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Los dos jueces de Misiones implicados en la trama del espionaje que hasta ahora protagonizaron el ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge “Fino” Palacios y su ladero Ciro James podrían ser destituidos a fines de abril. Ese es el plazo que establecen las normas de la provincia donde, el viernes último, el jurado de enjuiciamiento resolvió iniciarles el juicio político. Los magistrados cuestionados, Horacio Gallardo y José Luis Rey, fueron citados a indagatoria el año pasado por el juez federal Norberto Oyarbide, pero nunca se presentaron aprovechando la protección de sus fueros, que impide que los vayan a buscar con la fuerza pública. Según Oyarbide, su participación fue clave para que se realizaran las escuchas ilegítimas que afectaron al dirigente de familiares de AMIA Sergio Burstein, al empresario Carlos Avila y al cuñado de Mauricio Macri, entre otros. Los jueces contribuyeron al armado de causas truchas y firmaban las órdenes para que la SIDE grabara las conversaciones.

Los jueces Gallardo y Rey habían tenido hasta ahora señales de protección en su tierra ante la investigación de los tribunales porteños. Oyarbide fue el primero en pedir el desafuero de ambos dadas las sospechas de su participación en la red de escuchas ilegítimas, pero el jury lo rechazó en diciembre, acusándolo de avasallar la autonomía provincial. Pero dos factores modificaron el escenario: una investigación preliminar encomendada por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) local y una denuncia de un ciudadano, Julián Díaz, que usó los mismos argumentos que Oyarbide pero se lo consideró legitimado por ser misionero.

La decisión de iniciar el juicio político a Gallardo y Rey fue votada por cinco de los siete miembros del jury: los jueces supremos locales Ruberto Uset y Cristina Leiva, los diputados José Garzón Maceda y Oscar Reczuk y el abogado Carlos Bobadilla. Votaron en contra el abogado Gustavo Staude y el juez del superior tribunal Humberto Schiavoni, padre del Schiavoni homónimo que conduce la macrista Corporación Sur y fue ministro de Economía de Ramón Puerta. El detalle de los hechos será analizado durante el juicio político, que realizará el mismo jury que lo promovió. El procurador general de la provincia, Miguen Angel Piñeiro, tiene tiempo hasta mañana para formular la acusación. Las audiencias se iniciarían en unos veinte días. Y para el 26 de abril deberá haber sentencia.

Según el informe del STJ de Misiones, los jueces acusados actuaron cuanto menos con “negligencia” al autorizar y prolongar escuchas sobre falsas denuncias. Por ejemplo, para justificar la pinchadura a Burstein, se lo relacionó con el asesinato de un contador. Lo mismo pasó con Avila. Y, de igual modo, una decena de escuchados aparecieron en expedientes sobre robos y homicidios a cargo de Rey y Gallardo. La pesquisa de Oyarbide determinó que el punto de partida estaba en Buenos Aires: el ex policía Ciro James le pedía a un grupo de colegas misioneros que gestionara las intervenciones telefónicas ante los juzgados. James también hablaba con las secretarias de los jueces y tenía autorización para retirar las grabaciones, que realizaba la SIDE ante el pedido de los juzgados.

James y el Fino Palacios llevan varios meses presos. El primero tenía un papel central, de brazo ejecutor. A Palacios se lo implicó en las escuchas a Burstein –por la que se le adjudicó un interés personal, ya que fue uno de los impulsores de su desplazamiento de la Metropolitana–, a Avila y al gerente de supermercados Coto Rodrigo Blas Velazco.

Si Gallardo y Rey son destituidos Oyarbide los podrá indagar y los incluiría en lo que considera una asociación ilícita dedicada a espiar. Cuando confirmó la detención de James y Palacios, la Cámara Federal le indicó orientar la causa hacia un posible aparato paraestatal de espionaje. Todo indica que el fallo tuvo en cuenta el papel de Palacios y la extraña designación de James en el Ministerio de Educación porteño. En el juzgado aguardan una nueva decisión del tribunal –que no demoraría– sobre los procesamientos por asociación ilícita. Si los avala, Oyarbide cumpliría lo que ya anunció: citaría a Mauricio Macri y a su ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro.