Los uruguayos decidirán junto con las elecciones nacionales del 25 de octubre si anulan la Ley de Caducidad. La Corte Electoral señaló que se validó el número de 258.326 firmas requeridas para plebiscitar la norma que obstaculiza el enjuiciamiento de los casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar (1973-1985).

El pasado 24 de abril, la Coordinadora por la Anulación de la Ley de Caducidad –integrada por la central obrera PIT-CNT y organizaciones de derechos humanos– presentó a la Asamblea General (la reunión conjunta de ambas cámaras del Congreso) 341.043 firmas para impulsar una consulta para anular la ley. Según la Corte Electoral, el porcentaje de descarte rondó el 9 por ciento; no obstante quedaron sin cotejar más de 50 mil adhesiones (sobrantes) por haberse alcanzado el 10 por ciento del padrón electoral. La premura para terminar con la validación de firmas se debió principalmente a que los datos de cotejos utilizados provenían de los cuadernos electorales, los que deben ser utilizados para las elecciones internas del 28 de junio, es decir, en menos de dos semanas.

La campaña de recolección había comenzado en septiembre de 2007 y ayer vio sus frutos. Según las recientes encuestas, el 60 por ciento de los uruguayos está a favor de anular la amnistía. Para tal efecto, se necesita la mitad más uno de los votos válidos en el plebiscito, que será simultáneo a las elecciones presidenciales de octubre.

La Ley de Caducidad o “punto final” puso fin antes de su inicio formal a los juicios contra militares y policías involucrados en violaciones a los derechos humanos. Tras el retorno a la democracia, la amnistía fue promulgada en 1986 por un pacto entre los partidos Nacional y Colorado y tres años después ratificada en un plebiscito, con el voto a favor del 60 por ciento de los participantes.

Los impulsores de la anulación, la central PIT-CNT y algunas figuras de la cultura en primera línea, han dicho que en aquella consulta de 1989 los uruguayos votaron a favor de mantener la ley “por temor” y debido a que la democracia estaba “tutelada por los militares”, que a cuatro años de su recuperación “todavía tenían mucha incidencia” en la política del país.

Varios dirigentes de la hoy gobernante coalición de izquierda Frente Amplio firmaron a favor de volver a plebiscitar la norma y algunos sectores minoritarios del Partido Nacional, actualmente el principal de oposición, también respaldaron la posible derogación.

El presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, había dicho en Costa Rica en abril pasado, cuando se presentaron las firmas, que “el pueblo uruguayo no se merece tener una ley de impunidad como la que tenemos” y dijo esperar “fervientemente como ciudadano que el pueblo anule esta ley”. Vázquez se había mostrado contrario a la campaña de recolección de firmas. Al asumir el primer gobierno de izquierda de Uruguay en marzo de 2005 prometió cerrar las heridas abiertas por las violaciones de los derechos humanos en el marco de ley de impunidad. En San José dijo que no había firmado la iniciativa por su condición de presidente, y destacó que hizo cumplir la norma, aplicando el artículo que habilita al Poder Ejecutivo a decidir qué casos quedan excluidos de la amnistía.

Sin embargo, en febrero pasado tanto el Ejecutivo y como el Congreso declararon inconstitucional la amnistía para el caso del secuestro y asesinato de la militante comunista Nibia Sabalsagaray –el caso está en manos de la Corte Suprema–. Durante el mandato frenteamplista, fueron condenados ocho ex militares y policías a penas de 20 a 25 años de prisión por violaciones de los derechos humanos, en tanto se procesó a los ex dictadores Gregorio Alvarez (1981-1985) y Juan Bordaberry (1973-1976).