Desde Santa Cruz

La Prefectura de Pando fue rodeada por 300 militares. Cinco entraron a parlamentar y salieron en pocos minutos con el prefecto Leopoldo Fernández, que fue enviado a La Paz en el avión que habitualmente usa el presidente Evo Morales. “Esta detención está en el marco del estado de sitio, es legal y constitucional. Nadie puede oponerse cuando se trata de defender la vida, cuando se trata de defender el patrimonio del pueblo boliviano. Ojalá las instituciones llamadas a juzgar, juzguen”, dijo el dueño del avión en conferencia de prensa. Anoche, el prefecto de Tarija y representante de la Media Luna, Mario Cossío, firmó un preacuerdo de diálogo ante un cardenal, esperando hacerlo mañana en vivo y en directo con el gobierno de Evo Morales. A su vez el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, anunció que firmará el preacuerdo también a pesar de la detención de su colega de Pando.

Antes, Cossío había entrado en cólera ante el arresto de su colega en Pando. “Si este tipo de decisiones del gobierno nacional buscan romper el proceso de diálogo en que estábamos trabajando, yo quiero señalar con toda tranquilidad que nosotros no vamos a romper el diálogo.” Como muestra de buena voluntad, Cossío pidió a sus cívicos aliados levantar los cortes que perduran en varias rutas de la sureña Tarija.

El Comité Pro Santa Cruz se reunió ayer de emergencia y sacó un pronunciamiento donde exigió la inmediata liberación de Fernández, el levantamiento del estado de sitio y una investigación imparcial sobre la masacre de 30 personas en Pando. Esta cifra que aún no se pudo confirmar porque la zona donde fueron asesinados los campesinos todavía se encuentra controlada por grupos armados afiliados a la Prefectura, según denuncia Morales. Oficialmente son 15 los muertos. Los campesinos que se salvaron de las balas aseguran que son 70.

El comité, presidido por el agroindustrial y hacendado Branko Marinkovic, definió: “Llamar a la población a no caer en la trampa de dejarse provocar por la violencia que quiere impulsar el Movimiento Al Socialismo (MAS). También llamamos al presidente Evo Morales a suspender esa estrategia de provocar la violencia. Declaramos ante nuestra población, ante el país y el mundo que nuestra voluntad es de paz y que cualquier hecho violento será responsabilidad exclusiva del gobierno del MAS, de sus dirigentes y del gobierno nacional, que es quien controla a estos militantes masistas”. En esta ciudad, los comiteístas mantienen tomados 26 edificios del Estado, cuyos trabajadores programan mudarse al Plan 3000. Este barrio, que reúne a los marginados de Santa Cruz, fue atacado la semana pasada por la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), cuyos combatientes terminaron en fuga.

El presidente ayer comentó los resultados de la Cumbre de la Unión de Naciones de Sudamérica (Unasur) de Chile, donde percibió que “Bolivia no está sola, este proceso de cambio no está solo. Las transformaciones del gobierno están acompañadas por los once gobiernos de Unasur, más otros de América latina y Europa”.

Agregó: “Ojalá los grupos opositores puedan escuchar el clamor unánime de Unasur. No es sólo una sigla. No sólo se preocupa, también se ocupa y se moviliza para que regionalmente solucionemos los problemas políticos. Y no esperar a un patrón del norte para que resuelva los problemas regionales, como antes”.

Según Morales, las reuniones con cívicos y prefectos de la Media Luna (Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca) ayudan a crear “la base para seguir dialogando. Todavía no empezamos a compatibilizar la nueva Constitución con los estatutos autonómicos. En el marco de la legalidad y la nueva Constitución vamos a garantizar las autonomías departamentales. Vamos a solucionar la discusión por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), en consenso con los prefectos y otras organizaciones que lucharon por la nacionalización de los recursos naturales”, dijo en referencia a la Guerra del Gas, que en octubre de 2003 dejó 70 muertos por balas del ejército en El Alto, La Paz.

El presidente dijo: “Me he informado por los medios del inicio del proceso por genocidio contra el prefecto de Pando. Es obligación de la Justicia, por fin, hacer respetar la vida y las instituciones. Hace tiempo había dicho que no me siento acompañado por la Justicia. Ahora se demuestra que nadie puede oponerse a defender la vida y la propiedad pública y privada. Es constitucional”.

El fiscal general de la Nación, Mario Uribe, se apresuró a aclarar que él sólo había iniciado un “proceso penal” por genocidio contra el prefecto, el ex alcalde de Cobija Miguel Becerra y el senador de Unidad Nacional (UN) Abraham Cuéllar. Los dos últimos, opositores locales de Fernández, todavía no fueron apresados.

Según Uribe, la detención fue ordenada por Morales: “Por lo que establece la Constitución, en un estado de sitio la autoridad ejecutiva tiene facultades de proceder al arresto de determinadas personas que atentan contra el orden público”, dijo. Desde el gobierno indicaron que Fernández estaría preso en La Paz al menos por 90 días, que es la duración constitucional de un estado de sitio. Aún no fue designado el prefecto interino.