Desde Cochabamba

En los inicios de su primer gobierno, Evo Morales propuso la creación de una ley anticorrupción para que el Estado dejara de perder entre 200 y 300 millones de dólares por año –según calculó– dirigidos a pagar coimas. Faltó un mes para que el proyecto Marcelo Quiroga Santa Cruz cumpliera cuatro años de sueño en el Congreso. Ayer, el presidente finalmente logró promulgarla, luego de que la “aplanadora” de asambleístas del Movimiento al Socialismo (MAS) se valiera de su mayoría para aprobarla, pese a las quejas de la oposición. Varios ex presidentes, quienes vaticinan procesos en su contra, sostuvieron que la ley es anticonstitucional y vulnera tratados internacionales, porque es retroactiva y considera imprescriptibles los delitos surgidos del mal uso de fondos públicos.

“Si nosotros aplicamos esta ley, seguramente nadie va a querer ser político, porque ya no se roba, por tanto ya no se gana. Ese es el futuro de los políticos en Bolivia”, dijo el presidente en el Palacio Quemado, cuando anunció la promulgación de la normativa.

Con la ley anticorrupción también se espera recuperar alrededor de 10.000 millones de dólares robados al Estado en los últimos 40 años. “Algunos organismos internacionales estaban un poco cuestionando el tema de la retroactividad de la ley. No pues. Para gente que roba, ¿cómo no, pues? No puede ser sin retroactividad. La retroactividad está constitucionalizada”, aseguró Morales.

“Es la única forma de recuperar, además, los bienes estatales. Por eso vamos a esperar a la comunidad internacional” para debatir sobre la legalidad o no de la normativa 004 aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

En 1999, Bolivia fue considerado el segundo país más corrupto del mundo por Transparencia Internacional. Desde su asunción en 2005, Morales se propuso erradicar los manejos irregulares del dinero del Estado. No obstante, debe enfrentar permanentemente delitos de este tipo dentro del gobierno. El caso más resonante es el de Santos Ramírez, ex hombre de confianza del presidente que en esa calidad había asumido la dirección de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Desde el año pasado está detenido en la cárcel de San Pedro, acusado de haberse apropiado al menos de 450 mil dólares de la empresa estatal.

Hace dos semanas, los ex presidentes Jorge “Tuto” Quiroga (2001-2002), Carlos Mesa (2003-2005), Eduardo Rodríguez Veltzé (2005) y el ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas (1993-97) se reunieron para rechazar la aprobación de esta ley, con el argumento de que contradecía al derecho internacional y a la Constitución boliviana. Además, “tiene como objetivo acabar con todo vestigio de la oposición”, aseguraron.

Los legisladores opuestos al MAS sólo son un tercio de la Asamblea. Contra los dos tercios oficialistas nada pudieron hacer. En el Senado, los once opositores se retiraron luego de que los 25 oficialistas la aprobaran y antes de que festejaran cantando el himno nacional.

“Se limitaron a utilizar su aplanadora”, reconoció Germán Antelo, jefe de bancada de Plan Progreso Bolivia-Convergencia Nacional (PPB-CN), principal opositor al MAS. Al asumir en enero, el ex presidente del Comité Pro Santa Cruz había considerado que podría votar a favor de este proyecto. Ayer dijo que se opuso a su aprobación porque los masistas no tomaron en cuenta ninguna de sus propuestas. El líder de PPB-CN, el ex capitán Manfred Reyes Villa, escapó a Miami luego de las elecciones del 6 de diciembre pasado, a las que se había postulado como presidente. Lo acusan por malversación de al menos 14 millones de dólares durante su gestión como prefecto de Cochabamba.

La ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, destacó que “la aprobación de esta ley va a permitir que el país cumpla con un 95 por ciento de las recomendaciones de la CICC”, la Convención Interamericana Contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Esta ley crea la Comisión Nacional de Lucha Contra la Corrupción, integrada por los ministerios de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, de Gobierno, el Ministerio Público, la Contraloría, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), la Procuraduría General del Estado y organizaciones sociales. Este órgano elaborará políticas anticorrupción, pero no tiene atribuciones de juzgar ni perseguir penalmente.

La ley Marcelo Quiroga Santa Cruz debe su nombre al periodista, escritor y creador del Partido Socialista Uno (PS 1), asesinado por un grupo paramilitar dirigido por el coronel Luis Arce Gómez en 1980. La familia de Quiroga Santa Cruz se opuso a que la nueva normativa se llamara así, porque considera que el gobierno aún no hizo lo necesario para hallar su cuerpo.