El gobierno italiano aprobó ayer un proyecto de ley con el que pretende intensificar la lucha contra la corrupción. Tras una serie de casos en que están implicados varios exponentes de la dirigencia del primer mandatario Silvio Berlusconi, el proyecto dado a conocer prevé, entre otros puntos, que no sean elegibles por cinco años, como diputados o senadores, quienes hayan sido condenados con sentencia definitiva por delitos de malversación en perjuicio del Estado, concusión, corrupción en actos judiciales y corrupción para ejecutar un acto de oficio, entre otros. “Ha contado con la firme voluntad de Berlusconi de proceder a una normativa amplia, que afecte no sólo a los aspectos sancionadores, sino que esté en disposición de garantizar una mayor eficacia y un buen gobierno”, aseguró el ministro de Justicia italiano, Angelino Alfano, durante una conferencia de prensa celebrada para el flamante anuncio. “Nuestros partidos no necesitan dinero robado para sobrevivir. Quien roba lo hace para sí mismo y debe pagar por esto”, añadió el ministro, en referencia a las dos formaciones políticas que conforman el Ejecutivo, el Pueblo de la Libertad (PDL), de Berlusconi, y la Liga Norte (LN), de Umberto Bossi. La propuesta de norma, que ahora deberá ser ratificada por el Parlamento italiano, se basa en tres aspectos fundamentales: una nueva disciplina contra la corrupción en las instituciones locales, un mayor control de las concesiones de las obras públicas, un plan anticorrupción y nuevas normas sancionadoras. De acuerdo con lo informado por el gobierno, con esta medida se pretende además instituir un observatorio sobre la corrupción y otros delitos en la administración pública. El pasado 17 de febrero el Tribunal de Cuentas italiano denunció que la corrupción aumentó en un 229 por ciento en 2009, constituyendo una “patología grave”.