La acusación de la autoría intelectual de la masacre de Porvenir es sin dudas la más grave denuncia que Leopoldo Fernández recibió. Pero no es la única vez que se lo sospecha de actuar al margen del poder estatal que ejerce. Político, empresario, fervoroso autonomista, en su larga trayectoria pública el prefecto de Pando sirvió en las dictaduras de Luis García Meza, Celso Torrelio y Guido Vildoso (entre 1980 y 1982), y se ganó el apodo de “Cacique de Pando” por el enorme poder político que en los últimos 30 años logró construir en el departamento amazónico.

Político de profesión, de 56 años, Fernández fue responsable del Instituto de Colonización en Pando y luego ministro de Gobierno de los ex presidentes Hugo Banzer y Jorge Quiroga, entre 1997 y 2002. También tuvo un prolongado paso por el Parlamento. Hasta que fue electo prefecto, en diciembre de 2005, El Cacique era el senador más antiguo del Congreso, en el que mantuvo una banca durante 27 años, siempre como miembro de Acción Democrática Nacionalista (ADN).

Pero el romance con su partido no sería eterno. Quiroga lo convenció para cambiarse a su agrupación política, Poder Democrático Social (Podemos), un rejunte de partidos de derecha. A cambio le ofreció la candidatura a la prefectura.

Fernández ganó con lo justo. Sólo le sacó 428 votos de diferencia a su “hijo político” Miguel Becerra, un ex militante de ADN que fue candidato del centrista Unidad Nacional. Después de ganar los comicios, el ambicioso político se desligó de Podemos, agrupación que hace poco fue declarada muerta porque sus partidarios no juntaron a tiempo las firmas necesarios para obtener el aval legal.

Desde la Prefectura, Fernández fue un activo impulsor de la autonomía regional. Sus intenciones no eran nuevas. Las había manifestado desde que dio sus primeros pasos en la política, después de probar fortuna como futbolista en el club Bolívar de La Paz.

Las primeras denuncias de gravedad institucional en su contra datan de septiembre de 2006. La entonces ministra de Gobierno, Alicia Muñoz, denunció que Fernández entrenaba en Cobija, capital de Pando, a más de un centenar de paramilitares, bajo el pretexto de conformar una fuerza para la “seguridad ciudadana”. Aunque el prefecto negó la denuncia, el jefe de Seguridad Ciudadana de la Prefectura, Alberto Murakami, admitió el adiestramiento de vecinos y alegó que respondía al aumento de la delincuencia y al “déficit de policías”, según informó el sitio boliviano Alminuto.

En sintonía con las otras regiones de la Media Luna, el 1º de junio pasado logró concretar el ansiado referéndum autonómico. En la consulta se impuso el Sí (por la autonomía) con el 83 por ciento de los votos, aunque la gran ganadora fue la abstención, que alcanzó al 50 por ciento de los votantes. Apenas un mes después, el 10 de agosto, logró mantener su cargo en el referéndum revocatorio nacional con el 61 por ciento de los votos.

Pero no todo es política en la vida de Fernández. También es empresario de la castaña y de la ganadería y defiende los intereses de madereros y terratenientes locales, los mismos que sometieron a los indígenas a un régimen de explotación laboral de servidumbre desde fines del siglo XIX, según un comunicado difundido por el viceministerio de Tierras boliviano.

Muchos pandinos opinan que El Cacique es el hombre más rico del pueblo y que todos sus familiares han ocupado un puesto en la administración pública. Según declaró ante la Contraloría General de la República, sus bienes alcanzan los 8,5 millones de bolivianos (1,2 millón de dólares).

Informe: Martiniano Nemirovsci.