El contrato del servicio de recolección de residuos en la ciudad de Buenos Aires finaliza mañana, después de un año de prórroga, sin que el gobierno porteño haya podido iniciar el proceso de licitación para continuar con la prestación. Por esa razón, el ministro de Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli, resolvió extender el actual servicio por otros 90 días para hacer en ese plazo el llamado a licitación. El ministro no descartó la intervención de la Legislatura en la discusión de los pliegos e incluso en la sanción de una ley que extienda una vez más el actual contrato. Allí, el diputado Eduardo Epszteyn presentó ayer un proyecto de ley marco para la regulación del servicio de higiene urbana, que incorpora la recolección diferenciada de materiales reciclables, con una participación mínima del 20 por ciento para las cooperativas de cartoneros. Lo que está en discusión es el mayor contrato de servicios de la ciudad, que ronda los 1000 millones de pesos anuales.

“Mi idea es hacer el llamado a licitación en estos tres meses”, dijo Santilli a Página/12. “Si bien el contrato vigente nos habilita a prorrogar por 180 días el contrato, decidimos extenderlo sólo por tres meses porque confiamos en que en ese tiempo vamos a tener la nueva licitación”, agregó.

En rigor, el contrato, iniciado el 18 de febrero de 2005, era por cuatro años prorrogables por uno más. Ese plazo vence mañana. Los 180 días mencionados están previstos para cubrir el servicio mientras dura el proceso de licitación, que en este caso ni siquiera comenzó. Durante ese período, las empresas están obligadas a prestar el servicio de la misma forma que durante el contrato, recibiendo la misma paga. El problema surge el día 181: si bien no pueden abandonar la prestación, porque se trata de un servicio público, podrían reclamar un monto mayor. Como en seis meses no es posible resolver ninguna licitación, se estima que al gobierno porteño no le quedará más remedio que recurrir a la Legislatura para obtener por ley una nueva prórroga.

Santilli adelantó que la nueva licitación será por cinco años (como la actual, por lo cual los pliegos no deberían ser aprobados por los legisladores); el contrato incluirá tres zonas (y no cinco, como ahora) más un área testigo atendida por el Estado, y el servicio se pagará por área limpia (como en la actualidad) y no por tonelada recolectada, como pretendía la gestión macrista en el primer proyecto de licitación.

Desde la oposición, Epszteyn cuestionó “la inacción de la gestión (que) en estos dos años ha producido el vencimiento de todos los plazos vigentes” y advirtió que “la ciudad no puede quedar prisionera de las limitaciones de un servicio que se va deteriorando a expensas de los vecinos”.

El diputado Martín Hourest, del bloque Igualdad Social (Proyecto Sur), cuestionó la gestión en materia de higiene urbana porque “en dos años aumentó el pago a las empresas de 570 millones en 2007 a 1014 en 2019, mediante dudosos reconocimientos de mayores costos”. “Es necesario investigar estas reactualizaciones otorgadas a empresas que tienen rentas extraordinarias”, dijo Hourest a Página/12. El legislador reclamó al gobierno porteño “el envío de los pliegos a la Legislatura, junto con un programa de higiene urbana”.

Santilli admitió que podía habilitar el debate de los pliegos en el cuerpo legislativo, a condición de que los diputados le den “otras facultades”. Se refería a la autorización para licitar el servicio por diez años, y a la aprobación por ley de una nueva prórroga, para no dejar a la ciudad en situación vulnerable frente a las empresas, ante el vencimiento del contrato. Para los diputados opositores, esto debería hacerlo el Ejecutivo mediante un decreto de necesidad y urgencia, un recurso que el macrismo se resiste a usar, para diferenciarse del kirchnerismo.

¿Cómo se llegó a esta situación límite? Hace dos años, el entonces ministro Juan Pablo Piccardo envió a la Legislatura un proyecto de licitación que fue muy cuestionado en una audiencia pública y rechazado por la oposición, entre otros puntos porque no cumplía con las metas de la Ley de Basura Cero. El tema quedó en el freezer y a fines de 2009 Piccardo renunció, sin haber resuelto el problema.

Santilli dijo que para la elaboración del pliego “tomamos las sugerencias que se hicieron en la audiencia pública”. Sobre el proyecto presentado por Epszteyn, opinó: “Me parece bueno”. Se trata de una iniciativa de ley marco que, entre otros puntos, crea un sistema de recolección diferenciada de materiales reciclables, del que participarán empresas privadas y cooperativas de cartoneros.