Desde La Paz

Con el 50 por ciento de las mesas escrutadas, el Sí a la nueva Constitución llega al 57 por ciento, mientras el No alcanza el 43 por ciento. El gobierno de Evo Morales espera que al final del conteo la aprobación del texto obtenga el 60 por ciento del Sí, como prometieron los primeros sondeos de boca de urna. La oposición, que festeja el triunfo del No en los departamentos de la Media Luna (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija), exige a Morales un “pacto social” para implementar en los departamentos del oriente las 411 leyes refrendadas el domingo pasado. Ayer, el presidente avisó que “esta Constitución es para todos los bolivianos. Si quieren pacto va a ser para aplicar la nueva Constitución. Que lo sepan algunos prefectos y autoridades regionales”.

En el Palacio Quemado calculaban que el proyecto de Constitución conseguiría el 64 por ciento de aprobación del electorado, luego de que en octubre de 2008 un “Gran Acuerdo” entre los partidos opositores y el oficialismo permitiera mandar a referéndum el texto de la Asamblea Constituyente, previa modificación en el Congreso de la mitad de sus artículos. Pero el rechazo de cuatro departamentos con cifras superiores al 60 por ciento fue un electroshock para los alicaídos líderes de la Media Luna, acusados por el gobierno de ejecutar el “intento de golpe de Estado cívico-prefectural que en septiembre pasado dejó 20 muertos.

El domingo, en la plaza Murillo, el presidente anunció la llegada de “la nueva Bolivia”. Por su lado, las autoridades de los departamentos donde se impuso el No afirmaron que habían derrotado en las urnas al gobierno del MAS. Y pidieron un acuerdo con Morales para aplicar el estatuto autonómico tal como fue aprobado el 4 de mayo pasado (ilegalmente, según el presidente). “El pacto social que queremos todos los bolivianos no será posible si el gobierno central y el MAS se dejan llevar por un efímero triunfalismo. Negar la existencia de un No que se ha manifestado en todo el país, tratar de imponer a toda costa su proyecto de poder, encontrará nuestra firme e inclaudicable resistencia”, dijo el autoproclamado “gobernador” Rubén Costas en la cruceña plaza 24 de Septiembre.

El gobierno nacional también puso condiciones. “El diálogo tiene que darse en base a la implementación de la nueva Constitución aprobada por el pueblo, no por el Congreso, no por una asamblea. Y el gobierno tiene la responsabilidad de hacerla respetar. No podemos mover un centímetro de la Constitución aprobada por el voto popular”, dijo el ministro responsable de la Defensa Legal de las Recuperaciones Estatales, Héctor Arce.

“La aprobación de la Constitución se ha dado en circunscripción nacional, tiene efecto vinculante en los nueve departamentos y no corresponde ningún intento de separar legalmente la votación por regiones”, agregó el ministro.

Hasta ayer, el Sí tenía el 75 por ciento de votos en La Paz, departamento que reúne a 1,3 millón de los 3,8 millones de electores habilitados. La nueva Constitución también fue aprobada en Cochabamba (75% del Sí, 25% del No), Oruro (68% del Sí, 31% del No) y Potosí (60% del Sí, 39% del No), según datos de la Corte Nacional Electoral (CNE). El No tuvo el 70 por ciento en Santa Cruz –cuyos 868 mil votantes lo hacen segundo departamento en peso electoral–, Chuquisaca (70% del No), Beni (70% del No), Pando (59% del No) y Tarija (57% del No).

Una vez más, la votación recordó las diferencias entre el occidente y el oriente boliviano. “Hay un país con dos visiones, eso está muy claro. Los departamentos autónomos que dijeron No contundentemente a esta Constitución y aquellos departamentos que en su momento decidieron no ser autónomos. Esas son las dos visiones de Bolivia que hoy deben buscar un pacto nacional de cómo podemos convivir pacíficamente. De ninguna manera se podrá imponer sobre nuestros departamentos una Constitución que ha sido rechazada”, dijo al diario cruceño El Deber el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Branco Marinkovic.

En lo inmediato, hace falta cumplir con la disposición transitoria primera de la nueva Constitución, donde dice que el actual Congreso deberá aprobar una Ley Electoral Transitoria de aquí a dos meses. Esa normativa viabilizará la elección, el 6 de diciembre próximo, de integrantes para la Asamblea Legislativa Plurinacional, como será rebautizado el Congreso. También se elegirá presidente y vicepresidente. Para este rubro ya se anotó Morales. “Tenemos 60 días y si hay obstaculización de la ultraderecha del Senado, el Ejecutivo tiene la misión de llevar adelante las elecciones de diciembre. Y tiene la obligación legítima de hacer aquello a través de un decreto supremo”, dijo Félix Rojas, senador del MAS.

La Asamblea Plurinacional prevé la inclusión de representantes de los pueblos indígenas, con los que se identifica el 65 por ciento de la población. Por medio de sus organizaciones, ya empezaron a elaborar propuestas de leyes para que las discuta el Congreso. Serán algunas de las cien leyes necesarias para implementar la nueva Constitución.

“Los indígenas vamos a trabajar leyes coherentes, en ejercicio de nuestros derechos aprobados con la nueva Constitución. Ahora tenemos que trabajar propuestas de ley para la elección de nuestros representantes. Evaluamos que serán debatidas por los legisladores para que se defina cuántos asientos nos corresponden en la Asamblea Legislativa Plurinacional”, dijo a este diario el presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, el tacana Adolfo Chávez.