Desde Madrid

Una cacería sin licencia, la primera huelga de jueces de la historia de la democracia y el enrarecido clima político preelectoral que reina en España le costaron ayer el puesto al ministro de Justicia de la administración de José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Fernández Bermejo. La renuncia de quien fuera uno de los fiscales que más había molestado al gobierno del conservador José María Aznar se produjo en medio de las tensiones que sacuden a la Justicia española y de los escándalos de corrupción que golpean al opositor Partido Popular. Como telón de fondo se encuentran las elecciones regionales vascas y gallegas del próximo domingo.

La cartera de Justicia la ocupará Francisco Caamaño, un hombre de confianza de Zapatero y cercano al actual presidente y candidato a la reelección de la Xunta de Galicia, el socialista Emilio Pérez Touriño.

Fernández Bermejo era considerado una especie de bestia negra de la izquierda y su llegada al Ministerio de Justicia nunca fue del agrado de los conservadores en la oposición. Pero fueron sus propias torpezas las que lo condujeron a la renuncia de ayer. En primer lugar, los propios socialistas en el gobierno se quejaban cada vez en voz más alta de su falta de muñeca a la hora de arreglar los entuertos judiciales que preocupan al gobierno. El propio Rodríguez Zapatero tuvo que soportar una huelga de funcionarios judiciales en plena campaña electoral el año pasado y la semana pasada se produjo la primera huelga de jueces de la historia democrática reciente, un hecho inédito que Bermejo trató de solucionar pidiendo que el Parlamento dictase una ley prohibiendo a los magistrados el derecho de huelga.

Los jueces se quejan de la falta de medios y están molestos por la presión política y de la propia opinión pública que pesa sobre ellos luego de que estallaran algunos escándalos como el del asesinato de la niña Mari Luz Cortes a comienzos del pasado año a manos de un hombre al que la Justicia había condenado pero que no estaba en prisión por un error burocrático del juez que llevaba la causa.

Pero la gota que colmó el vaso fue la participación de Fernández Bermejo en una cacería junto al juez Baltasar Garzón en un coto de Andalucía justo antes de que el conocido magistrado iniciara una causa de enormes proporciones contra figuras destacadas del opositor Partido Popular involucradas en una trama de corrupción. La cacería, a la que el ministro acudió sin tener licencia legal para cazar en esa región, provocó la ira de la oposición y el propio Mariano Rajoy pidió su renuncia en el Congreso la pasada semana. Pero Rodríguez Zapatero prefirió defenderlo, aunque era vox pópuli que el nombre de Fernández Bermejo no figuraba entre los ministros que renovarán su cargo a fin de año, cuando el premier socialista tiene pensado llevar a cabo su primera remodelación de gobierno.

La caída de Fernández Bermejo se produce en un mal momento para los socialistas. El próximo domingo se realizan elecciones regionales en Galicia y el País Vasco, dos regiones en las que el PSOE tiene mucho en juego. En Galicia porque desde hace cuatro años gobierna en coalición con el Bloque Nacionalista Gallego (BNG), luego de un cuarto de siglo de control absoluto del Partido Popular. El PP ahora marcha primero en las encuestas, aunque sin posibilidades de obtener la mayoría absoluta, por lo cual es muy probable que la actual coalición siga al mando. En el País Vasco los socialistas se juegan mucho más, ya que están a escasos puntos, según los sondeos, de ganar por primera vez el gobierno regional al histórico Partido Nacionalista Vasco. Si no hubiera habido este importante trasfondo electoral, coincidían ayer fuentes socialistas, a la plana mayor del PSOE no le hubiera molestado tanto la torpeza del ministro Fernández Bermejo.

Por su parte, el Partido Popular estaba aprovechando el escándalo provocado por la conocida cacería ilegal del ministro junto al juez Baltasar Garzón para tratar de sacarse de encima la presión que soporta por la apertura de la megacausa judicial contra algunos miembros destacados de su plana mayor involucrados en una oscura trama de tráfico de influencias, contratos de favor y prebendas. Un escándalo que ha tocado a figuras de primer nivel como el presidente de la Comunidad Valencia, Francisco Camps, y Esperanza Aguirre, actual presidenta de la Comunidad de Madrid, los dos gobiernos regionales de mayor importancia que el PP conserva en su poder.

En vez de asumir las consecuencias por el mayor escándalo de corrupción que sacude a la derecha en muchos años, el PP optó por salir a la contraofensiva y descargó todas sus iras contra Baltasar Garzón, que la semana pasada tuvo que ser hospitalizado luego de sufrir una crisis de ansiedad que se confundió con un infarto y contra el titular de Justicia. De hecho, el PP paralizó los acuerdos a los que había llegado con el gobierno socialista para renovar los máximos cargos judiciales del país, un proceso difícil que mantiene paralizado al Poder Judicial desde hace años, ya que no se pueden renovar sus miembros sin un acuerdo de los dos partidos mayoritarios. Un acuerdo que primero estuvo impedido por la tensión que caracterizó al primer gobierno de Zapatero con el principal partido opositor y que Mariano Rajoy ofreció destrabar al inicio de la actual Legislatura.