un consenso en el Congreso, supone una forma de presión por parte del presidente, quien quiere que el TLC sea aprobado antes de abandonar la Casa Blanca el 20 de enero de 2009.

Rodeado de su gabinete, Bush firmó la carta que remite al Congreso el acuerdo, que fue rubricado por Washington y Bogotá hace 16 meses. El parlamento colombiano lo ratificó inmediatamente y lo volvió a hacer cuando en mayo de 2007 el Congreso estadounidense estableció nuevas normas laborales para los acuerdos de comercio. “El camino para el Congreso está claro. Sus miembros deben tener un debate sano, acordar una votación a tiempo y enviar el texto que implemente el TLC con Colombia a mi mesa para que pueda firmarlo como ley”, aseguró Bush.

El mandatario estadounidense insistió en que el TLC con Colombia no sólo tiene importancia económica sino geoestratégica, porque el gobierno de Bogotá es el principal aliado de Washington en la zona. Bush recordó que Colombia está amenazado por los “terroristas” de la guerrilla de las FARC y por “el régimen antiestadounidense de Venezuela”. Por ello, Bush convirtió el TLC con Colombia en uno de sus principales caballos de batalla en los últimos meses, implicándose personalmente y también a numerosos miembros de su gabinete, no sólo al secretario de Comercio, Carlos Gutiérrez. La propia secretaria de Estado, Condoleezza Rice, por ejemplo, encabezó una delegación del Congreso a Colombia en enero, y ayer firmó un artículo de opinión en The Wall Street Journal pidiendo apoyo para el acuerdo.

El presidente utilizó los poderes que le concede la ley Fast Track (Camino rápido) para enviar al Congreso el acuerdo, aunque hasta ahora los anteriores textos que se regían por el mismo método fueron acordados previamente con los líderes demócratas. Así fue aprobado en noviembre el TLC con Perú, que la administración Bush pone como ejemplo para Colombia.

Por dicha ley, el Congreso tiene 90 días laborales para aprobar o rechazar el texto y no tiene capacidad para introducir enmiendas. Según explicó la representante estadounidense para Comercio, Susan Schwab, el cálculo de los plazos asegura que, con el envío ayer, el Capitolio tendrá que votar antes de cerrar sus sesiones el 26 de septiembre.

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, y el presidente del Comité de Medios y Arbitrios, Charles Rangel, se negaron ayer a aprobar el TLC con Colombia, después de que Bush anunciara su intención de forzar su ratificación. “Bajo las actuales circunstancias, no podemos apoyar el TLC con Colombia”, afirmaron Pelosi y Rangel, en un comunicado conjunto. “Pese a los avances logrados por el presidente Uribe, Colombia sigue siendo un lugar peligroso para los sindicalistas. Además, para los que perpetran ese tipo de violencia existen pocas amenazas de que sean enjuiciados y castigados”, añadieron los dos representantes.

Momentos antes, en una primera reacción, el jefe de la mayoría del Senado, Harry Reid, calificó la decisión unilateral del mandatario republicano de “gran error”. El moderado presidente del Comité de Finanzas del Senado, Max Baucus, utilizó las mismas palabras. La mayoría demócrata ha señalado varias veces que no dará su apoyo al acuerdo, hasta que Colombia realice más progresos en materia de protección de sindicalistas y en la investigación de las relaciones entre autoridades y legisladores y los paramilitares de extrema derecha.

Los demócratas también reclaman que se amplíen las compensaciones a trabajadores estadounidenses afectados por los TLC. Esa es la principal arma negociadora del gobierno, que podría incrementar la dotación de la Ley de Ajuste Comercial a cambio del apoyo al TLC con Colombia.