El pueblo salvadoreño conmemoró ayer los 30 años del asesinato del arzobispo Oscar Arnulfo Romero. En una histórica jornada para el pequeño país centroamericano, el presidente de la república, Mauricio Funes, pidió perdón en nombre de su Estado por la violenta muerte del clérigo, un ferviente defensor de la paz y crítico de los excesos perpetrados por los paramilitares, que derivaron en la sangrienta guerra civil de la década del ’80. En lo que fue una emotiva ceremonia, el mandatario también reconoció la participación del Estado en el homicidio, al tiempo que pidió por las demás víctimas ejecutadas durante el enfrentamiento armado.

“Pido perdón en nombre del Estado de El Salvador por ese magnicidio perpetrado hace 30 años. Pido perdón, en primer lugar, a la familia de monseñor Romero, a quienes hago llegar mis más sinceras condolencias y mi respaldo incondicional en su lucha por el esclarecimiento de la verdad”, dijo un emocionado Funes ante una multitud apostada en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Comalapa. “Los grupos ilegales responsables del asesinato lamentablemente actuaron bajo la cobertura, colaboración, aquiescencia y coparticipación de agentes estatales”, lamentó el líder de izquierda.

“Hoy, 24 de marzo de 2010, es un día de esperanza para nuestro pueblo y una jornada histórica para la recuperación de nuestra memoria colectiva. Para contribuir a que así sea, comencé por expresar públicamente algo que debió decirse hace mucho. Esto lo hago por el pueblo que está cansado y que anhela la reconciliación de los espíritus”, dijo, sentido, el presidente.

Las palabras del mandatario calaron hondo en una sociedad que aún aguarda por justicia para los más de 75.000 muertos que dejó la sanguinaria guerra civil. Romero, un sacerdote de la comunidad jesuita, fue asesinado de un disparo en el corazón mientras oficiaba una misa en la capilla de La Divina Providencia, el 24 de marzo de 1980. Defensor a ultranza de los derechos humanos, el clérigo pidió reiteradas veces por el fin de la represión en su país. Su ferviente defensa le costó la vida.

En un día como hoy, hace 30 años, miles de personas llegaron desde lo más recóndito del país para despedir al clérigo en el día de su entierro. Fue la concentración más grande, nunca antes vista en El Salvador: más de 50.000 personas inundaron las calles cercanas a la Catedral capitalina.

“Acepto con humildad y gratitud el pedido de perdón que hace el presidente”, agradeció ayer en nombre de la familia el hermano del clérigo, Gaspar Romero. Durante la ceremonia, el presidente de la república develó un nuevo mural que, a partir de ahora, recibirá a cada uno de los visitantes que llegue al país. La obra, realizada por el reconocido pintor Rafael Varela, muestra momentos de la vida del arzobispo asesinado es un acrílico sobre lienzo que mide 2 metros por 6, colocado entre las puertas 8 y 9 del aeropuerto.

Este aniversario ha sido el primero desde que el dirigente Funes y la ex guerrilla Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMNL) asumieron el Ejecutivo el año pasado. Desde 1992, todas las conmemoraciones habían ocurrido bajo la gestión de presidentes del derechista Arena, partido fundado por el militar sospechado de coordinar el asesinato del arzobispo: Roberto D’Aubuisson.

En el día de ayer, conciertos, documentales en la televisión pública e incluso una edición de sellos postales fueron emitidos por el gobierno, poniendo la imagen del religioso en primer lugar. Sin embargo, lo que aún se reclama a la dirigencia salvadoreña es el esclarecimiento de un crimen que todavía sigue impune.

De acuerdo con los informes presentados por la Comisión de la Verdad, encargada de investigar los crímenes durante la guerra civil, la participación del ya fallecido mayor Roberto D’Aubuisson es evidente. El informe asegura que el ex jefe de los escuadrones de la muerte fue el autor intelectual del hecho. Los militares Alvaro Saravia y Eduardo Avila también habrían estado involucrados en la conducción del asesinato, al tiempo que el hijo del ex presidente Arturo Armando Molina (1972-1977), Mario, es sospechado como otro de los integrantes del escuadrón que ejecutó al clérigo.

Una ley de amnistía firmada en 1993, tras la guerra civil, sigue vigente, impidiendo la persecución de los asesinos del sacerdote, así como también a los miles de víctimas generadas durante los tumultuosos años ’80. Ayer, el mandatario Funes habló sobre la responsabilidad del Estado. Sin embargo, optó por armar su discurso en torno a la reconciliación, sin abrir viejas heridas, dejando de lado la posibilidad de la derogación de la amnistía.

Desde el año 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo de justicia supranacional cuyas resoluciones son de debido cumplimiento en el país, ha recomendado a El Salvador que inicie una investigación que permita identificar, juzgar y sancionar a los autores del crimen, asegurando la pronta reparación a las víctimas y la adecuación de su legislación a la Convención americana. En noviembre del año pasado el gobierno de Funes anunció la reapertura del caso en respuesta a ese pedido de la CIDH. La semana pasada, la comisión emplazó al gobierno para que elabore un cronograma para la investigación en los próximos 45 días.