Hace un año, el ejército colombiano le arrebató a la guerrilla de las FARC su más preciado botín: la ex candidata presidencial franco-colombiana Ingrid Betancourt, quien había sido secuestrada por los rebeldes el 23 de febrero del 2002. Junto con Betancourt, además, fueron liberados en la llamada Operación Jaque tres estadounidenses y once militares y policías colombianos que la guerrilla pretendía canjear por 500 presos de los suyos. Tras el rescate, el gobierno de Alvaro Uribe se jactó de haberle propinado a la guerrilla uno de sus mayores golpes de la historia. Un año después, según el analista político de la Universidad de Bogotá Juan Carlos Eastman, el tiempo demostró que a largo plazo ese rescate no significó un cambio de curso en el conflicto armado colombiano.

“La Operación Jaque es una anécdota dentro del conflicto, en el sentido de que no cambió, de manera sustancial, la posición de los diferentes actores enfrentados, como lo han demostrado los hechos un año después”, señaló. Luego de la liberación, el gobierno de Bogotá se encargó de presentar la operación como una verdadera proeza de los militares. Sin embargo, días después comenzaron a aflorar ciertos detalles. Lo primero que trascendió fue que, para llevar a cabo la liberación, fueron plagiados los emblemas del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y los del canal multiestatal Telesur, lo que inicialmente fue negado por la Casa de Nariño y más tarde admitido esgrimiendo razones humanitarias. Algunas semanas después, la versión original del gobierno de Uribe se siguió diluyendo tras conocerse que se habían pagado sobornos a los dos guardias del grupo de rehenes, Gerardo Aguilar (alias César) y Alexander Farfán (alias Gafas). Por último, según el abogado de éstos, Rodolfo Ríos, los encargados de negociar los sobornos fueron los estadounidenses.