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Por Giles Tremlett *
Desde Madrid

El gobernante Partido Popular (PP, centroderecha) canalizó unos 75.000 dólares de fondos del Estado a una fundación dedicada a la memoria del general Franco, el dictador que gobernó a España con puño de hierro durante 40 años, se reveló ayer. Durante los dos últimos años el Ministerio de Cultura gastó cerca del 10 por ciento de sus fondos totales dedicados a subvencionar archivos independientes para ayudar a la Fundación Nacional Francisco Franco a computarizar sus archivos. Esta institución ha sido criticado por permitir el acceso a sus archivos sólo a los simpatizantes de Franco. Altos miembros del Partido Popular del primer ministro José María Aznar condenaron ayer los subsidios. “No es razonable que el dinero del Estado sea gastado en promocionar los valores de un dictador”, dijo el jefe del Partido Popular en Cataluña, Alberto Fernández.
“Modesto, honesto y providencial”, es como el sitio de la fundación en la web describe al hombre conocido como el “Generalísimo” y que es tenido como responsable por los asesinatos sumarios de decenas de miles de españoles. La fundación, dirigida por la hija de Franco, Pilar, también declara que la rebelión militar de 1936 contra el gobierno electo, que desató la Guerra Civil Española y permitió que el general tomara el poder, era legal y legítima. Entre los objetivos establecidos por la fundación está la organización, cada año, de ceremonias para conmemorar la muerte de Franco. También se encarga de mantener montañas de flores frescas sobre su tumba y la de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, partido de extrema derecha.
“Estos subsidios son a la vez inmorales y democráticamente deplorables”, dijo la vocera de Cultura del Partido Socialista, Carmen Chacón. “La única gente que tiene acceso a sus archivos son aquellos que pasan a través de su sistema de filtro sectario e ideológico.” Entre los que tienen prohibido el acceso a los archivos está el historiador británico y biógrafo de Franco, Paul Preston. La fundación enfureció a los sindicatos y otras organizaciones en Cataluña, a las que se ha negado el permiso para reclamar documentos tomados de sus archivos durante la Guerra Civil. Los archivos están depositados a cientos de kilómetros en una biblioteca militar en Salamanca. “El gobierno se niega a regresar nuestros archivos pero financia aquéllos de la gente que los robó”, dijo José Andreu, archivista de la Unión de Trabajadores Generales de Cataluña, que descubrió que los subsidios estaban siendo entregados. Dijo que la fundación había recibido siete veces más financiación pública que cualquier otro archivo privado en los últimos dos años.
Juan Allende, un vocero del Ministerio de Cultura, describió la financiación como “un gran éxito”. “Significa que los archivos son accesibles libremente a los historiadores y al público”, dijo. Pero los historiadores dijeron que los archivos, que contienen 27.000 documentos, todavía estaban cerrados. “El ministerio debe obligarlos a abrir sus puertas”, dijo Javier Tussell, un historiador. La pelea llega pocos días después que el alcalde del Partido Popular de Cataluña fuera obligado a retirar un libro financiado públicamente en el que ponderaba algunas de las políticas de Franco.

* De The Guardian de Gran Bretaña, especial para Página/12.
Traducción: C.D.