Por acción e inacción, el gobierno norteamericano ayudó para que los crímenes de los paramilitares en Colombia quedaran impunes. La acusación no la hizo una organización de derechos humanos ni un dirigente de izquierda de Bogotá, sino un equipo de abogados de la Universidad de Berkeley, una de las instituciones más prestigiosas de Estados Unidos. Esta semana el International Human Rights Law Clinic de Berkeley publicó Verdad tras las rejas, un informe que describe cómo el Departamento de Justicia estadounidense manejó los procesos penales por narcotráfico contra los 25 miembros extraditados de la cúpula paramilitar colombiana. “Como representantes de las familias de las víctimas de los crímenes de los paramilitares, enviamos cartas al Departamento de Justicia pidiendo que reconocieran la existencia de víctimas en Colombia. La respuesta por escrito siempre fue que, para ellos, no existen víctimas colombianas del narcotráfico, el delito por el que se los juzga aquí”, explicó a este diario Roxanna Altholz, una de las abogadas del equipo.

El 13 de mayo de 2008, los colombianos y el mundo se enteraron de que los principales responsables de más de treinta mil asesinatos, innumerables sesiones de torturas, amenazas de muerte y desplazamientos forzados habían sido extraditados a Estados Unidos, sin avisarle a nadie, ni a las víctimas ni a los jueces que los estaban juzgando. Ese día, para aplacar el aluvión de críticas, el embajador estadounidense en Bogotá, William Brownfield, prometió que las víctimas, sus abogados y los jueces colombianos tendrían el acceso, la información y la colaboración necesarios para avanzar con los juicios por violaciones a los derechos humanos en el país andino. Un año y ocho meses después, eso no sucedió.

Desde el principio hasta la fecha, el Departamento de Estado restringió toda la información referente a los juicios. No se conocen las pruebas en su contra, ni lo que los acusados declararon ni los argumentos para cada condena. “Las extradiciones redujeron sustancialmente la cooperación de los acusados en los procesos de derechos humanos y corrupción, obstaculizaron el acceso a las víctimas colombianas y debilitaron los esfuerzos norteamericanos contra el narcotráfico, al forzar a la Corte Suprema colombiana a bloquear las futuras extradiciones de paramilitares por cargos de tráfico de drogas”, concluyó el informe.

Ayer, el máximo tribunal en Bogotá volvió a rechazar la extradición de un líder paramilitar (ver recuadro). El año pasado, tras varias visitas a Washington e intentos frustrados para negociar una colaboración real, los jueces de la Corte habían decidido contraatacar. “La experiencia reciente demuestra que las extradiciones permitieron que en los procesos de justicia y paz se paralice el conocimiento de la verdad, dado que los extraditados no han podido seguir confesando sus crímenes y, así, las víctimas están quedando sin saber la verdad, y la sociedad, sin garantías de que no se repitan”, había dictaminado el tribunal.

El gobierno estadounidense había permitido en este tiempo unas pocas videoconferencias entre la Corte Suprema colombiana y algunos de los paramilitares. Los acusados debían declarar sobre los vínculos que cosecharon con gran parte de la dirigencia política de su país, especialmente aliados del presidente Alvaro Uribe. Cuando el mandatario dio la orden de extraditarlos, más de 60 legisladores, varios de sus ministros y hasta su primo estaban siendo investigados.

Cuando los líderes paramilitares llegaron a tierra estadounidense, todos prometieron seguir confesando y comenzar a entregar los bienes que habían ganado a fuerza de sangre y terror. Pero con el pasar de los meses y la aparición de las primeras sentencias (desde cuatro hasta treinta y un años de prisión), los paramilitares perdieron el incentivo para colaborar con la Justicia colombiana. Hasta el momento hay ocho condenas, y la mayoría ya se declaró culpable y espera para los próximos meses su sentencia.

“El Departamento de Justicia tiene muchas herramientas para hacer que los paramilitares cooperen con las víctimas, pero no las está utilizando”, cuestionó Altholz. Propuso dos: reducir las penas y ofrecer visas a los familiares de los paramilitares, algunos de los cuales sufrieron atentados en Colombia.

La tercera opción es un poco más osada. “Si el gobierno quisiera los podría procesar por torturas, como lo hizo con Chukie Taylor, el hijo del dictador de Liberia”, sugirió la abogada. El mes pasado, la jueza federal Cecilia Altonaga condenó al joven de 31 años a 97 años de prisión por torturas y ejecuciones sumarias. Desde 1994 Estados Unidos tiene una ley federal que establece que toda persona que torturó, dentro o fuera del país, puede ser juzgada si es detenida en territorio norteamericano.

Los paramilitares colombianos cumplen con esos requisitos y con el impuesto por la jueza Altonaga: “Actuamos porque es difícil imaginarse ofensas tan serias contra la dignidad y la vida de los seres humanos”.