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Las malas noticias se acumulan para Silvio Berlusconi. Ayer, un tribunal de Milán halló al primer ministro “corresponsable de corrupción” en el marco de la causa de la Editorial Mondadori, cuyo control, según la Justicia, fue cedido a una empresa de Il Cavaliere gracias a un soborno pagado al juez. El clima de tensión política en Italia es máximo. Si hasta ahora el premier podía eludir a la Justicia gracias a la llamada Ley Alfano que le garantizaba una inmunidad total, ello podría cambiar. Hoy, el Tribunal Constitucional italiano debatirá precisamente la validez de esa ley. De hallarse inconstitucional, las consecuencias podrían costarle el cargo. Ayer, el matutino italiano Il Giornale, afín al magnate mediático y financiero, no dudó en asegurar que “un complot para derrocar a Silvio está en marcha” e, incluso, reveló que en la conservadora coalición gobernante ya se habla sin tapujos de elecciones anticipadas. “Si Berlusconi cae, iremos a las urnas”, declaró al periódico Andrea Ronchi, ministro de Política Europea.

La Ley Alfano, según la oposición, es un traje hecho a medida para proteger a Berlusconi de las decenas de escándalos por evasión fiscal, corrupción financiera y orgías con prostitutas y cocaína que lo llevarían derecho a los tribunales en caso de no ser primer ministro. Según el gobierno, se trata apenas de un instrumento para facilitar la estabilidad de los gobernantes y la gobernabilidad de Italia.

Aprobada en junio de 2008 por la propia coalición gobernante de Il Cavaliere, la ley concede inmunidad absoluta tanto al primer ministro como al presidente de la República y a los dos presidentes del Parlamento mientras permanezcan en su cargos. Hoy, quince magistrados decidirán sobre la constitucionalidad de la misma. Si bien Angelino Alfano, ministro de Justicia, declaró ayer que en el gobierno esperan un fallo favorable por parte del tribunal, el ambiente no está libre de tensiones.

Si la Justicia quedase libre para investigarlo, Berlusconi, según la prensa italiana, probablemente sería llamado a juicio por el caso David Mills, por el que el abogado británico ya fue condenado hace unos meses tras comprobarse que fue corrompido por el propio Berlusconi para que declarara a su favor en dos procesos de megafusiones empresarias. En la misma causa, además, Cesare Previti, abogado de Fininvest, el grupo inversor de Berlusconi, fue condenado a su vez a un año y seis meses de cárcel.

El fallo de ayer se remonta al año 1991, cuando un tribunal entregó tras ser sobornado un juez, según determinó la Justicia, el control de Mondadori a la empresa de Berlusconi, en desmedro de CIR, del empresario mediático Carlo De Benedetti. Ese fallo le permitió a Berlusconi ampliar su ahora notable influencia en el ámbito de los medios impresos y en el sector editorial. En las 140 páginas de la sentencia, el juez Raimondo Mesiano condenó además a Fininvest a pagar 750 millones de euros a favor de CIR. “La corresponsabilidad de Berlusconi”, precisó el juez Mesiano, “implica como lógica consecuencia la responsabilidad de la propia Fininvest debido al principio de la responsabilidad civil de las sociedades de capitales por el hecho ilícito de su representante legal o administrador”.

Acosado por las declaraciones de prostitutas en los tribunales acerca de las orgías en los palacios gubernamentales, la relación en caída libre con la Iglesia Católica y apenas dos días después de la multitudinaria marcha en la que 300 mil personas se manifestaron en la Plaza del Pueblo en Roma por la libertad de prensa y en contra del gobierno, Berlusconi no está en su mejor momento. De hecho, según publicó el diario español El País, el premier le habría dicho a su entorno que estaría con ganas “de irse del país si ello no fuera lo que quieren sus enemigos”.