EL MUNDO › EL CONGRESO DE BOLIVIA GARANTIZó LA VOTACIóN NOMBRANDO A UN VOCAL
El gobierno de Evo Morales zanjó un paso legal en favor de su proyecto de reforma constitucional. El referéndum del 25 de enero quedó avalado tras el nombramiento de Antonio Costas como vocal de la Corte Nacional Electoral.
› Por Sebastián Ochoa
Desde Santa Cruz
Aunque está asegurada la realización del referéndum constitucional, su gestación no escapa a las complicaciones. El congreso boliviano debatió durante largas horas para designar autoridades del Poder Judicial y la Corte Nacional Electoral (CNE). Los legisladores de la oposición se sentaron con remeras blancas que tenían un No muy grande estampado. El 16 de diciembre, finalizó el mandato de Jerónimo Pinheiro, uno de los tres integrantes de la CNE. Ahora sólo quedan dos, cuando deberían ser cinco. Según la corte, todavía puede funcionar mientras avale sus acciones la “mayoría absoluta” del par restante. Ayer, tras ocho horas de discusión, se logró el nombramiento de un nuevo vocal, Antonio Costas, y con ello se garantiza la consulta. Según encuestas oficiales, el 64 por ciento del electorado daría el Sí a la nueva Constitución el próximo 25 de enero. Hay dos tipos de No. El “No” de los que ven demasiado radical al proyecto constitucional, encarnado en la ciudad de Santa Cruz. Por otro lado, está el No de quienes creen que el nuevo texto no es tan “revolucionario” como publicita el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS).
En este país, durante años estuvo en vigencia el “cuoteo” del Poder Judicial. Los cargos se repartían según el porcentaje de asientos que cada partido tuviera en el Congreso. Por ejemplo: si una bancada reunía el 35 por ciento de los legisladores, le tocaba nombrar al 35 por ciento de los jueces. Si otro partido tenía el 9 por ciento, controlaba el 9 por ciento de la Justicia. Por eso el presidente Evo Morales acusa al poder judicial de actuar contra su gobierno.
Desde 2007 hace falta designar ocho magistrados para el Tribunal Constitucional (cinco titulares y tres suplentes), un ministro para la Corte Suprema de Justicia, un fiscal general de la República y dos vocales para la CNE. Pero la incapacidad de los legisladores para alcanzar algún acuerdo lo imposibilitó en varias ocasiones. Hace días, la cámara de diputados aprobó un proyecto de ley para prolongar el mandato de los dos vocales de la CNE hasta 2010. El senado, controlado por la oposición, lo rechazó. La Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), que reúne a organizaciones sociales afines a Morales, sugirió que podrían cercar el congreso para forzar a los legisladores a trabajar. “Ellos están soñando con cuántos vocales de la Corte Electoral van a tener, están soñando con cuántos magistrados tendrán en la magistratura”, dijo sobre la oposición el presidente del Conalcam, Fidel Surco.
Sin embargo, el gobierno se anotó una primera victoria esta madrugada. El nombramiento de Costas garantiza el quórum necesario de la Sala Plena del órgano electoral que debe avalar el referéndum del próximo enero. Mientras, la campaña por el referéndum constitucional avanza por todos sus frentes. En estos días, el gobierno declaró a Bolivia “país libre de analfabetismo”, luego de que en dos años y medio el programa “Yo Sí Puedo” llegara a 819.417 personas que no sabían leer ni escribir, según cifras oficiales.
Además, sigue preso Leopoldo Fernández, ex prefecto de Pando, del opositor Consejo Nacional Democrático (Conalde) y principal acusado por la matanza de 18 campesinos en Porvenir, durante la rebelión cívico-prefectural de septiembre.
Otro opositor guardado es el ex presidente de Comité Cívico de Tarija, Reynaldo Bayard, que en esa gesta habría participado del atentado a un gasoducto en Yacuiba, en la frontera con Argentina. Por algunos días había afectado el envío de gas al país. El cívico involucró en el caso al prefecto de Tarija, Mario Cossío, que infructuosamente había solicitado al presidente la amnistía para los “luchadores autonomistas” del oriente boliviano.
Bayard mencionó también al presidente del Comité Pro Santa Cruz, Branko Marinkovic, un carismático empresario aceitero y terrateniente. Por eso la fiscalía amplió la acusación contra Marinkovic, que pasó varios días en la clandestinidad. Reapareció la semana pasada, en la aristocrática avenida Monseñor Rivero, repartiendo volantes por el No y besando señoras paquetas. Entendió que a esta altura de la campaña, al gobierno no le conviene detenerlo.
La semana pasada, la CNE aceptó un pedido del MAS para que se suspendiera el spot televisivo “Vota No”, pagado por La Paz en Acción. Muestra escenas de violencia y las frases: “En los últimos años muchas personas murieron o quedaron gravemente heridas a causa de los linchamientos”, “el nuevo proyecto de Constitución pretende legalizar este tipo de violencia”, “dile No a los linchamientos, dile No a la justicia comunitaria”.
Según la corte, el spot “denigra y desnaturaliza la cultura, usos, costumbres y la justicia comunitaria de la clase indígena, campesina y originaria, ya que tergiversa, confunde y falta a la verdad porque el proyecto de la Nueva Constitución en ninguno de sus artículos legaliza la figura de linchamiento”.
El sacerdote jesuita Xavier Albó, que desde hace décadas trabaja con organizaciones indígenas, indicó que “la justicia comunitaria es oral, rápida, el tribunal viene a ser la asamblea del pueblo. Será difícil aplicarla porque en algunos casos se interpola con la ley ordinaria. Pero vale la pena intentarlo. Todos tenemos que ser interculturales”.
El español no duda de la suerte de la nueva Constitución. “Es algo que reúne a moros y cristianos. Todos quieren que gane el Sí. Ahí la oposición tiene la autonomía que tanto pedía. Hacen campaña por el No, pero para que gane por la menor cantidad de votos posible. Es un No que encarna su rechazo a Evo. Pero si ganara el No, la oposición se haría un harakiri”, dijo a Página/12.
Aparte del No del oriente, hay un No de los sectores sociales disconformes con las modificaciones hechas por los legisladores a más de 100 artículos del texto de la Asamblea Constituyente. En el XV Congreso Ordinario de la Provincia Omasuyos de la Federación Sindical de Trabajadores Campesinos Tupak Katari, del departamento de La Paz, se decidió rechazar la nueva Constitución. La resolución, difundida por el diario La Razón, dice que “con el proyecto de la nueva Constitución modificado en el parlamento no estamos tocando a los grandes terratenientes, como a los separatistas croatas Branko Marinkovic. Carlos Dabdoub, la familia Monasterios, Guiteras y otros. El actual parlamento y los masistas nos han traicionando”.
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