La policía israelí recomendó a la fiscalía general inculpar al canciller, el ultranacionalista Avigdor Lieberman, de corrupción, lavado de dinero y obstrucción a la Justicia. Según la policía, existen pruebas suficientes tras años de investigación. La última prueba clave contra el ministro de Exteriores proviene de una fuente “política” que halló evidencias de que Lieberman habría hecho un manejo fraudulento de unos 2.640.000 dólares y luego habría “lavado” el dinero a través de empresas fantasmas durante su desempeño en los ministerios de Transporte, Infraestructuras y Asuntos Estratégicos.

Pero Lieberman es objeto de una investigación de la policía desde hace nueve años. El líder del partido ultranacionalista Israel Beiteinu llevó a cabo numerosas declaraciones ante la unidad policial contra los fraudes. Según informó ayer el diario israelí Haaretz, Lieberman ganaba más de 650.000 dólares como empleado de una compañía de su hija entre 2004-2006, cuando no era ni miembro del Parlamento ni ministro. De acuerdo con la información que obtuvo el periódico, entre 2004 y 2007 la compañía dirigida por Michal Lieberman recibió unos 2.860.000 dólares del extranjero para “consultas de negocios”. La hija del canciller es sospechada de tener cuentas bancarias a su nombre en Chipre que habrían facilitado a su padre la realización de actividades fraudulentas.

Según los medios locales, Lieberman habría recibido “importantes sumas de dinero del extranjero” para financiar sus campañas electorales. Esos fondos habrían transitado gracias a empresas petroleras ficticias y por diferentes cuentas bancarias.

Lieberman fue nombrado jefe de la diplomacia de Israel tras el buen resultado obtenido por su partido en las elecciones legislativas de febrero, que convirtió a esa fuerza política en el tercer partido del país, con 15 diputados de un total de 120.

Desde que tomó posesión de su cargo en abril, el ministro ha sido interrogado cinco veces por la policía. El 14 de julio, la policía había indicado que la investigación sobre el asunto de blanqueo de dinero en el que estaba involucrado el canciller estaba llegando a su fin. El mismo día, la cadena pública de la televisión israelí indicó que la policía había presentado ya a la fiscalía “un conjunto de elementos comprometedores que hacían posible iniciar un proceso por lavado de dinero y obstrucción a la Justicia contra Lieberman, su hija Michal, y otras dos personas asociadas”.

El ultraderechista ministro se defiende. Según él, se trata de una campaña de persecución. “Cuanto más fuerte está mi partido, peores son los intentos de apartarme de la vida política.” La policía también lo acusa de obstaculizar la investigación al amenazar a los testigos que podrían declarar en su contra.

La recomendación de procesar a Lieberman será presentada en los próximos días al fiscal general, Menahem Mazuz, que decidirá si lo inculpa. Sin embargo, esa decisión le puede llevar semanas o meses. La máxima condena por esos cargos combinados podría ser de 31 años de prisión.

Originario de Moldavia, Lieberman es calificado de racista por los árabes israelíes porque su partido propone leyes orientadas a limitar sus libertades. El ministro está dispuesto a expulsarlos si no reconocen al Estado hebreo. Una de sus ideas principales es hacer un intercambio de territorios poblados por árabes israelíes por partes de Cisjordania. Desde su entrada en funciones, Lieberman provocó reacciones dentro de su país y en el extranjero al adoptar posiciones duras sobre palestinos y sirios.