Los líderes de la Cámara de Representantes y del Senado de Estados Unidos lograron ayer un acuerdo para que continúe el traslado de algunos detenidos en la base naval de Guantánamo (Cuba) a cárceles estadounidenses mientras aguardan juicio. El acuerdo está incluido en un proyecto de ley presupuestario de 42.800 millones de dólares para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para el año fiscal 2010, que debe ser sometido a votación en ambas cámaras del Congreso.

El borrador del texto, consensuado tras muchas discusiones, especifica que el proyecto de ley presupuestario “prohíbe el traslado de los detenidos a Estados Unidos, Alaska, Hawai, el Distrito de Columbia o a cualquier territorio estadounidense, salvo para ser procesados” ante la Justicia. Además, antes de cualquier traslado, el Congreso deberá recibir un plan detallado sobre el costo del traslado, los riesgos implicados y cómo mitigarlos, entre otros aspectos.

El acuerdo establece también que ninguno de los que sea trasladado a Estados Unidos puede quedar en libertad, una disposición que responde a la preocupación manifestada por algunos legisladores acerca de la posibilidad de que presuntos terroristas anden sueltos en este país.

La negociación representa una victoria para el gobierno del presidente Barack Obama, que tiene interés en trasladar a Estados Unidos a algunos de los 223 extranjeros que permanecen en el centro de detenciones en Guantánamo, para que afronten juicio en tribunales federales.

El primer preso de Guantánamo transferido a Estados Unidos para ser juzgado fue el tanzano Ahmed Khalfan Ghailani, presunto guardaespaldas de Osama Bin Laden, quien será juzgado en Nueva York a partir del 13 de septiembre de 2010. Se encuentra en el país desde junio pasado. A principios de año, el mandatario estadounidense firmó una orden ejecutiva que autorizaba el cierre de Guantánamo en un plazo de un año. Pero ahora, faltando tres meses para que se cumpla ese plazo, las autoridades reconocen que esa meta no es realista.