La tensión se apoderó ayer del palacio de gobierno en Roma desde temprano. Rodeado de sus más íntimos colaboradores, Silvio Berlusconi esperó en silencio la decisión del tribunal. Cientos de periodistas acechaban a las puertas del Palazzo Grazioli. La suerte ya estaba echada. A las seis de la tarde hora local, por nueve votos contra seis, el Tribunal Constitucional italiano liquidó la ley que le garantizaba a Berlusconi inmunidad penal frente a la Justicia. El argumento contra la ley Alfano fue claro: “Viola el principio constitucional que garantiza la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley”, precisaron los jueces en su fallo. Las compuertas que frenaban varias causas judiciales contra Il Cavaliere quedaron abiertas. Un partido de la oposición ya pidió su renuncia. “Que se vaya Berlusconi”, gritó Antonio Di Pietro, líder del partido Italia de los Valores (IDV) y ex juez anticorrupción en la causa Manos Limpias. “Debe renunciar ya mismo a sus funciones y asumir el único papel que en quince años no ha querido encarnar: el de inculpado”, aseguró el dirigente.

El Partido Democrático (PD), a su turno, fue más prudente. “No puede haber excepciones. Todos son iguales ante la ley, incluidos los poderosos”, señaló Darío Franceschini, secretario general del PD, principal partido de la oposición. “Berlusconi debe acatar la sentencia”, insistió el dirigente opositor.

Pero, lejos de intimidarse, Berlusconi se burló de la sentencia. “Esas cosas me importan un pepino”, afirmó el hombre más poderoso de Italia. “Con o sin la ley seguiremos adelante”, lanzó. Y descalificó al tribunal. “Esta Corte no es un órgano de garantías sino un órgano político”, aseguró Silvio. Es que, según Il Cavaliere, tanto su prontuario judicial como el acoso periodístico que sufre a causa de sus orgías regadas de cocaína con jóvenes prostitutas no serían, en realidad, más que una persecución organizada por la izquierda que domina varios puestos claves en su país. “Jamás pensé que la Corte Constitucional con once jueces de izquierda aprobara el texto. Era imposible”, afirmó el magnate financiero. “Tenemos una mayoría de magistrados rojos muy bien organizados, que usan la Justicia como forma de lucha política”, se despachó.

Acto seguido, y a pesar de ser el propietario de los mayores grupos mediáticos de su país, cargó contra el periodismo. “El 72 por ciento de la prensa es de izquierda, todos los programas de debate e investigación de la televisión pública, pagada con el dinero de todos, son de izquierda. ¿Y el jefe de Estado saben de qué lado está?”, se preguntó Berlusconi en alusión al pasado comunista de Giorgio Napolitano, presidente de la República. “Todos los procesos judiciales en mi contra son farsas montadas para atacarme políticamente. Pero no importa, cuento con el apoyo del 70 por ciento de los italianos”, remató.

Lejos de cualquier tono polémico, los quince jueces del Tribunal estimaron que la inmunidad de los cuatro cargos más importantes del Estado, es decir, el primer ministro, el presidente y los dos presidentes del Parlamento, debe ser garantizada a través de una ley constitucional y no de una ley ordinaria, como la aprobada el año pasado seis semanas después de la asunción de Berlusconi.

Carta Magna en mano, la Corte consideró que la ley Alfano, llamada de ese modo debido a Angelino Alfano, el ministro de Justicia que la impulsó, atenta contra dos artículos de la Constitución: el 138, donde se especifica cómo debe aprobarse este tipo de inmunidades, y el artículo tres, en el que se establece la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Barrida la inmunidad, existen cuatro causas que podrían reactivarse en contra de Berlusconi: el caso Mills, el caso Mediaset, el fraude de Mediatrade y “la causa de los senadores”.

Por el primero de ellos, el abogado inglés David Mills, especialista en crear sociedades anónimas en paraísos fiscales, fue condenado a dos años y medio de cárcel por haber aceptado, según dictaminó la Justicia, 410.000 euros de Fininvest, el grupo inversor de Berlusconi, para que testificara a su favor en un caso de fusión empresaria. En cuanto a los affaires Mediaset y Mediatrade, en ambos casos se trata de evasiones fiscales millonarias por la compra y venta de medios y derechos de transmisión con testaferros de por medio. Finalmente, en el caso de los senadores, la Justicia investiga a Berlusconi por haber “instigado a la corrupción” a dos senadores elegidos en representación de los italianos que viven en el extranjero para que se cambiasen de bando e hicieran caer al gobierno socialista del ex premier Romano Prodi.

Ayer, además de las reacciones oficiales del Partido Democrático y de Italia de los Valores, el grupo extraparlamentario Izquierda y Libertad (SL), formado por comunistas y verdes, organizó una manifestación ante la Presidencia del Gobierno en la que agitaron pancartas con la consigna “Ahora que te juzguen”.

No será fácil. En las filas gubernamentales, la consigna de cerrar filas se acató de inmediato. “No nos doblegarán, seguiremos gobernando”, declaró Umberto Bossi, líder de la xenófoba Liga Norte, un aliado clave del gobierno. Más aún, el propio Berlusconi aseguró que este tipo de hechos le dan energía y se festejó a sí mismo. “¡Viva Italia! ¡Viva Silvio!”, exclamó Il Cavaliere.