El juez Norberto Oyarbide ordenó ayer la detención del abogado Ciro Gerardo James por el espionaje ilegal contra Sergio Burstein, dirigente de la agrupación Familiares y Amigos de las Víctimas de la AMIA. Como adelantó en exclusiva Página/12, a principios de agosto, en un juzgado de Misiones se aceptó una insólita denuncia contra Burstein, a quien vincularon con un homicidio y el robo de camiones. Burstein hace veinte años que no pisa esa provincia, pero con ese argumento falso justificaron la intervención de su teléfono para espiar lo que el familiar hablaba sobre la causa AMIA. James recientemente pidió la baja en la Policía Federal Argentina, donde revistaba en la Superintendencia de Investigaciones, la gigantesca división que en su momento lideró Jorge “El Fino” Palacios. Es más, en el juzgado de Oyarbide afirman que “James estaría trabajando actualmente en Asuntos Jurídicos de la Policía Metropolitana”, justito la fuerza que armó Palacios y a la que tuvo que renunciar después de la durísima oposición que le hicieron, entre otros, los familiares de las víctimas del atentado. El ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, negó ante este diario la versión del juzgado y afirmó que “James no está designado en la Policía Metropolitana”. Pero de todas maneras, los datos coinciden con lo aportado por una voz anónima que se comunicó con el domicilio de Burstein: “Su teléfono está pinchado y el que está detrás de la pinchadura es El Fino Palacios”. La llamada anónima se tradujo de inmediato en una denuncia y la posterior investigación de Oyarbide no sólo corroboró que efectivamente Burstein tenía el teléfono intervenido –al igual que el empresario televisivo Carlos Avila (ver aparte)–, sino que la pesquisa llevó a la detención del abogado James.

Oyarbide se comunicó ayer con Asuntos Internos de la Policía Federal y les transmitió la orden de captura contra James. Horas más tarde la detención fue concretada y el abogado quedó alojado en la División Drogas Peligrosas de la Federal.

El punto central que llevó al juez a ordenar el apresamiento es que James figuraba como la persona que retiraba los casetes con las escuchas telefónicas, es decir que era la pieza clave del espionaje. Los casetes le eran entregados merced a un pedido del juzgado número 1 de Posadas, Misiones, que en su momento estuvo a cargo de Horacio Gallardo y ahora subroga José Luis Rey. Según afirman en las oficinas de Oyarbide, James retiró no menos de 400 casetes con escuchas telefónicas a Burstein, Avila y a otras personas.

La secretaria actuante del juzgado misionero, Mónica González, dio una versión oficial del expediente radicado en Posadas. Se trata del asesinato del contador José María Piccoli, ocurrido en 2005. Efectivamente, la doctora González admite que se ordenó la intervención del teléfono de Burstein el 10 de agosto de 2009 y se ratificó la orden el 2 de septiembre. Este diario verificó si James seguía en la Federal en ese momento: los datos que maneja el juzgado es que entró en la Federal en 2003, pidió la baja el 8 de agosto de 2009 y a partir de ese momento se tomó licencia hasta que la baja le fue otorgada, el 2 de septiembre.

El dato brindado por la SIDE respecto de quién retiraba los casetes se ratificó luego en Misiones. Desde allí se conoció la declaración de un policía que señaló que fue James, desde la Superintendencia de Investigaciones de la Federal, quien aportó un dato completamente falso que motivó la pinchadura. El abogado denunció que Burstein mantenía diálogos con un comerciante de apellido Leka que está prófugo en la mencionada causa por homicidio y piratería del asfalto. A partir de ese dato trucho, los jueces misioneros ordenaron la escucha.

Todo resultó tan apócrifo que cuando el juez Oyarbide se comunicó con el juez Rey se produjo el siguiente diálogo:

–Mire que Burstein es un integrante de Familiares de las Víctimas de la AMIA– advirtió Oyarbide.

–Ah, entonces debe haber un error –contestó el magistrado misionero, que de inmediato se comprometió a suspender las escuchas. Esto demuestra que no se estaba investigando seriamente ningún homicidio ni robo de camiones, sino que el único objetivo era el espionaje ilegal.

Según afirman en el juzgado de Oyarbide, James era oficial cuarto de inteligencia de la Superintendencia de Investigaciones de la Federal. Pidió su baja en agosto y la obtuvo a principios de septiembre. No sólo Investigaciones fue el reducto de Palacios antes de su retiro sino que a partir de su pase por la Unidad Antiterrorista creó una oficina poderosa en la Triple Frontera. James, por ejemplo, registra numerosos ingresos y egresos del país por Iguazú, es decir que seguramente era parte de la organización armada en su momento por Palacios.

De acuerdo con la investigación, James pasó también por una agencia de seguridad informática y de comunicaciones encabezada por un teniente coronel que ya apareció con antecedentes de espionaje ilegal. Pero lo esencial es que, según afirman en lo de Oyarbide, también estuvo trabajando con El Fino Palacios en la Policía Metropolitana. Este diario dialogó con el ministro Montenegro, que negó terminantemente ese dato, pero al menos eso es lo que afirmaba el propio James: que trabajaba con Palacios en la Metropolitana.

El interés por espiar a Burstein tendría para Palacios varias justificaciones. El integrante de Familiares usaba ese teléfono exclusivamente para comunicarse con otros miembros de la agrupación, con los abogados y con el fiscal Alberto Nisman. Burstein tenía otros seis teléfonos –entre celulares y fijos–, pero ése fue el único intervenido, lo que demuestra que quien protagonizó la movida de la pinchadura sabía con toda seguridad que ése era el número usado para los temas de AMIA.

Palacios tuvo que renunciar el 28 de agosto a la Metropolitana, pero para entonces estaba pendiente la posibilidad de que fuera procesado en la causa AMIA por encubrimiento. Eso se concretó el jueves pasado. El espionaje a Burstein podría tener como objetivo estar al tanto de lo que pasaría con el procesamiento.

Sin embargo, tal vez habría un objetivo mayor: detectar alguna conversación considerada cuestionable para los defensores de los imputados en la causa por encubrimiento y que la escucha pudiera ser luego usada para recusar al fiscal Nisman o al juez Ariel Lijo. Nisman se presentó ante Oyarbide ayer y pidió ser informado sobre las connotaciones del espionaje.

Todo el caso de la escucha a Burstein está produciendo hechos asombrosos. El primero de todos fue la forma en la que se iniciaron las cosas: un hombre llamó a casa del integrante de Familiares y en forma anónima le dijo a la hija de Burstein –que justo atendió el teléfono– que su padre estaba siendo espiado por El Fino Palacios. Burstein no creyó inicialmente lo revelado por la voz masculina. Pero en el viaje a Nueva York, cuando acompañó a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para su discurso ante la ONU, en la que ocupó un amplio espacio la cuestión del atentado, lo convencieron de hacer la denuncia. Con Oyarbide a cargo de la causa, la SIDE informó oficialmente de la intervención telefónica y luego el juzgado de Misiones también admitió que de allí salió la orden. Con el dato de que Ciro Gerardo James retiraba los casetes y que él realizó la falsa denuncia en Misiones, el círculo se fue cerrando. Oyarbide indagará hoy a James, pero, al menos por ahora, lo afirmado por la voz masculina anónima se está corroborando paso por paso. Y el Fino Palacios se ubica cada vez más en el centro de la escena.